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Meses después del golpe en contra del presidente de Chile, Salvador Allende, en 1973, un grupo de escritores suramericanos fueron invitados para presidir y servir como jurados en el Segundo Tribunal Russell.
El primero había sido creado por Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre con el fin de considerar el caso de la intervención estadounidense en Vietnam, a la luz de los principios establecidos durante los juicios de Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial.
Russell II utilizaría principios similares, reinventándolos para la situación concreta de Latinoamérica en los setenta. Entre los invitados estaban Gabriel García Márquez, quien copresidió el tribunal; Julio Cortázar, quien sirvió como jurado, y el dominicano Juan Bosch, entre otros y otras.
Al considerar lo sucedido en Chile durante y después del 11 de septiembre de 1973, los integrantes latinoamericanos del Tribunal Russell II se enfrentaron a un dilema. De una parte, podían crear una cultura, en el sentido más vago del término, de los derechos humanos. Dicha cultura estaría basada en sentimientos de impotencia frente a los agresores y los poderosos, culpa por las acciones u omisiones propias, siempre tardías, la ansiedad por prevenir el próximo holocausto, y el juicio a otros por lo que éstos han hecho a otros con el fin de demostrar que nosotros no tenemos una cultura de impunidad.
De la otra, podían optar por el camino originado en Nuremberg. Motivar a ciudadanos trabajando en los niveles medios de las instituciones para documentar y cuestionar las órdenes ilegales que han recibido y se supone deben aplicar, y las malas leyes que alegan justificar dichas órdenes, creencias o acciones. Al tiempo, asumir estas medidas dañinas pero bien documentadas como una razón tanto más poderosa para juzgar a las autoridades.
Esto implicaría considerar seriamente las demandas de justicia remedial e igualdad presentadas por quienes han sufrido los efectos de las medidas dañinas que las autoridades suelen tomar en situaciones de “emergencia”. Prueba de su enorme valor intelectual y político, es que los miembros de Russel II optaron por enfatizar la segunda opción.
El coraje para con la verdad de Edward Snowden y de quienes protestan en Brasil es la herencia legítima del legado que nos han dejado estos grandes latinoamericanos. En cambio, sugerir siquiera que un posible perpetrador sea “el gran colombiano” suma el máximo insulto al daño ya hecho. Debería ser un motivo de vergüenza nacional. Que no lo sea verifica cuán bajo han caído nuestros valores políticos.
Pero es posible corregir ese daño. Quizá en el futuro, alguien como Iván Cepeda, Alejandra Barrios, Juan Gabriel Vásquez o las personas del Catatumbo, cuyas políticas difieren, aspiren a ese título.
*Óscar Guardiola Rivera
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