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Ese cubrimiento fue criticado por el Gobierno, que acusó al canal de hacer apología al delito. El caso llegó a Conatel, el órgano que regula la televisión en Venezuela, que en octubre de 2001 decidió sancionar a Globovisión e imponerle una multa porque “generó zozobra en la ciudadanía”, según explicó en el fallo.
El Tribunal Supremo de Justicia determinó el jueves el embargo “sobre bienes de propiedad” de Globovisión, equivalentes al doble de la multa antes impuesta por Conatel, es decir US$5,68 millones. El fallo del TSJ atendió un pedido en marzo pasado del Estado venezolano para que se obligara al canal a pagar la multa por la cobertura periodística que realizó de la crisis carcelaria, que finalmente tuvo un saldo de 30 muertos.
Para evitar que se ejecutara el millonario embargo, que llevaría a la suspensión de las emisiones, Globovisión pagó una multa de US$2,16 millones. “Vinimos a pagar la injusta y desproporcionada multa que nos aplicó Conatel en octubre”, dijo el vicepresidente ejecutivo del canal, Carlos Zuloaga. “Este pago de la multa debe anular el embargo”, expresó el responsable en el TSJ, donde decenas de trabajadores, políticos y simpatizantes de la cadena se concentraron para protestar contra la sanción.
El consultor jurídico de Globovisión, Ricardo Antela, explicó que el embargo habría obligado al canal a salir del aire. “Nosotros ya cumplimos con el pago impuesto. Esperamos que ahora ellos cumplan”, declaró.
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