Policía insiste en que no favoreció a expolicías con contratación de tanquetas y carros blindados

La contratación de tanquetas y vehículos blindados por parte de la Policía en medio de la pandemia sigue dando de qué hablar. Luego de conocerse la millonaria inversión, hay denuncias de que se pudo haber favorecido en la contratación a uno de los oferentes. Se trata de la empresa 7M Group, a la cual se le adjudicó finalmente el contrato, y que pertenece a algunos expolicías. Ante las coincidencias, la institución respondió este martes que los procesos de contratación se hacen “a través de los Acuerdos Marco de Precios, que son obligatorios para las Entidades Estatales del orden Nacional, entre ellas la Policía”.

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La contratación ha causado tal revuelo que hasta la Procuraduría ya tiene la lupa en el proceso para verificar si el contrato está relacionado con uniformados que habían hecho parte de la Dirección Administrativa de la Policía (Diraf) y quienes, según El Tiempo, habían estado encargados de los procesos de compra antes de salir de la institución, que es considerada «la chequera» de la entidad y que dirige la general Yolanda Cáceres Martínez.

Por su parte, la institución respondió que no conoce de las actividades económicas a las que se dedican expolicías e indicó que “las causales de inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses se encuentran definidas en la Constitución y la ley”. Asimismo, indicó que la contratación ha seguido los lineamientos estructurados por las Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente y que es esta la encargada de seleccionar los proveedores.

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Explicaron, además, que “la entidad compradora selecciona la cotización de menor valor, de acuerdo con los términos de uso de la plataforma transaccional”. Sin embargo, la controversia no es nueva para la Policía, que ha tenido que lidiar con señalamientos del mismo calibre desde el 2016 y aclaró que, desde ese momento, no encuentra cómo estarían relacionados con la adjudicación de contratos. De acuerdo con la institución, “algunos de los oficiales mencionados en los anónimos, se encuentran retirados de la Institución desde el año 2014 y 2015, fechas incluso anteriores a las del primer anónimo (2016)”. 

Hace unos días, la Policía atravesó críticas similares por adelantar un proceso de contratación por $9.515 millones para comprar municiones no letales del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), entre las cuales están cartuchos de gas, granadas multi-impacto, esferas de “Paint ball”, gases lacrimógenos y municiones tipo «bean bag» como la que le causó al muerte a Dilan Cruz el año pasado. La Institución respondió a las críticas que desde 2019 se “planteó la necesidad” de adquirir esa muniIcón, también dirigida a la Fuerza Disponible.

¿La razón? Según indicó la Policía en un comunicado, “con la misión de seguir garantizando la seguridad nacional y el mantenimiento del orden público, en desarrollo de los hechos violentos que afectan el normal desarrollo de las manifestaciones públicas y pacíficas, consagradas como un derecho constitucional en Colombia”.