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“Amigos, buenos días. Quisiera expresarles mis sinceras felicitaciones por su trabajo, son los mejores que he conocido. En tan poco tiempo descubrir tantas cosas realizadas. Quisiéramos expresarles que disfruten de sus trabajos y familias apartándose de lo que hacen en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Están hurgando donde no tienen que hacerlo”. Así comienza la amenaza que recibieron hace pocos días los investigadores de la Dijín de la Policía adscritos al despacho de la magistrada Cristina Lombana en el alto tribunal. Se trata de los oficiales y suboficiales que han venido recogiendo las pruebas en el expediente preliminar 44497, que se adelanta contra el senador Álvaro Uribe como presunto beneficiario de información ilegal de inteligencia militar.
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Fueron estos investigadores, por ejemplo, los que lideraron el allanamiento ordenado por la Corte Suprema a las instalaciones del Batallón de Ciberinteligencia del Ejército, ubicado en Facatativa, Cundinamarca. En la diligencia judicial, ocurrida el pasado 18 de diciembre, los oficiales de la Policía, junto con investigadores de la Procuraduría, obtuvieron miles de archivos con siete millones de megas de información sobre actividades ilegales de espionaje y perfilamiento a periodistas, políticos, militares, sindicalistas, defensores de derechos humanos y hasta el exsecretario de Presidencia y actual embajador en el Vaticano, Jorge Mario Eastman. Un escándalo que en su momento reveló la revista Semana y que puso a la cúpula militar a dar explicaciones.
Pues bien, esos policías que estaban procesando estos hallazgos fueron intimidados. El mensaje les llegó vía Whastapp. El Espectador tiene en su poder esa amenaza, que ya fue remitida a la Fiscalía. El ultimátum que les fue enviado seguía así: “Nada tienen que buscar en la Inspección General de las Fuerzas (Armadas), todo está organizado y esos celulares (decomisados en el allanamiento de diciembre) no se podrán desbloquear. No busquen nada en el Comando del Ejército, suficiente con hacerse públicos con el allanamiento y que los medios los conozcan. Disfruten de sus vidas, de esos mellizos, de esa familia. Su esposa es muy buena estudiante de contabilidad, disfrute de su vehículo Renault Simbol (sic), de su hija y de su esposa expolicía”.
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Como puede verse, los tenían absolutamente identificados, sabían que uno de ellos tiene mellizos, en qué carro se movía o cómo se ganaba la vida su pareja. Incluso describen que uno de los carros de los investigadores es de color blanco, dejando entrever que todas las rutas y reuniones que han tenido han sido monitoreadas y que es un “error” lo que están haciendo. “Insistimos, no busquen cosas que no están a su alcance, entreguen todo, por favor, apártense de eso, son excelentes profesionales y eso no está a su nivel”, les advierten. Y continúan: “Disfruten su próximo retiro en paz, sin pensar en nada y con su familia intacta, disfrute recibir su vivienda militar y vivir con su familia en paz”.
Más adelante, el mensaje se pone más específico: “Disfrute con su hermano y madre, en su casa en el Eje Cafetero, monte bicicleta en paz, sin tener ese temor (de) que se involucró dentro de su trabajo como oficial comandante en algo que no debía. Asuman el consejo. Por favor, espero que se aparten muchachos, este problema no es de ustedes. Sigan investigando corruptos desde su sede en Puente Aranda (en Bogotá). Son muy buenos en su labor, excelentes, pero están afectando carreras de las Fuerzas Militares y Policía prestigiosas de años, han afectado muchos años de trabajo. Evítense problemas y eviten buscar lo que no tienen que hacer. Pronto tomaremos contacto nuevamente, acepten la sugerencia. Un saludo, mi sargento, mi patrullero y mi capitán”.
La amenaza terminaba así, para más señas: “Agentes de investigación Dijín, sus datos son nuestros. Son los mejores, les repito. Éxitos lejos de esta investigación, que se encarguen otras personas de eso”. Los detalles de la vida privada de los investigadores fue lo que más los preocupó. Por eso informaron inmediatamente a sus superiores lo ocurrido, y el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía. La inferencia de que la intimidación está directamente relacionada con las pesquisas al Batallón de Ciberinteligencia del Ejército es absolutamente clara. Con una gravedad: entre los hallazgos que está investigando la Corte Suprema se evidencia que esa unidad militar sí contaba con las herramientas necesarias para desarrollar actividades ilegales de espionaje.
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“Se puede inferir que el Batallón de Ciberinteligencia del Ejército, ubicado en Facatativá, cuenta con la capacidad para acceder a cuentas de correo electrónico”. A esa conclusión llegó la Dirección de Investigaciones de la Procuraduría en su informe sobre ese allanamiento que fue conocido por este diario. En ese reporte, que fue remitido a la Corte Suprema, se deja constancia de hallazgos interesantes en los archivos de inteligencia. Por ejemplo, referencias a “información recolectada de blancos que no estaban enmarcados en la misión” de trabajo o informes ultrasecretos “en los que señalan objetivos o amenazas que fueron objeto de labores de ciberinteligencia”. Estos rastreos hoy constituyen un escándalo de marca mayor que no parece amainar pronto. (Vea aquí: El reporte de lo que se halló en el Batallón de Ciberinteligencia de Facatativá)
Esta semana también trascendió que la magistrada de la Corte Cristina Lombana, quien venía llevando este expediente desde hace meses, pidió ser apartada del proceso, pues apareció mencionada en uno de los archivos. Concretamente el informe militar mencionaba un titular de prensa que rezaba: “Impedida la magistrada Lombana en caso contra Uribe”. Así las cosas, Lombana muy probablemente saldría del caso. Entretanto, sus investigadores hoy están amenazados.
Es el último capítulo de un accidentado proceso que sigue en etapa preliminar contra el senador Uribe Vélez, pero que ha tenido sus coletazos en el Ejército. Por ahora las investigaciones avanzan mientras el ministro de Defensa insiste en que no le temblará la mano para tomar decisiones.
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