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Cientos de personas se reunieron hace varios días ante un centro de detención conocido como Zona 7 en Caracas, la capital venezolana, apiñadas en torno a listas de presos, mientras se aferraban a bolsas de plástico llenas de comida que habían preparado para los reclusos que se encontraban dentro.
Ansiosos por obtener información sobre sus seres queridos detenidos, muchos contaron historias notablemente similares de hijos, hijas y hermanos arrestados cuando iban en moto, volvían a casa del trabajo, salían de una panadería o pasaban por casa de un familiar en los días posteriores a las controvertidas elecciones presidenciales de Venezuela.
Describieron detenciones tanto generalizadas como selectivas. Y a nadie se le había comunicado qué cargos penales enfrentaban sus familiares.
El gobierno venezolano ha montado una furiosa campaña contra cualquiera que cuestione los resultados declarados de la votación, desatando una ola de represión que, según los grupos de derechos humanos, no se parece a nada que el país haya visto en las últimas décadas.
“Llevo muchos años documentando violaciones de derechos humanos en Venezuela y he visto patrones de represión antes”, dijo Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización de defensa e investigación. “No creo haber visto nunca esta ferocidad”.
El presidente autocrático del país, Nicolás Maduro, se atribuyó la victoria en las elecciones del 28 de julio, pero el gobierno aún no ha facilitado ningún recuento de votos que respalde su anuncio. La oposición, por su parte, ha hecho públicos los resultados, que muestran que su candidato ha ganado de forma aplastante.
Ahora, según los expertos, Maduro, tras haber sido aparentemente repudiado por la mayoría de sus electores, está empeñado en castigar a quienes considera desleales.
María Vázquez, de 62 años, una vendedora ambulante de Caracas, dijo que su hijo agarró una bandera y “participó en un cacerolazo” pero que no creía que lo condenaran por eso. Vázquez apoya al gobierno e instó a su hijo a no protestar. “Es preocupante”.
El gobierno venezolano afirma haber detenido a más de 2000 personas por participar en protestas contra los resultados electorales.
Según las entrevistas con familiares y activistas de derechos humanos que documentaron las detenciones, estas se produjeron tanto en redadas indiscriminadas, en medio de las protestas, como posteriormente en detenciones selectivas en domicilios, cuando el gobierno puso en marcha lo que denominó “Operación Tun Tun”.
El aumento de las detenciones es especialmente alarmante, según los grupos de derechos humanos, porque algunos arrestos se produjeron después de que el presidente instara a sus partidarios a denunciar a sus vecinos a través de una aplicación gubernamental que se suponía que debía utilizarse para informar de problemas como la caída de líneas eléctricas.
“¡Máximo castigo! ¡Justicia!”, dijo Maduro en un mitin el sábado pasado. “¡Esta vez no va a haber perdón!”.
El resultado ha sido una agresiva represión de la disidencia destinada a silenciar a cualquiera que se atreva a cuestionar los resultados de las elecciones, dijeron los activistas de derechos humanos.
Al menos dos abogados de derechos humanos están en la cárcel, entre ellos uno que fue detenido cuando fue a solicitar información por otros detenidos. A otra activista se la llevaron del aeropuerto de Maiquetía cuando intentaba salir del país.
Cuando las autoridades se presentaron en el domicilio de María Oropeza, una dirigente del partido de la oposición en Portuguesa, al suroeste de Caracas, ella lo transmitió en directo. “Creo que primero deberías mostrarme si tienes una orden de allanamiento, ¿no?”, se le oye decirle a un agente de policía. “Porque este es mi hogar, una propiedad privada”.
Jordan Sifuentes, alcalde del municipio Mejía, el único alcalde de la oposición en el estado de Sucre, en el noreste de Venezuela, lleva una semana detenido por cargos desconocidos. El alcalde del municipio Lagunillas, en el estado de Zulia, José Mosquera, estuvo detenido seis días tras ser acusado de publicar un tuit contra el gobierno, algo que él había negado.
En los últimos días, activistas de derechos humanos y periodistas se han enterado de que el gobierno ha anulado sus pasaportes, con lo que han quedado atrapados en Venezuela.
La gente sale de sus casas sin sus teléfonos, temiendo que las autoridades los paren en la calle y miren sus mensajes en busca de contenido censurable. Un hombre en Zulia fue detenido después de que la policía encontrara en su teléfono un meme crítico con las elecciones, según su familia.
Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, una organización de derechos humanos que hace un seguimiento de las detenciones desde las elecciones, dijo que le costaba expresar con palabras la intensidad y el carácter indiscriminado de esta oleada de detenciones.
Aunque el gobierno dice que hay más de 2000 personas detenidas, Himiob dijo que las organizaciones de derechos humanos solo han podido documentar cerca de 1300 personas detenidas.
Himiob afirmó que aunque Maduro haya mencionado 2000 detenidos, no parecía ser cierto y que pensaba que eso parecía más una instrucción. “Quiere llegar a esa cifra”.
El 28 de julio, Maduro se enfrentó a un diplomático poco conocido llamado Edmundo González, suplente de una líder opositora más popular, María Corina Machado, que había sido inhabilitada por el gobierno para presentarse a las elecciones.
Unas seis horas después del cierre de las urnas, el Consejo Nacional Electoral anunció que Maduro había ganado otro mandato de seis años. Dos semanas después, el gobierno aún no ha publicado ningún dato electoral que lo demuestre.
Los recuentos recogidos por los observadores de la oposición la noche de las elecciones muestran que González ganó por millones de votos.
Al día siguiente de la contienda estallaron protestas espontáneas, algunas de las cuales desembocaron en enfrentamientos entre manifestantes, fuerzas de seguridad y grupos de civiles armados que apoyan al gobierno. Al menos dos docenas de personas murieron, según grupos de derechos humanos. Cientos de personas fueron detenidas.
Pero las detenciones continuaron días después de las protestas, a veces por boca de informantes anónimos que las denunciaban en VenApp, una aplicación que el gobierno había introducido originalmente para denunciar problemas públicos.
La aplicación ha sido retirada de Google Play y App Store, pero sigue disponible para quienes ya la hayan descargado, según Amnistía Internacional.
El uso de partidarios civiles para informar sobre los vecinos tiene ecos de lo ocurrido en Cuba, donde el gobierno comunista ha desplegado durante mucho tiempo una amplia red de informadores comunitarios.
“La Operación Tun Tun apenas comienza”, publicó Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, en Instagram. “Denuncia si has sido objeto de campaña de odio física o virtual a través de las redes sociales”.
El gobierno parecía estar empleando un enfoque “pluralista” para aplastar la disidencia, dijo Jiménez, de la organización de investigación, utilizando todos los métodos a su disposición, incluyendo la tecnología, las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, civiles armados y las fuerzas armadas.
Jiménez aseveró que el abanico de herramientas que está utilizando el gobierno es algo que no se había visto en ciclos anteriores de represión en el país.
Maduro insistió en que los detenidos habían participado en un golpe fascista de extrema derecha para derrocarlo. Se pagó a personas para que quemaran centros electorales y derribaran estatuas del expresidente Hugo Chávez, dijo, añadiendo que habían confesado sus crímenes.
Las personas detenidas serán acusadas de incitación al odio y terrorismo, según el gobierno, y los activistas afirmaron que habían sido remitidas a un tribunal especializado en terrorismo en Caracas. Algunos de los detenidos fueron sorprendidos cometiendo actos de vandalismo, como derribar estatuas del gobierno, pero muchos otros estaban simplemente en el lugar equivocado y en el momento equivocado, dijeron abogados defensores de los derechos civiles.
El Ministerio Público no respondió a la solicitud de comentarios.
El jueves, la familia del líder del partido de la oposición Américo De Grazia, de 64 años, anunció en Instagram que llevaba desaparecido más de 24 horas.
Su hija, María De Grazia, de 30 años, dijo que tras recibir amenazas en las redes sociales, su padre, exalcalde y exdiputado, dejó su casa en Upata y viajó 724 kilómetros hasta Caracas. Tras cinco días allí, desapareció repentinamente.
La familia se enteró de que estaba en la cárcel, pero dijeron que no les habían informado la razón.
De Grazia, quien vive exiliada en Houston, dijo que no habían ido al domicilio con una orden de allanamiento. Agregó que de no haber sido por un familiar que buscó exhaustivamente, todavía no sabrían de su paradero.
El gobierno se aferraba al poder, dijo, deteniendo a todo el mundo, desde líderes estudiantiles a políticos conocidos, pasando por ciudadanos de a pie. Los activistas de la oposición apenas tenían posibilidades frente a un aparato tan organizado.
De Grazia afirmó que la situación era como ir a una guerra “armados con un tenedor de plástico”.
Nayrobis Rodríguez colaboró con reportería desde Sucre, Venezuela, y Sheyla Urdaneta desde Maracaibo, Venezuela.
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