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Comienzan a aparecer algunas tenues luces en el oscuro panorama del sistema eléctrico colombiano buscando evitar la amenaza de apagón financiero que pesa sobre algunas empresa comercializadoras y los cortes de electricidad que se puede presentar en varias zonas del país ante la presencia del fenómeno de El Niño que ya se traduce en un descenso en el nivel de los embalses antes la escasez de lluvias.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) anunció que alista dos decisiones relacionadas con mecanismos de manejo de la opción tarifaria que le genera una carga financiera a las electrificadoras por cerca de $5 billones.
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Esta decisión se estudia en momentos en que varios ex ministros de Minas y Energía, expresan al presidente Petro sus preocupación sobre lo que está pasando en el manejo del sistema eléctrico. ¿Está preparado el gobierno -en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos y del Ministerio de Hacienda- para asumir la intervención de un número significativo de empresas sin afectar la calidad del servicio y sin que se ocasionen los elevados costos fiscales que traen intervenciones de este tipo?, se preguntan los ex ministros de Estado.
Recuerdan que esa clase de intervenciones nunca han dejado buenos resultados para las finanzas del país, ni para el bolsillo de los colombianos. “No olvidemos que la necesaria intervención de la extinta Electricaribe, que llevó a la toma de posesión por parte de la Superintendencia entre noviembre de 2016 y octubre de 2019, ocasionó una caída en el recaudo, un aumento en los niveles de pérdidas y costos fiscales que según lo manifestado por el gobierno se acercaron a los $11 billones”.
Para conjurar el problema financiero de los comercializadores, el director de la CREG, José Fernando Prada, explicó que las resoluciones en estudio buscan establecer un mecanismo para recuperación de los saldos acumulados por aplicación de la opción tarifaria. “Este es un tema de los más críticos para la sostenibilidad de la prestación del servicio que ha generado dificultades de liquidez para varias empresas comercializadoras por los saldos acumulados que han resultado de la aplicación de la opción tarifaria”, explicó Prada.
El objetivo de la medida que prepara el gobierno busca que las empresas comercializadoras recuperen esa deuda, “pero sin que esto implique un impacto excesivo en las tarifas teniendo en cuenta la capacidad de pago de los usuarios, pero también generar, en la medida que sea posible, una estabilidad en los precios”, explicó el director de la CREG.
Recientemente el operador del mercado mayorista de electricidad, la empresa XM, mostró dos escenarios sobre las finanzas de las electrificadoras.
El primero muestra que, al menos 12 comercializadores identificados tendrían dificultades financieras. Este grupo de agentes representan el 21.8% de la demanda comercial del país. Dice el informe que “este grupo de agentes identificados podría generar un efecto sistémico en el cual se podrían ver afectados significativamente 15 agentes adicionales. De estos nuevos agentes dos atienden usuarios finales por un total de 5 GWh-mes”. Concluye para este primer escenario que “por tratarse de un grupo de agentes del tipo comercializadores distribuidores que no se pueden retirar del MEM” y podrían presentar deudas en las transacciones hasta por $431 mil millones. En este caso, el saldo de la opción tarifaria podría ser de $6.7 billones.
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En un segundo escenario, XM explica que 17 comercializadores identificados tendrían dificultades financieras. Este grupo de agentes representan el 38.7% de la demanda comercial del país. Este grupo podría generar un efecto sistémico en el cual se podrían ver afectados 19 agentes adicionales. De estos nuevos, dos atienden usuarios finales por un total de 8.4 GWh-mes. La deuda en la bolsa podría ser hasta de $827 mil millones. Mientras tanto el saldo de la opción tarifaria podría ser hasta de $8 billones.
Un informe de la CREG mostró que el saldo acumulado a julio de este año de la deuda por la opción tarifaria es de $4,9 billones y el 78% se concentra en cinco mercados: Caribemar, Air-e, Codensa, EPM y Tolima.
Ante esta situación, los exministro del sector consideran que, “una crisis de esta naturaleza, que amenaza la viabilidad del sistema eléctrico actual, tiene su origen en las enormes dificultades para que los nuevos proyectos de generación y transmisión entren en operación a tiempo y permitan reducir los niveles de exposición de la demanda y asegurar la confiabilidad en el suministro; así como en medidas que han afectado de manera grave la liquidez de las empresas como la imposición reciente de barreras para recuperar los más de $5 billones del diferimiento de la tarifa (Opción Tarifaria) que se dio como alivio en momentos de la pandemia”.
Por un lado se vislumbra una solución del lado de la deuda de la opción tarifaria, en la que la mayoría de las empresas involucradas han mostrado aprobación, pero del otro están las obligaciones por el valor de los subsidios. Para aliviar esta deuda se requieren pagos cercanos a los $300.000 millones por mes.
Sobre la deuda regional, Andesco y Acolgen proponen “realizar, por parte de los gobiernos departamentales y locales, los pagos de las deudas de energía de las entidades oficiales, que hoy es cercana a un billón de pesos, y revisar los impuestos locales que se cobran en la factura de energía para aliviar la carga a los ciudadanos”.
En la misiva enviada al presidente Petro, los exministro señalan que se requiere reconocer que la ventana de oportunidad para actuar se está cerrando y que el único camino que queda hoy es el de la financiación por parte del gobierno- como la que se ha prometido a través de Findeter y no se ha materializado- de la totalidad de los saldos de la opción tarifaria vigentes. Esta deberá ser pagada por los agentes una vez las condiciones de normalidad retornen al sector”.
Propuesta gremial
Aplicar de manera temporal, excepcional, centralizada y voluntaria, un mecanismo para que los comercializadores con mayor exposición a bolsa y que atienden demanda regulada puedan acceder a la energía no comprometida que los generadores puedan poner a disposición a un mejor precio respecto al precio de bolsa, propone Andesco y Acolgen.
Explican que esta situación se puede materializar habilitando una contratación tipo “Pague lo Generado” suscrita entre las partes resultado de una asignación centralizada tipo subasta. Asignación que se logra a través de un mecanismo centralizado y expedito sin necesidad de contratación.
Los gremios aclaran que los principios de la propuesta no afectarían la formación del precio de bolsa y sus efectos ocurrirían de manera expedita una vez se expida un documento por parte de la CREG.
Para que esta alternativa funcione sería importante habilitar mecanismos que faciliten el respaldo de los comercializadores, uno de los cuales podría ser garantías por parte de la Nación, sostienen Andesco y Acolgen.
“Con estas propuestas destacamos y ratificamos nuestro firme compromiso con la construcción de un mercado de energía eléctrica eficiente, limpio y confiable, como lo ha sido en los últimos 30 años, en el que se construya sobre lo construido”, sostienen los dos gremios.
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