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Desde 2012, el Ejército tiene una deuda con los colombianos: hacer más sencillo el trámite para sacar la libreta militar, documento que certifica que se cumplió o se está exonerado del servicio militar. Para cumplir con ese mandato, se han invertido alrededor de $3.500 millones en crear una página web (libretamilitar.mil.co) que ha recibido todo tipo de quejas: se cae, no guarda la información o no asigna citas. Lo que no sabe el país es que detrás de estas fallas en el servicio hay un millonario proceso judicial por corrupción, en el que están a punto de ir a juicio tres oficiales.
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El proceso, que se ha manejado con total sigilo, quedó al descubierto en los correos internos de la Fiscalía, filtrados por el grupo de hackers Guacamaya y Distributed Denial of Secrets, conocidos por El Espectador. Entre los documentos de las más de 38.000 carpetas están informes contables, actas de audiencias y documentos de los responsables. El expediente da cuenta de un entramado de corrupción que, en 2013, habría entregado a dedo el millonario contrato para crear el software de libretamilitar.mil.co, movida que oficiales del Ejército intentaron justificar con el argumento de que era un “gasto reservado”, figura que les permite contratar de manera directa y casi en secreto.
Por estos hechos, en enero de 2022, fueron vinculados a un proceso penal los coroneles activos Carlos Fernando Moreno Jerez, quien para 2013 era el director de Reclutamiento del Ejército; su subdirector, Javier Hernando Rojas Manosalva, y el gerente de contratación de esa unidad, Luis Francisco Lara Salamanca. Las firmas de los tres están en documentos que crean la imagen de que todo el proceso de contratación del software fue transparente, pero la fiscal del caso sostiene que no lo fue. “Es público y notorio que, hasta la fecha, miles de colombianos no han podido regularizar su situación militar debido a las falencias e inoperatividad de esta plataforma”, les dijo al imputarles cargos a comienzos de este año.
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Las irregularidades de los contratos
La fiscal del caso, Angélica Monsalve, recordó en la audiencia que desde 2012 el Gobierno emitió un decreto que le daba un año al Ejército para crear una página web, en la que los ciudadanos pudieran realizar el trámite de la libreta militar y pagar la suma correspondiente por el documento. Al año siguiente, el coronel Rojas firmó un contrato en el que le pagaba $2.500 millones a una unión temporal de dos empresas, NEC Colombia e Intelecto, por desarrollar el software, que recibió el nombre Fénix. El proceso se había adelantado de manera directa, es decir, nunca hubo una licitación, sino que Reclutamiento seleccionó la empresa.
Para justificar su elección, los oficiales dijeron que el proceso debía adelantarse como uno de “gastos reservados”. La misma modalidad con la que la Fuerza Pública les paga a fuentes por información y compra de armamento, fue utilizada para contratar un software al que podría acceder cualquier ciudadano. Y no solo suena extraño. Para la Fiscalía es una irregularidad. De hecho, según la investigación, una de las funcionarias a cargo de la contratación en la oficina de Reclutamiento del Ejército alertó a los tres oficiales de que el proceso no podía adelantarse de esta manera. No una, sino varias veces. “Sin embargo, hicieron caso omiso”, les reprochó la fiscal.
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Al finalizar 2013, cuando la plataforma de libreta militar debía estar lista, el coronel Rojas Manosalva firmó un acta de recibo a satisfacción del contrato. Es decir, un documento “donde dice que los bienes entregados cumplían con las especificaciones técnicas y que, además, fueron entregados dentro del plazo”, explicó la fiscal. Sin embargo, esto no sería cierto, según la investigación, porque el sistema Fénix entró en producción en agosto de 2014. En otras palabras, las pruebas apuntan a que las empresas solo comenzaron a desarrollar el software casi ocho meses más tarde de vencido el plazo del contrato. Y eso no fue lo único que dejaron vencer.
También a finales de 2013, y a pesar de los retrasos evidentes en el contrato, estos tres oficiales les dieron un contrato más a las mismas compañías. Esta segunda contratación ascendía a los $400 millones, se supone, para capacitar a los funcionarios de la Dirección de Reclutamiento en la utilización del software. No obstante, la Fiscalía sostiene que esa formación estaba incluida en el contrato inicial y no tenían por qué contratarlo de nuevo. La cosa se complica más: existió un tercer contrato con las mismas empresas. Este último se firmó en 2016 y, según el expediente, era para que le hicieran mantenimiento a la página web y así solucionar las críticas de miles de ciudadanos.
Ese tercer contrato tiene tres agravantes. El primero, que ese tipo de mantenimiento estaba incluido, asimismo, en el contrato inicial. El segundo, que ese monto hubiera podido ser cubierto por la garantía del contrato, solo que, según la Fiscalía, Rojas Manosalva dejó que se venciera cuando firmó el acta de recibo sin que estuviera listo el software. Y el tercero, que para cuando se firmó el último contrato, el incumplimiento era tan innegable que el Ejército ya les había impuesto una sanción a los contratistas. La sanción la firmó el propio coronel Moreno Jerez y, a pesar de que no había sido pagada, en Reclutamiento volvieron a contratar a las mismas empresas.
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A juicio de la Fiscalía, estas posibles irregularidades constituyen los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros. Moreno, Rojas y Lara, por su parte, han dicho ser inocentes. Pero la historia concluye, en palabras de la fiscal Monsalve, en que “la necesidad que se pretendía satisfacer por parte de la Dirección de Reclutamiento del Ejército no fue plenamente satisfecha”. Tras 10 años de la norma que le ordenaba a la Fuerza Pública facilitar los trámites para acceder a la libreta militar, ese deber sigue siendo una deuda.
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