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Iván Velásquez Gómez fue el magistrado investigador que comenzó las pesquisas de la parapolítica en la Corte Suprema de Justicia. Un expediente que corroboró lo dicho por el exjefe de las autodefensas Salvatore Mancuso en el sentido de que esa organización ilegal tenía el 35 % del Congreso. Hoy, lejos del protagonismo de otras épocas, pero siempre atento a la realidad colombiana, tiene su propio punto de vista sobre la tutela que promueve el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias.
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En diálogo con El Espectador, Velásquez reitera que si dicho recurso resulta favorable a los intereses del exministro, podría abrirse un boquete jurídico peligroso. Aunque enfatiza en que casi todos los condenados por la parapolítica ya cumplieron sus sentencias. “No me arrepiento de haber luchado contra la impunidad y porque se supiera la verdad de las ilícitas relaciones entre congresistas y el paramilitarismo”, dice el exmagistrado, quien fue objeto de múltiples montajes y persecuciones para frenar sus investigaciones.
La Corte Constitucional está “ad portas” de resolver una tutela que le daría la oportunidad al exministro Andrés Felipe Arias de tener una segunda instancia para que se revise su condena por el caso Agro Ingreso Seguro. Muchos juristas advierten que, si ello ocurre, se abriría un boquete jurídico de insospechadas consecuencias. ¿Coincide con esa tesis?
Debo aclarar, inicialmente, que el derecho a impugnar la sentencia condenatoria es universalmente reconocido y forma parte de las garantías fundamentales a un proceso como es debido. Lo que ocurre es que en Colombia el Congreso, a pesar del claro texto constitucional consagrado en el artículo 29, nunca se preocupó por legislar respecto de dos temas relacionados con ese derecho: uno, la única instancia de los aforados constitucionales (congresistas, ministros, generales de la Fuerza Pública, etc.) porque se sentían muy cómodos con la competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, de manera similar a como los magistrados se han sentido tan cómodos con la competencia de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Cuando la impunidad era generalizada, nadie se preocupó por la doble instancia.
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El otro tema, la posibilidad de apelar la sentencia condenatoria dictada por primera vez en la segunda instancia o en casación; es decir, cuando una persona ha sido absuelta en primera instancia y luego la segunda instancia condena o el procesado fue absuelto en primera y segunda instancias, pero la Corte Suprema condenaba, no había ningún recurso ordinario contra la sentencia condenatoria no obstante el mencionado derecho contenido en el artículo 29 constitucional. Naturalmente, yo soy defensor del derecho a impugnar mediante recursos ordinarios la sentencia condenatoria que se dicte por primera vez en un proceso y así se viene aplicando actualmente.
Dicho esto, ciertamente “se abriría un boquete jurídico de insospechadas consecuencias”, porque la Corte Constitucional tendría que reconocer el derecho a impugnar la primera sentencia de condena no solo al exministro Arias, sino a todos los condenados cuya sentencia se encuentre actualmente en ejecución. Tanto por haber sido condenados por la Corte Suprema en única instancia, como por haber sido condenados por primera vez en segunda instancia o en casación. ¿Cuántos centenares de personas se encuentran en esa situación?
¿Dice usted entonces que si esa tutela sale favorable al exministro podría poner a tambalear procesos tan complejos y difíciles y que tanto le han costado a la justicia, como la parapolítica, la yidispolítica, el espionaje del DAS y hasta el Proceso 8.000? ¿Exactamente por qué un solo caso podría poner en jaque a tantos otros?
Debo insistir en que, si esa fuera finalmente la decisión de la Corte Constitucional, el precedente se aplicaría solo a quienes se les está ejecutando actualmente una sentencia condenatoria que no pudieron impugnar mediante los recursos ordinarios. Casi todos los condenados por parapolítica y demás casos a los que alude ya pagaron sus penas. Creo que las sentencias condenatorias dictadas por la Corte Suprema en el pasado reciente, incluida la de Agro Ingreso Seguro, son sólidas jurídica y probatoriamente, y, por lo tanto, deben mantenerse en el evento de ser nuevamente revisadas por la corporación. Confío que no haya intereses que interfieran en la correcta actuación de la Corte.
¿Es posible que, una vez fallada la tutela Arias, a la Corte Constitucional llegue una avalancha de solicitudes similares de condenados en única instancia? ¿No es ese limbo jurídico un terreno muy fértil para quienes insisten en que los fallos de la Corte Suprema tienen un trasfondo político?
Creo que sí se produciría esa avalancha de tutelas que, si fueran negadas en las instancias, forzosamente tendrían que ser revisadas por la Corte Constitucional, porque de lo contrario quedaría la sensación de que ahora únicamente se pretendía favorecer a una persona determinada. Reitero mi convicción de que las sentencias condenatorias –insisto, las sentencias condenatorias– dictadas por la Corte Suprema se apoyaron en sólidas pruebas de responsabilidad y no fueron motivadas por criterios diferentes a los estrictamente jurídicos. No hubo en ellas un trasfondo político ni de ninguna otra especie diferente a la correcta aplicación del derecho.
Al margen de los coletazos jurídicos y políticos de esta tutela del exministro, el propio Arias y sus abogados han reiterado que toda persona tiene derecho a una segunda instancia y que esto no es una cruzada para reabrir expedientes sino para corregir una injusticia. Eso suena razonable. ¿Qué opina al respecto?
Creo que ya he dado ampliamente mi opinión sobre ese punto. Solo agregaría una anécdota: cuando como magistrado auxiliar de la Corte le estaba recibiendo la versión libre a un congresista, este, con cara seria y en actitud de reclamo, me dijo: “¿Y por qué a nosotros no se nos respeta el debido proceso y se nos investiga con la ley vieja (la Ley 600 de 2000) dejándonos por fuera del sistema acusatorio?”. Y le respondí: “Porque así lo quisieron ustedes, senador. Fueron ustedes los que aprobaron la reforma constitucional y la Ley 906 de 2004 y dispusieron que fuera la Corte Suprema de Justicia la que los siguiera investigando y juzgando en única instancia”.
Hay un antecedente en el caso Arias y es que, días antes de que fuera condenado por la Corte Suprema en 2014, se fugó hacia Estados Unidos. ¿Cree usted que la Corte Constitucional podría tener en cuenta ese antecedente al revisar la tutela de una manera integral?
No tendría por qué incidir, pues el comportamiento posdelictivo del procesado solo se debe tener en cuenta para efectos de privación de libertad y suspensión condicional de la ejecución de la sentencia.
Por cuenta de su rol como coordinador de las investigaciones de la parapolítica, usted fue espiado, perseguido y fue víctima de distintos montajes. ¿Cuáles de esos hechos recuerda más y por qué?
Naturalmente el caso Tasmania tuvo un impacto muy fuerte, porque fue la primera vez que sufrí de manera directa la persecución estatal de un gobierno tan poderoso como el de Álvaro Uribe. Y no es que todos los demás delitos que después cometieron contra mí desde el poder –casi todos impunes y algunos próximos a prescribir como el de la “Casa de Nari” que, a pesar de haberse formulado imputación en 2015 y acusado hace tres años, los abogados de la impunidad y sus clientes no han permitido que se realice la audiencia preparatoria– no me hubieran impactado, sino que ya había experimentado el poder de esa criminalidad y sabía hasta dónde eran capaces de llegar. Como diría alguno de los jefes paramilitares de entonces, mis enemigos tenían el propósito de matarme o de meterme a la cárcel.
¿Teme entonces que tanto sacrificio personal, así como el de otros colegas suyos en la Corte Suprema, se venga al piso ahora si todas las condenas de la parapolítica podrían quedar en entredicho?
No me arrepiento de haber luchado contra la impunidad y porque se supiera la verdad de las ilícitas relaciones entre congresistas y el paramilitarismo. Desafortunadamente por diversos factores, entre ellos la lamentable corrupción que se presentó en la Sala Penal y que ahora entiendo, no se permitió concluir una tarea que habría sido de mucho beneficio para el país, para la democracia, que no ha podido –o querido– desmantelar el paramilitarismo, ni aun su estructura armada. Con todo, no creo que las condenas por parapolítica queden en entredicho, por lo menos las de aquella época, porque todos los condenados pagaron su pena, la ejecución de la sentencia ya se agotó y las decisiones son definitivas.
En este país a muchos jueces y operadores de justicia los han asesinado, perseguido y vilipendiado por cumplir su labor. ¿Colombia ha sido un país ingrato con sus jueces?
Más que decir Colombia, en la que una buena parte de su ciudadanía respalda las acciones transparentes de la justicia y ha apoyado firmemente procesos como el de la parapolítica o la yidispolítica, que han sido esencialmente procesos contra la impunidad del poder, creo que algunos gobiernos –particularmente entre 2004 y 2010– desataron una campaña difamatoria contra jueces y magistrados que pretendía sembrar en la población dudas sobre la probidad de ellos, descalificarlos y hacerlos más vulnerables.
Finalmente, le quiero preguntar lo siguiente: a usted muchas personas cercanas al uribismo lo han graduado de antiuribista y parcializado. Incluso esas acusaciones las ventilaron cuando investigaba la parapolítica. ¿Es usted antiuribista, doctor Velásquez?
Me he declarado militante del movimiento del optimismo histórico, que cree en el Estado Social y Democrático de Derecho, y que trabaja porque sea una realidad en América Latina. Creo en la dignidad humana, en la paz y en la justicia como valores por los que debemos trabajar sin cansancio. Por todo eso, le puedo asegurar que no soy uribista.
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