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«El gobierno es de la opinión de que las disposiciones del Código Penal que prohíben a los profesionales médicos, o a cualquier otra persona, el asesoramiento o asistencia en un suicidio, son constitucionalmente válidas», dijo el fiscal general, Rob Nicholson, en un comunicado.
El más alto funcionario del Departamento de Justicia reconoció que la cuestión es «emocional y divisiva» para muchos canadienses.
Sin embargo, agregó, «las leyes en torno a la eutanasia y el suicidio asistido existen para proteger a todos los canadienses, incluyendo a los más vulnerables, como personas que están enfermas o que tienen edad avanzada o personas con discapacidad».
La Corte Suprema de Columbia Británica, la provincia más occidental de Canadá, dijo el mes pasado que la prohibición del suicidio asistido por un médico era inconstitucional.
El fallo estuvo relacionado con el caso de Gloria Taylor, de 64 años, una paciente con la enfermedad de Lou Gehrig que estaba entre cinco demandantes que buscaban revocar la legislación que prohíbe los suicidios asistidos por médicos.
La enfermedad de Lou Gehrig, o esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad neurodegenerativa que progresivamente le quita a los pacientes el control sobre sus cuerpos.
En un fallo de 395 páginas, la jueza Lynn Smith estimó que las disposiciones del Código Penal que prohíben la muerte asistida por médicos era inválido y discriminatorio, e «injustificablemente infringe los derechos de igualdad» de los demandantes en el caso.
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