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Lo ocurrido en San José del Guaviare con 98 militares de la Fuerza de Tarea Omega mostró desconexión dentro del Gobierno, incomodidad en las comunidades, fricciones en la labor de las Fuerzas Armadas y nuevas preguntas sobre los ceses al fuego en el marco de las negociaciones de paz. El cruce de versiones sobre lo que había pasado exige que el Gobierno, representado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, le explique al país qué fue lo que pasó, qué medidas se tomarán, cómo se va a proteger la vida de los uniformados y de qué forma se atenderán las preocupaciones de la ciudadanía.
La situación es confusa. El viernes, los 98 militares fueron rodeados por la Guardia Indígena y les dijeron que no podían salir de la zona, pues se trataba de un “cerco humanitario”. Cuarenta de ellos fueron liberados, pero el resto estuvo sin poder salir durante 72 horas. Aquí es donde empieza el cruce de versiones.
Cuando ocurrió la liberación, el Ejército Nacional afirmó en un comunicado que “tras más de 72 horas secuestrados, los 66 uniformados pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega comienzan a salir de la zona en donde permanecían”. La palabra clave es “secuestro”. El ministro Velásquez escribió en su cuenta de X que “la continuidad del secuestro de los soldados en San José del Guaviare obligará a replantear el cese al fuego con el bloque Jorge Suárez Briceño”. Se refería al Estado Mayor Central, grupo con el que el Gobierno adelanta negociaciones. Lo propio hizo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo: “Si no se liberan y se frena la extorsión generalizada de esa estructura armada ilegal a la población de Meta, Caquetá y Guaviare hay que revisar la conveniencia de mantener un cese que no beneficia a los habitantes de la región”.
Dentro del mismo Gobierno, no obstante, se rompió la coherencia de esa versión. Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno con el EMC, aseguró que la realidad era distinta. Citando a Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, explicó que “las personas son miembros campesinos. Están identificados como guardias indígenas y representación de juntas comunales. No es una confrontación entre el Ejército y grupos ilegales”. También fue enfático en lo que se sintió como una desautorización de lo dicho por los ministros: “No son guerrilleros disfrazados de civiles, son campesinos de carne y hueso, yo me he reunido con ellos, hemos estado en Concordia, en Puerto Rico, y tenemos un proceso para transformaciones territoriales con participación de estas organizaciones”.
La versión de la comunidad es similar a la de González Posso. En entrevista con La W Radio, Diomedes Torres, líder campesino de Guaviare, dijo que lo ocurrido “es el único medio de manifestación pacífica que tenemos con estos escenarios. No podemos llamarlo secuestro porque en ninguna parte del mundo ningún civil ha secuestrado a ningún armado, una cosa es un sometimiento, distinto a un secuestro y una retención”. También denunció atropellos del Ejército. El EMC, por su parte, negó estar detrás de lo ocurrido.
Necesitamos claridades cuanto antes. Sea la comunidad actuando libremente o bajo influencia del EMC, es inaceptable que no permitan la labor del Ejército. Sus reclamos, por supuesto, deben investigarse, pero igual proteger la integridad y los derechos de los uniformados. Si el Gobierno tiene pruebas de la influencia de los grupos armados, necesita compartirlas y hacerlas valer en la mesa de negociación. Debe cuidar, eso sí, la estigmatización a las comunidades. De tanta confusión, es urgente conocer las respuestas.
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