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Casi seis meses de trabajo sobre la discusión que definirá el futuro de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro en la Corte Constitucional se fueron a la basura. Este fin de semana, El Espectador reveló cómo fue que un error pequeño y procedimental, pero clave, hizo retroceder gran parte del expediente que ya entraba en la última fase para decidir sobre la iniciativa gubernamental. Incluso, el presidente de la Corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien lidera el proceso, había radicado la ponencia que iba enfocada a tumbar la Ley 2381 de 2024. Ahora, su trabajo, el de sus compañeros de Sala e incluso el de la Procuraduría no cuenta, porque se les pasó, desde septiembre, resolver un impedimento que congelaba el caso.
Para entender la magnitud de la “embarrada” que cometió la Corte y que retrasará considerablemente la toma de una decisión sobre la reforma, es necesario entender momentos claves y detalles que hasta ahora eran desconocidos para el público. El expediente sobre la pensional avanzaba a toda marcha hasta el pasado miércoles, cuando la Sala Plena decidió que la magistrada Diana Fajardo no participará más de la discusión. También, que tendrían que dejar sin validez actuaciones relevantes en el caso, como el concepto de la Procuraduría e incluso la ponencia de Ibáñez. Pero la verdadera razón del descuido del alto tribunal aun no es del todo claro.
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La génesis y el problema: el impedimento de la magistrada Diana Fajardo
Un impedimento es cuando un magistrado pide ser apartado del caso que se esté resolviendo por ser familiar de alguna de las partes, haber manifestado su opinión personal sobre el tema o tener intereses particulares sobre el asunto a tratar, entre otras posibles razones. En este proceso, que inició por la demanda que presentó en julio del año pasado la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia para tumbar la pensional, se han presentado solamente dos impedimentos: el de la magistrada Diana Fajardo y el del ahora exmagistrado Antonio Lizarazo. El de Fajardo se presentó primero, el pasado 16 de septiembre, pero demoró casi seis meses en resolverse y fue el inicio de los errores de la Corte.
Al presentarse un impedimento, el proceso queda congelado hasta resolverse. Sin embargo, eso no ocurrió con el que presentó la magistrada Fajardo. En el documento de septiembre del año pasado, con el que argumentaba su petición de alejarse del caso, señaló que para ese entonces adelantaba una demanda para pasar de un fondo de pensiones privado al fondo público (Colpensiones). Además, resaltó que en otras demandas que se presentaron contra la Ley 2381 de 2024, también se declaró impedida y que esos impedimentos fueron aceptados. Con ese antecedente, la Sala Plena, que tenía que aceptarlo o rechazarlo, se confió y finalmente no lo resolvieron para ese expediente, a pesar de que creían que sí.
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La ausencia de Ibáñez
El magistrado Ibáñez es el encargado de liderar el proceso contra la reforma pensional en el alto tribunal y, por ende, quien mejor enterado debe estar del caso. Sin embargo, en agosto del año pasado fue recusado por un ciudadano que señalaba que podía no haber imparcialidad por las interceptaciones a las comunicaciones que denunció el togado a mediados de 2024 y que supuestamente pudieron haber sido ordenadas por el gobierno. Justo la semana en que Fajardo presentó su impedimento, la Sala Plena se reunió para resolver la recusación contra Ibáñez y decidir si alejarlo del proceso. Por eso, a pesar de ser el ponente del caso, no estuvo en esa Sala, donde además se tenía que dar respuesta al impedimento de Diana Fajardo.
Fuentes cercanas a la Sala Plena de la Corte Constitucional le aseguraron a El Espectador que en la Sala del 18 de septiembre del año pasado se negó la recusación contra Ibáñez, pero que no se resolvió el impedimento presentado por la magistrada. Aun así, todos los magistrados (incluido Ibáñez) dieron por sentado que se aceptaban los argumentos de la togada para salir del proceso. Por eso, ese tema no les volvió a preocupar y siguieron trabajando sin Fajardo. Con el asunto olvidado, le pidieron a la Procuraduría, en ese entonces dirigida por Margarita Cabello, que enviara su concepto sobre el tema para poder avanzar en el estudio de la demanda de Paloma Valencia.
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El concepto y la ponencia que ya no cuentan
El 18 de noviembre del año pasado llegó a la Corte el concepto de Margarita Cabello sobre lo que debería ser el futuro de la pensional. Como lo había hecho en otras demandas en contra de iniciativas del gobierno Petro, como los estados de emergencia en La Guajira o la reforma tributaria, el Ministerio Público pidió que se tumbara la Ley 2381 de 2024. Para Cabello, tal como lo decía Paloma Valencia en la demanda, el trámite de la reforma se hizo mal en el Congreso y tuvo “vicios”. Ese argumento fue uno de los que más acogió el magistrado Ibáñez para la ponencia que presentó el pasado 14 de febrero. Ese documento del presidente de la Corte apuntaba a que la reforma pensional debía caerse por los “vicios de trámite”.
Solo hasta hace una semana se dieron cuenta de que nunca resolvieron el impedimento de Fajardo de septiembre. Incluso, según fuentes de la Corte, ella también creía que se había aceptado y tuvo que presentarlo de nuevo, pero ahora señalando que gracias a la reforma ya había pasado a Colpensiones. La Sala Plena, para evitar que todo el proceso se anulara, decidió aceptar el impedimento e invalidar todo lo que se había adelantado desde septiembre, cuando el proceso debió congelarse. Ahora, por esa cadena de errores, la Procuraduría, esta vez liderada por Gregorio Eljach, tiene que presentar un nuevo concepto e Ibáñez una nueva ponencia. Todo esto podría, por lo menos, tomar tres meses más.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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