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No conozco otro lugar en el que tomar un taxi en la calle sea potencialmente tan peligroso como acá. En Bogotá, convivimos con cosas que en otras sociedades serían inaceptables, como el paseo millonario.
Lo que resultó escandaloso en el asesinato del agente de la DEA fue que hubiera ocurrido en un taxi legal. A mí no me sorprendió: el mito de que en Bogotá habían miles de taxis ilegales se cayó cuando al instalarles el chip y hacer controles en vía, pocos cayeron.
Contrario a lo que se cree, los cerca de 70.000 conductores activos de taxi no cambian mucho de trabajo. Una investigación de la Universidad de los Andes mostró que un taxista en Bogotá lleva en el oficio 9,2 años en promedio, y que sólo el 17% de ellos considera el trabajo algo temporal.
El propietario es el actor más poderoso del sistema, pero es el que tiene menos responsabilidades, pues sólo escoge la empresa a la cual afiliar su taxi y el conductor. Si alguno de los dos no lo satisfacen, lo podrán cambiar en cualquier momento. Por ser un contrato informal de arriendo de equipo, la selección de conductores es un proceso poco cuidadoso. Que tenga licencia de conducción categoría C1 es lo necesario.
Como resultado, los taxistas rotan frecuentemente de carros. Incluso, a un taxi se le pueden expedir varios tarjetones para diferentes conductores al mes. Todas las valiosas iniciativas de denuncia basadas en la placa del taxi resultan inocuas, pues cuando se quiere reportar un mal servicio, el conductor puede estar trabajando al otro día en otro carro.
El decreto 172 de 2001 obliga a que las autoridades lleven un registro de conductores, listado que hoy no existe en Bogotá, o al menos no actualizado.
El regulador (Secretaría de Movilidad) será fundamental en la expedición de normas que desincentiven la rotación y faciliten la identificación de conductores, que penalicen los casos en los que un taxi no sea operado por el conductor registrado y que hagan a los propietarios solidarios de las acciones de sus conductores, para fomentar una cuidadosa selección.
El problema es que las normas vigentes son muy restrictivas, haciendo que las autoridades locales tengan poco margen de acción. Habrá que repensar las normas que reglamentan los taxis en el país si se quieren contrarrestar el paseo millonario y otros problemas como la mafia de los cupos. El congreso y el Mintransporte están en mora de proveer marcos legales, para que las ciudades puedan organizar mejor sus sistemas de taxis, de acuerdo con sus necesidades específicas.
*Álvaro Rodríguez Valencia
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