Paraguay: lucha a muerte entre campesinos y policías

El choque se produjo entre unos 150 ocupantes y 300 policías, explicó el ministro del Interior, Carlos Filizzola, quien indicó que «hubo disparos de parte de ellos (los campesinos) y la Policía tuvo que responder», y agregó que «se actuó con base a una orden judicial. Hemos actuado como la ley manda. Sabíamos que había armas, sobre todo rifles, escopetas y armas cortas. Por eso enviamos al lugar a 300 efectivos para cumplir con el desalojo», explicó. Los jefes policiales que se disponían a negociar con los líderes campesinos «fueron recibidos a balazos», contó el ministro. Agregó que los agentes, a excepción de los altos mandos, no llevaban sus armas de fuego, solo cachiporras, escudos y armas para balines de goma.

Walter Gómez, comisario jefe de investigaciones de Canindeyú (departamento cuya capital es Curuguaty) dijo que los campesinos tenían armas de grueso calibre, como fusiles M-16. «En minutos los policías cayeron víctimas de los balazos», subrayó. Las balas que provinieron de los ocupantes perforaron los chalecos antibalas, lo que hace presumir a los investigadores que las armas son de uso militar. Gómez dijo que los heridos fueron inmediatamente evacuados en los helicópteros policiales, que también recibieron proyectiles durante el ascenso. Sin embargo, agregó que «hasta el momento no contamos con información de que esto tenga vinculación con guerrilleros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)», un grupo armado clandestino que opera en el norte del país, y al que se le atribuyen ataques a comisarías y el robo de sus armas.

Los invasores del terreno, una reserva natural propiedad del empresario Blas Riquelme, se dispersaron y se internaron en una zona boscosa, pero fueron rodeados por la fuerza. «Seguimos allí con 321 efectivos, en el lugar, apoyados por helicópteros», destacó Filizzola. La propiedad de Riquelme, empresario del sector de los supermercados, está en una región ocupada en gran parte por los llamados «brasiguayos», prósperos productores de soja brasileña, instalados desde hace 40 años en las tierras más fértiles del país, en la cuenca del río Paraná, en la zona fronteriza de Paraguay con Argentina y Brasil.

El presidente Fernando Lugo repudió los enfrentamientos, manifestó su «absoluto respaldo» a las fuerzas de seguridad y extendió sus pésames a los familiares de los policías fallecidos. «Todas las áreas del gobierno están trabajando en este momento en líneas de acción para devolver la calma y la tranquilidad a Curuguaty», manifestó. Lugo convocó a la casa presidencial a sus ministros del Interior, de Defensa y al comandante de las Fuerzas Militares para analizar la situación. El Senado, por su parte, invitó a una plenaria para debatir el establecimiento del estado de excepción en el departamento de Curuguaty.

El dirigente campesino José Rodríguez, vinculado al presidente Lugo, dijo que el enfrentamiento «pudo haber sido un auto atentado de la policía» para justificar supuestamente las muertes de los sin tierra. Políticos de la oposición lanzaron duras críticas contra Filizzola y pidieron su renuncia. «Garantizaron la integridad de los campesinos y despreciaron la vida de los policías. Por eso se produjo la masacre», dijo el diputado Salyn Buzarquis. La gobernadora del departamento de Canindeyú, Cristina Villalba, calificó a Filizzola de «irresponsable» tras recordar que le había advertido que un desalojo violento iba a desembocar en pérdida de vidas. También dijo que «coincidencia o no, los que lideraron esta ocupación son amigos del Presidente. Están al lado de sus principales colaboradores», en referencia a los vínculos de Lugo con el campesinado, y agregó que el presidente «no tiene voluntad para cortar de raíz esta situación». Afirmó que los dirigentes campesinos «tienen sus propiedades en Curuguaty y hacen un negocio de las ocupaciones», que poseen «una radio comunitaria desde donde incitan todos los días a la violencia, instalan el tema de la lucha entre ricos y pobres y así avasallan impunemente los intereses de la gente.