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Egipto: ¿en manos militares?

El candidato islamista, Mohamed Mursi, fue declarado vencedor antes de conocerse el resultado oficial, que podría cambiar a última hora.

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Luego de las elecciones presidenciales en Egipto, por fin parece que todos ponen sus cartas sobre la mesa: los Hermanos Musulmanes, que habían prometido no aceptar más del 30% del Parlamento ni participar en la campaña presidencial, hoy salen a la calle ante la disolución de un parlamento en el que tenían el 47% y el riesgo de que su candidato presidencial, Mohamed Mursi, sea declarado a última hora perdedor.

Ahmed Shafiq, exgeneral y ex primer Ministro de Mubarak, segundo en la contienda presidencial, recién salió de un silencio prudente, reivindicando ser el ganador. Su campaña estuvo basada en sembrar el miedo en torno a Mursi, a quien calificó de islamista, en acusar a los manifestantes de estar en contra de la estabilidad y la seguridad necesaria para progresar, y en anunciar días aciagos para los coptos si ganaba Mursi, logrando que una parte importante de la población dejara de verlo como exministro y empezara a verlo con esperanza.

Y los militares, que se habían declarado “guardianes de la revolución”, neutrales en las protestas de 2011 y garantes de unas elecciones, acaban de disolver el Parlamento de manera legal aunque oportunista, y modificaron la Constitución adjudicándose poderes legislativos y dejando claro que el presidente no será el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. No hay que olvidar que su otrora máximo líder, Hosni Mubarak, fue juzgado y condenado sin que tal juicio salpicara a ninguno de los militares autores materiales de los delitos de los que se acusó al exdictador, como la muerte de alrededor de 800 personas durante las protestas de 2011.

El apoyo popular, que permitió dar el poder de manera temporal a los militares en febrero de 2011, se ha ido diluyendo por el temor de que éstos se apoltronen allí. Hace pocos meses los militares amenazaron con nombrar directamente a los miembros del Parlamento y luego filtraron a los candidatos a presidentes mediante una junta electoral a su servicio. Parte de esa tendencia es el reciente decreto promulgado por el ministro de Justicia, que autoriza la detención de personas por parte de los militares y la decisión de que, en caso de que el Parlamento “falle”, su vacío será llenado por las Fuerzas Armadas.

Esas decisiones han sido calificadas como un “golpe de Estado”. Por esto, los ahora rivales en el Parlamento y frente a las elecciones (algunos de ellos llamaron al boicot electoral) vuelven a estar juntos en el sitio más emblemático de las revueltas: la Plaza de la Liberación o Tahrir.

A pesar de la promesa de los militares, repetida en estos días, de que el 30 de junio entregarán el poder al ganador, el escepticismo es creciente. En el mejor de los casos, los militares dejarían el poder ejecutivo pero conservarían una total autonomía en el poder militar y el derecho de intervención en el legislativo. A esto hay que sumar sus conglomerados empresariales, su histórico poder político (de sus filas han salido los presidentes) y su extensa red clientelista.

El debate electoral empieza a quedar sobrepasado por el debate sobre los legítimos dueños del poder: además de preguntar quién ganó, se pregunta qué poder tendrá el ganador. El gran error ha sido buscar la legitimidad de los cambios políticos del futuro en la legalidad y la institucionalidad del pasado, la que precisamente perpetuó a Mubarak y a los militares en el poder.

Hace un año la plaza Tahrir era más homogénea en sus consignas y más esperanzada. Hoy luce más escéptica y variopinta, pero igual de combativa. Así, una revuelta sin vanguardia termina atrapada entre vanguardias que corren a ponerse al frente de la marcha, aunque no siempre sean sus legítimas dueñas.

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