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Por decisión de una juez, la USPEC deberá garantizar el derecho a una alimentación adecuada y a la dignidad humana a seis detenidos en una URI de la ciudad de Sincelejo. También se les deberá asegurar el acceso a servicios sanitarios, productos de aseo, agua potable permanente y jabón, con el fin de protegerlos del contagio del COVID-19. Esta determinación se conoce se da luego de que la Procuraduría instaurara una tutela en contra de este municipio y la Fiscalía en esta ciudad.
Según el Ministerio Público, estas dos entidades vulneraron los derechos a la salud, la integridad personal y la dignidad humana de seis detenidos. Por la emergencia sanitaria decretada por coronavirus, los detenidos han tenido que esperar para ser trasladados a su lugar de reclusión final, que sería la cárcel de mediana seguridad La Vega de Sincelejo.
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Sin embargo, el centro penitenciario notificó al comandante de la Policía en Sucre que no aceptaría más internos. Situación que dejó a los seis detenidos varados en una URI de la ciudad. Los hombres manifestaron que en la Unidad de Reacción Inmediata donde se encuentran, no cuentan con la posibilidad de que sus familias les proporcionen alimentos o elementos de aseo debido al aislamiento preventivo decretado por el gobierno y que empezó a regir a las cero horas del 25 de marzo de 2020.
Según la intervención de la Procuraduría, la situación de los detenidos va más allá de las restricciones por la cuarentena nacional. Algunos de estos no cuentan con familiares con los recursos necesarios para provisionarlos de alimentos. Mientras tanto, el riesgo de que reciban alimentos contaminados con COVID-19, se vuelve una amenaza latente de un contagio masivo. Así mismo, el Ministerio Público evidenció que, aún conociendo la situación carcelaria, la administración municipal de Sincelejo no ha tomado medidas en el asunto.
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Con estos argumentos, la juez quinta civil de del circuito de Sincelejo le dio la razón a la Procuraduría en defensa de estos seis detenidos para que se les garantice la protección de sus derechos como población privada de la libertad en medio de la crisis sanitaria por la pandemia. Además de garantizarle el goce de sus derechos, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), por medio de la Alcaldía Municipal y la Gobernación de Sucre, deberá realizarles a los detenidos la prueba de COVID-19.
En caso de que el resultado sea negativo, el INPEC tendrá que ordenar el traslado hacia la cárcel de mediana seguridad La Vega, centro de reclusión final que se ha negado en recibirlos. Y, si alguno de los detenidos resulta ser un caso confirmado, la USPEC y el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, adoptarán un protocolo claro para su atención en el centro de detención transitoria.
Mientras se esperan los resultados que les determinaría a las autoridades el paso a seguir con estos seis detenidos, la Gobernación de Sucre y la Alcaldía de Sincelejo deberán adelantar las gestiones encaminadas a garantizar las condiciones mínimas de los detenidos en la URI de Sincelejo.Asi las cosas, con este fallo se espera aliviar la crítica situación del sistema carcelario y penitenciario del país y evitar a toda costa un brote del nuevo coronavirus en estos lugares de reclusión.
* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.
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