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Hace más de 15 días, El Espectador inició una serie de publicaciones relacionadas con el masivo hackeo que sufrió la Fiscalía General. En las más de 38.000 carpetas filtradas, a las que tuvo acceso este diario, quedaron expuestas investigaciones sensibles y que involucran acciones del crimen organizado transnacional. Una de esas operaciones es adelantada por la Fiscalía panameña en contra de siete colombianos que, aparentemente, estarían lavando dinero que obtuvieron luego de invertir en una cuestionada plataforma de criptomonedas que está en la mira de las autoridades de Estados Unidos: Kraken.
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Así lo demuestra un correo de marzo de 2021 que llegó a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General en el que la autoridad panameña pedía, urgentemente, información sobre los colombianos que están bajo su lupa. Según sus investigaciones, esos dineros de origen ilícito entraron a cuentas bancarias en Colombia. Los investigados son: Alejandro José Hernández, Jairo Mateo González Mejía, Christian Camilo Acosta Rodríguez, German Johao Choconta Cifuentes, Yecid Hernández Quintero, Santiago Andrés Fonseca Rojas y Mario Andrés Silva Ossa. Sobre los investigados solo se tiene información sobre este último, quien hasta hace pocos meses fue director creativo de Ariadna Comunicactions Group en Colombia.
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Se trata de una prestigiosa multinacional que hace presencia en todo el continente americano manejando la publicidad de marcas como Tigo, Red Bull, Decameron, Procolombia, Juan Valdez, Universidad de los Andes, Nutresa, Toyota, Wingo, Terpel, Alquería, Gillete, Pfizer, Dollar City, Bimbo, entre otras. En el caso de Silva Ossa, su hoja de vida da cuenta que también trabajó en Sancho BBDO, otra conocida agencia de marketing que en el último tiempo apareció como una de las empresas que recibió dineros de Odebrecht en Colombia. De acuerdo con la investigación panameña, los siete colombianos abrieron cuentas de ahorros desde octubre de 2019 a junio de 2020 en Bancolombia Panamá y que no han justificado totalmente sus movimientos bancarios.
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“Los sujetos indicaron que sus ingresos procederían de sus actividades económicas declaradas (publicidad, venta de equipos de computación, asesor de negocios, administrador, comerciante y rentista de capital). Sin embargo, se observaron ingresos procedentes de empresas dedicadas al comercio electrónico de monedas digitales (criptomonedas), lo cual no guarda una relación aparente con sus actividades económicas declaradas, su perfil financiero y propósito de la cuenta; sumado el hecho de que una de las empresas de criptomonedas ha arrojado noticias negativas en los últimos años”, dice la solicitud de la Fiscalía panameña a su homóloga en Colombia.
El requerimiento a la administración de Francisco Barbosa también señala que los siete colombianos, una vez recibían el dinero ganado en criptomonedas, transferían a los pocos días a sus cuentas personales en Colombia el dinero en territorio panameño. Para sustentar las transferencias internacionales provenientes de Estados Unidos, cinco de los investigados, dice la Fiscalía panameña, presentaron un contrato otorgado por Santiago Fonseca Investors Corporation por valores superiores al millón de dólares, “contrato que carecía de autenticidad y el mismo era firmado posterior a la recepción de las transferencias internacionales provenientes de la casa de monedas digitales”.
El Espectador indagó en registros públicos y encontró que esta sociedad, ubicada en un apartamento en pleno centro de Miami (Florida), fue creada en marzo de 2020, está activa y comparte instalaciones con otra sociedad, que también tiene presencia en Colombia: Whitaker Headway Resources Corp SAS, una empresa encabezada por Santiago Fonseca Rojas dedicada a “consultorías de gestión” y que está ubicada a pocas cuadras del Parque El Virrey en el norte de Bogotá.
En el caso puntual de Silva Ossa, antiguo director creativo de Ariadna Group en Colombia, la Fiscalía panameña dice que “en su debida diligencia mencionó que es director creativo en la empresa Ariadna Group con ubicación en Colombia, devengando mensualmente ingresos adicionales por servicios externos de publicidad digital. Especificó que los fondos que recibiría en la cuenta serían de David M. Hernández en concepto de servicios con tipo de negocio abogado y procedente de Colombia”. Aunque los implicados dieron sus explicaciones a la Fiscalía panameña, esta no quedó satisfecha.
Por eso, además de pedir información financiera sobre los siete investigados, también solicitó datos de empresas que habrían hecho parte de la red de lavado de activos: ISC Education and Migration Group SAS, representada legalmente por Manuel Liévano González; Guaymaral 234 SAS, representada legalmente por Rafael Humberto Peña Pinzón; la propia Ariadna Comunications Group y el abogado David M. Hernández, quien es referido por Silva Ossa como el verdadero receptor de los dineros. Este diario se contactó con las cabezas de Ariadna Group en Colombia y solicitaron que el requerimiento fuera tramitado ante su oficina de Recursos Humanos.
Las dudas sobre Kraken
En medio de la grave crisis del mercado de las criptomonedas con la quiebra de FTX, las demás plataformas dedicadas al tráfico de moneda tampoco han quedado exentas de líos. Incluso, desde hace varios años están siendo investigadas por las autoridades de varios países. En el caso de Kraken, esta plataforma está en la mira de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. Las pesquisas apuntan a que la plataforma permitió que usuarios de Irán y otros países sancionados por Estados Unidos compraran y vendieran criptomonedas.
La OFAC comenzó esta indagación en 2021, el mismo año en que un extrabajador de Kraken presentó una demanda contra la plataforma alegando que la empresa había realizado tácticas comerciales ilegales, había estafado a los empleados sobre las opciones de compra de acciones y había violado las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. La OFAC arrancó sus pesquisas investigando las cuentas de Kraken en Irán y encontró que también permitieron transacciones en Siria y Cuba, países también sancionados por el gobierno estadounidense.
No es la primera vez que Kraken tiene líos con las autoridades. En septiembre de 2021, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos ordenó a la plataforma a pagar más de un millón de dólares en sanciones monetarias civiles por la presunta violación de la Ley de Intercambio de Materias Primas al ofrecer “transacciones minoristas de materias primas con margen en activos digitales” a clientes estadounidenses no elegibles entre junio de 2020 y julio de 2021.
Sobre estas investigaciones, Kraken ha dicho que “cuentan con sólidas medidas de cumplimiento y sigue aumentando su equipo para adaptarse al crecimiento de la empresa. Kraken vigila rigurosamente el cumplimiento de las leyes sobre sanciones e informa a los reguladores sobre posibles problemas”. Sobre el caso Kraken en Panamá, hasta ahora desconocido, las autoridades de ese país no han tomado decisiones de fondo y tampoco se han expresado públicamente.
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