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“Mire lo que hacemos con su periodismo”. Esas fueron las palabras que escuchó Manuel Santiago López Amaya el 1 de mayo de 2021, segundos antes de que un grupo de uniformados al interior de la estación de Policía de Duitama (Boyacá), lo asfixiara con su propio carné de comunicador. Seguido de ello, los policías le restregaron su identificación en la cara y le gritaron que todos los vejámenes que sufrió durante alrededor de una hora, que incluyeron golpes en todo su cuerpo, eran para que le “coja más amor a la Policía”. López Amaya estaba cubriendo las manifestaciones del paro nacional de 2021 y solo por ello fue capturado y llevado a la instalación policial. Ante semejante extralimitación, el periodista demandó a la Nación y le acaba de ganar en una sentencia.
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El Espectador conoció la primera condena contra Colombia por las extralimitaciones de los uniformados contra los periodistas que cubrieron las protestas del paro nacional de 2021. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), entre el 28 de abril y el 19 de julio de ese año, se presentaron al menos 304 agresiones en todo el país, entre ellas golpes, obstrucciones, hostigamientos y hasta eliminación del material periodístico, atribuible, en su mayoría, a la fuerza pública. Uno de esos reportes fue radicado por López Amaya, de ahora 24 años, quien encontró amparo en la justicia por parte del Juzgado 60 Administrativo de Bogotá, en un proceso de reparación directa. Aunque la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional fueron condenadas económicamente, para la víctima ese no es el centro del caso y, justo por ello, todavía no puede cantarse justicia.
“No se siente como un triunfo. Si bien es una sentencia positiva porque hace al Estado responsable por lo que pasó, hay unos vacíos que no me dejan celebrar. Estamos hablando de un atentado contra la prensa, en sí misma, porque yo no he ejercido mi labor después de esto. Yo he estudiado, pero en términos de hacer publicaciones y hacerlas evidentes, ha sido imposible. Lo único que ha pasado es que me escondí. Me he autocensurado”, así se lo explicó López Amaya a este diario. Además, la víctima cuestiona que solicitó una disculpa pública por parte de la Policía Nacional, así como la creación de protocolos para respetar el ejercicio periodístico en contexto de protesta, pero el Juzgado 60 no ordenó ninguno de esos mecanismos de reparación.
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Por ello, la Flip apeló la decisión de primera instancia, buscando se ordenen medidas de reparación integral que permitan “reconocer el impacto colectivo que tuvo la agresión y trazar lineamientos de política pública para que este tipo de agresiones no se repitan”, explicó Ángela Caro, directora jurídica de la fundación. Por su parte, Jonathan Bock, director de la organización, agregó que una sentencia que incluya sus peticiones permitirá proteger a aquellos periodistas que no trabajan en un medio de comunicación reconocido y que sí hacen un enorme trabajo en el contexto local. “Los medios unipersonales y ciudadanos también hacen periodismo, sobre todo cuando tienen evidencia de irregularidades. Es importante proteger ese tipo de información y a quienes lo están haciendo”, concluyó Bock.
López Amaya, al momento de los hechos, era periodista universitario del medio Contradicción Duitama, denominado como medio comunitario, contrainformativo, juvenil, popular y transformador, cuyas últimas publicaciones, de hecho, datan de mayo de 2021 y hacían referencia, justamente, a la extralimitación policial contra la ciudadanía. La víctima estaba en inmediaciones de la Plaza de Los Libertadores y recuerda que a eso de las 5:00 p.m. se lo llevó un grupo de policías que le gritaron “ese es, ese es”, como si ya estuviera individualizado. Quien lo condujo habría sido el patrullero Neider Espitia Castro, en una camioneta de placas FHZ-046. Según un oficio respondido por la institución en medio del proceso, los policías de servicio en el edificio eran el subintendente Edisson José Ibarguen, el intendente Fredy Becerra Guevara, los patrulleros Hender Iván Ojeda y Neider Espitia Castro, y la patrullera Yenifer Tatiana López.
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La historia clínica de urgencias del Hospital de Duitama y el informe pericial de clínica forense de Medicina Legal hablan por López Amaya, sobre lo que pasó dentro de la estación de Duitama. A favor de la víctima se dictaminó una incapacidad médico legal de 10 días, porque su codo izquierdo quedó inmovilizado y debido a contundentes golpes en las regiones “toracoabdominal, glúteo, muslo y en el cuarto dedo de la mano izquierda”. Asimismo, dentro del expediente se incorporó el informe de valoración psicosocial por parte de una psicóloga clínica y psicoterapeuta transpersonal, quien explicó que la “afectación más dolorosa para el examinado (…) está relacionada con la imposibilidad de llevar a cabo su proyecto de vida de hacer periodismo investigativo de manera segura”.
Dentro del expediente, la Policía Nacional se defendió explicando que, bajo su consideración, no existe prueba para corroborar los hechos descritos por la víctima. Señalaron, de hecho, que “uniformados de la citada Institución realizaron el registro personal al demandante encontrando en su poder una antorcha, un recipiente plástico con gasolina, unos volantes con mensajes violentos hacia la fuerza pública”. A la par, dijeron que López Amaya habría agredido verbalmente al personal de la Policía y que supuestamente se tornó agresivo en contra de los uniformados, razón por la cual fue necesario conducirlo a las instalaciones del Distrito de Policía de Duitama. “Al momento de subirse a la patrulla, éste empezó a golpearse dentro de la carceleta del vehículo y a golpear el automotor”, agregó la institución.
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A eso de las 7:00 p.m., de ese 1 de mayo, López Amaya fue llevado por una patrulla de la Policía a un sector apartado del centro de Duitama, conocido como El Mirador. Allá lo abandonaron, le dijeron que corriera, no sin antes quitarle la tarjeta SIM de su celular. Ahora, con una condena a su favor, el periodista asegura que no guarda rencor. “A mí me gustaría abrazar a las personas que me hicieron daño. Aprovecho este espacio para decirles que ya hice mi proceso de perdón y que no guardo ningún rencor”, concluyó. Mientras hay respuesta de si el caso tendrá una segunda revisión para incluir o no las solicitudes de la Flip, el juzgado compulsó copias a la Procuraduría y a la Fiscalía para que adelanten los procesos disciplinarios y penales a los que haya lugar en contra de los uniformados que agredieron al periodista.
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