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Así como la Procuraduría se la jugó toda con una acción popular para proteger los derechos colectivos de los ciudadanos, recién empezaba a coger fuerza el escándalo de Odebrecht en 2017, su intención fue la misma con el caso de Hidroituango. Lo hizo en febrero del año pasado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en donde presentó el recurso judicial alegando que, ante la crisis por el desbordamiento del agua por encima de la represa, se estaban violando los derechos de los habitantes a un ambiente sano, a la salud y la salubridad pública. La estrategia estaba enfilada en lograr lo mismo que con el escándalo de los brasileños: que un juez declarara que sí afectaron derechos de los colombianos.
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Sin embargo, hasta ahora, la historia no ha sido la misma y todo apunta a que el problema está, precisamente, dentro de la Procuraduría. Así lo determinó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en una decisión del 28 de enero de este año. Según el recurso, el Ministerio Público omitió un requisito elemental que, como indica la ley, se debe cumplir para que un juez pueda estudiar una acción popular. De acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), quien busca presentar un recurso de esta naturaleza debe, antes de ir a los estrados judiciales, pedirles a quienes busca demandar, que adopten las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo que considera amenazado o violado.
La Sección Primera del Tribunal estudió la acción popular y encontró que la Procuraduría no cumplió este paso con ninguna de las entidades que busca demandar: ni con el Ministerio de Ambiente, ni la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), tampoco con las Empresas Públicas de Medellín (EPM), ni con la Sociedad Hidroeléctrica de Ituango. Pero, además, dejó claro que esta petición ya se la había hecho al Ministerio Público el año pasado y que, aun así, no corrigió el error. Por el contrario, solo anexó unos documentos que, explicó el Tribunal, no corresponden a las solicitudes que debía realizar. En consecuencia, los tres magistrados que estudiaron el caso rechazaron la acción popular de la Procuraduría.
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El recurso del Ministerio Público es clave en el marco de la crisis que arrancó en abril de 2018, pues busca proteger a las comunidades que resultaron afectadas. Para la Procuraduría, los demandantes cometieron una serie de errores en el proyecto hidroeléctrico más grande del país que desembocaron en la emergencia. Según la acción popular, estas equivocaciones causaron “graves afectaciones sociales, económicas y ambientales, especialmente al ecosistema en varios municipios de Antioquia, Sucre y Bolívar, pues ocasionó la muerte de más de 65.000 especies como peces, reptiles, anfibios y demás organismos como plancton y fitoplancton, entre otros microorganismos, necesarios y fundamentales para el ecosistema”.
Para la Procuraduría, los que más comparten responsabilidades son EPM e Hidroituango, pues, explicó en la acción popular, uno de los factores que más afectó los derechos e intereses colectivos está relacionado “con el ocultamiento e inexactitud de la información que ha sido suministrada (…) la cual no ha sido veraz ni confiable, pues con ella siempre se ha tratado de ocultar la realidad de la problemática”. La acción popular señala que la información sobre las contingencias que llevaron a la crisis de abril de hace dos años no fue entregada de manera completa y oportuna a las entidades reguladoras. Además, que las respuestas de las entidades han sido incompletas, confusas e inconexas.
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En junio del año pasado, un estudio de la firma noruego-chilena Skava demostró que la obstrucción de un túnel auxiliar de la hidroeléctrica (conocido como GAD), puso en tal peligro el proyecto que ocasionó el riesgo de un desbordamiento de las aguas por encima del muro del embalse que mide 278,03 metros. El agua del río Cauca alcanzó a desbordarse a las riberas y playas cercanas a la represa, lo que obligó a cientos de familias de Puerto Valdivia, Valdivia, Cáceres, Tarazá y Puerto Antioquia a desplazarse. Hidroituango se paralizó por completo. Los ojos de las autoridades se concentraron en Ituango. La Fiscalía anunció investigaciones con los empresarios de la empresa y la Procuraduría hizo lo propio.
Además de las investigaciones disciplinarias, la estrategia del Ministerio Público frente a este caso incluía la acción popular. El encargado de esta línea fue el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Augusto Blanco Zúñiga, quien hasta hace unas pocas semanas estuvo en una de las listas de candidatos para ser elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, como ficha clave de la hoy ministra de Justicia, Margarita Cabello (Blanco Zúñiga fue su magistrado auxiliar). Sin embargo, perdió el pulso con el abogado y profesor Francisco Ternera. El procurador y su equipo de trabajo insisten en que sí cumplieron con todos los requisitos para presentar el recurso.
Así se lo hizo saber al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que le envió al Consejo de Estado la apelación de la Procuraduría frente a su decisión de no estudiar la acción popular. El recurso está en el alto tribunal desde el pasado 21 de febrero y se espera que en las próximas semanas se tome una decisión de fondo que determinará el futuro de esta acción popular.
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