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Hace treinta años, hacia las dos de la tarde del martes 17 de abril de 1990, el padre Tiberio Fernández Mafla, párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Trujillo (Valle), partió hacia Tuluá en un campero Daihatsu junto a su sobrina Ana Isabel Giraldo, el arquitecto Óscar Pulido y el empleado de la parroquia Norbey Galeano. El propósito era acudir a las exequias del dirigente político Abundio Espinosa, asesinado el día anterior. Cuando retornaban a Trujillo fueron interceptados por hombres armados y, desde ese momento, desaparecieron. (Estado pidió perdón por la masacre de Trujillo)
Cinco días después, el 23, en el corregimiento de El Hobo, del municipio de Roldanillo (Valle), flotando en las aguas del río Cauca, apareció el cadáver del sacerdote, baleado y mutilado. Los demás cuerpos no fueron encontrados y quedaron rotulados como “desaparecidos”. El suceso causó revuelo nacional, pero la gente en Trujillo sabía que de tiempo atrás el río Cauca se había llenado de muertos. Cuatro campesinos que ayudaron a rescatar el cadáver y luego acudieron a las exequias del sacerdote también cayeron asesinados.
Eran los días finales del gobierno Barco, y en medio de la guerra narcoterrorista declarada por Los Extraditables, el suceso de Trujillo escandalizó al país. Sin embargo, la comunidad de este municipio y de los pueblos de Riofrío y Bolívar se encargó de recordar que los crímenes selectivos venían desde 1988, sin que las autoridades atendieran sus clamores. La Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría decidió encarar el asunto y empezó a develar la secuencia criminal en las que estaban comprometidos miembros de la fuerza pública.
Tiempo después, con el apoyo de la justicia de orden público, se logró establecer que buena parte de esa ola de asesinatos estaba asociada a dos capos del cartel del norte del Valle que posaban como hacendados en la región: Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego, y Henry Loaiza, alias el Alacrán. Desde las haciendas La Granja, Las Violetas o Villa Paola, los narcotraficantes tenían apoyo de uniformados de distintos puestos de policía en la región, y de algunos militares del Batallón Palacé, adscrito a la Tercera Brigada. (Trujillo, la masacre que aún no termina)
Sin embargo, las pesquisas de las autoridades se concentraron en develar el itinerario homicida desplegado entre el 29 de marzo y el 17 de abril, con el punto culminante del asesinato del sacerdote Tiberio Fernández Mafla. Y lo que se constató fue que los hechos que desencadenaron la arremetida del grupo ilegal fueron el asesinato de varios inspectores de policía en Obando, Trujillo y Buga, y un combate entre el Eln y el Ejército. Esta última acción tuvo lugar en la vereda Playa Alta, del corregimiento de La Sonora, en la cual perdieron la vida siete militares.
Dos días después, en la madrugada del 1° de abril, el grupo ilegal irrumpió en el corregimiento La Sonora y detuvo a once habitantes de los que nunca se volvió a saber. Un testigo contó después a la justicia que ese mismo día los llevaron a la hacienda La Granja, donde fueron torturados y sus cuerpos, descuartizados, fueron arrojados al río Cauca. En adelante, el grupo narcoparamilitar no se detuvo. Casi a diario continuaron los crímenes selectivos y las desapariciones. La única voz que se alzó para protestar fue la del padre Tiberio Fernández Mafla.
Desde 1985, el sacerdote se había asentado en Trujillo y lo antecedía una acción pastoral en la región sumada a la denuncia. Natural de Riofrío, como se lee en el perfil sobre su vida y obra incluido en el libro Aquellas muertes que hicieron resplandecer la vida, desde muy joven se destacó como líder campesino y como alumno de la Universidad de Buga, creada por la Compañía de Jesús. Luego viajó a Israel para conocer la experiencia de los kibutz y, cuando se ordenó como sacerdote, decidió que era una buena alternativa para su región. (‘El Alacrán’ tendrá que indemnizar a víctimas de la masacre de Trujillo)
El padre Tiberio Fernández se ordenó en 1977 y ejerció su ministerio en Tuluá y Andalucía. En 1985 llegó a Trujillo, donde empezó a promover la creación de empresas comunitarias y microempresas rurales. Su liderazgo fue notable y por eso, cuando mafiosos, paramilitares y unidades de la fuerza pública se concertaron para imponer su imperio de terror, no dudó en levantarse desde el púlpito para denunciarlo. Desde ese momento empezaron a amenazarlo y circularon informes de inteligencia militar y policial que lo catalogaban como apoyo del Eln.
Él hizo caso omiso a las denuncias y panfletos en su contra, hasta que fue asesinado. El día de sus exequias, el entonces obispo de Armenia, monseñor Rodrigo Arango, resumió en pocas palabras el significado de su sacrificio: “Cuando el peligro del lobo fiero lo acechaba, no quiso, como pastor bueno, abandonar a su grey y por eso, desestimando su propia vida, murió sacrificado al pie de su rebaño”. La muerte violenta del padre Fernández Mafla y la desaparición de sus acompañantes marcó la historia de Trujillo, pero no logró desterrar la impunidad reinante.
Hasta su captura, en 2007, y su posterior extradición a Estados Unidos, donde fue condenado a 45 años de prisión, el capo Diego León Montoya fue uno de los principales promotores de la violencia en el norte del Valle. Incluso, en un momento crucial en la evolución del narcotráfico, protagonizó una violenta disputa con su exsocio Wilber Varela, alias Jabón. Mientras este consolidó el grupo narcoparamilitar de Los Rastrojos, Montoya Sánchez lideró a Los Machos. Decenas de familias del norte del Valle quedaron enlutadas por esta guerra aparte. (‘Don Diego’ fue condenado a 45 años de cárcel)
En cuanto a Henry Loaiza Días, alias el Alacrán, hacia 1995, cuando el gobierno Samper lideró la ofensiva contra los narcos de Cali, junto a otros líderes del cartel del norte del Valle, se entregó a las autoridades y estuvo en prisión. Como los demás narcos, utilizando el atajo de la Ley 81 de 1993, creada para volver permanente la política de sometimiento a la justicia impulsada en la era Gaviria, intentó varias veces saldar sus cuentas en pocos años. Pero los asesinatos en Trujillo siempre lo persiguieron y estuvo varios años privado de la libertad.
Al final, entre el regateo procesal, y las dificultades de la justicia para determinar el número exacto de hechos atribuidos al Alacrán, este quedó en libertad. No obstante, en 2019 volvió a ser capturado, esta vez bajo la sindicación de persistir en el delito, ahora en apoyo a la banda de La Constru en la región del Putumayo. Durante el tiempo en que permaneció libre, los habitantes del norte del Valle dejaron constancia de haberlo visto pasearse por la región donde sembró el terror. Los habitantes de Trujillo aún se fruncen al pronunciar su nombre.
Ante la impunidad reinante que quedó de lo que luego se conoció como la masacre de Trujillo, en 1994 el presidente Samper aceptó la creación de una comisión de investigación integrada por el gobierno, varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, la Iglesia católica y las entidades de control, que documentó todo lo sucedido. El gobierno Samper aceptó la responsabilidad del Estado, se abrieron nuevas investigaciones, pero los familiares de las víctimas dejaron claro que esta iniciativa se había quedado corta frente a la realidad.
En cabeza de la religiosa Martize Trigos, la Asociación de Familias de Víctimas de Trujillo (Afavit) no solo logró erigir un monumento de homenaje a las víctimas, sino que persiste en la búsqueda de la verdad, pues todos tienen claro que la impunidad logró su cometido. A su vez, en 1992, la Comisión Intercongresional de Justicia y Paz llevó el caso por la violencia padecida en Trujillo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en abril de 2016 terminó en solución amistosa. La CIDH señaló la responsabilidad del Estado colombiano y pidió indemnizaciones para las víctimas.
Por estos días se cumplen treinta años de la tragedia vivida por los habitantes de Trujillo. Como lo ha recalcado Aldenivier Cano, otro de los líderes de Afavit, “la masacre fue una alianza entre el narcotráfico, el Ejército, la Policía y unos paramilitares”, y eso nunca puede ser olvidado. El nombre de Alirio Antonio Urueña, mayor (r) del Ejército, como uno de los responsables de lo que pasó allí constituye apenas un nexo judicial para insistir en la verdad; pero en Trujillo saben que no fue el único agente del Estado que se involucró en ese terrible capítulo.
En cuanto a la memoria del sacerdote Tiberio Fernández Mafla, aún resuenan en la conciencia del país las palabras de despedida de monseñor Arango el día del sepelio: “Le negaron todo respeto a su carácter de hombre de bien. Despreciaron por completo su dignidad de persona humana. Ignoraron con cinismo sacrílego su investidura sacerdotal de pastor bueno. No solo le segaron la vida, sino que lo desfiguraron hasta dejarlo, como dice Isaías también de Cristo, sin aspecto atrayente, desestimado y menospreciado aun en su misma existencia”.
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