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En medio del cierre convulso que ha tenido 2025 con los decretos firmados por el presidente Gustavo Petro en los que se anunció la emergencia económica y la noticia de un salario mínimo para 2026 que aumentará en un 23,7 %, el panorama político nacional se tambalea.
Ad portas del nuevo año, hay varios asuntos que quedaron pendientes y deberán resolverse en el intenso año electoral que llegará en unas cuantas horas. Entre reformas, elecciones legislativas y presidenciales y el pulso del oficialismo con la Corte Constitucional por el decreto de emergencia económica, el gobierno Petro entra al epílogo de su ciclo en el poder.
Las reformas que quedaron pendientes para 2026
A pesar de que la última legislatura de cada Congreso suele tener menor ritmo de trabajo, los primeros seis meses del año avistan más movimiento que de costumbre. Desde el Gobierno aún se tienen varios proyectos en fila a los que les falta la aprobación en el Legislativo, entre ellos el que busca mantener a flote el Ministerio de la Igualdad, la reforma a los servicios públicos y la ley minera.
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A pesar de que varias bancadas han manifestado que no hay un ambiente propicio para avanzar en los debates y que el Gobierno ya no conforma la mayoría dentro del Congreso, los proyectos siguen en marcha, aunque con poca fuerza, ya que todas las energías están volcadas en las elecciones presidenciales.
Como prueba de esta situación está el reciente hundimiento de la Ley de financiamiento con la que el Ejecutivo buscaba COP 16,3 billones para el presupuesto del año que entra, lo que posteriormente terminó por perjudicar la discusión sobre la Reforma a la Salud, que fue archivada a mediados de diciembre en la Comisión Séptima del Senado.
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En el contexto electoral se tornan aún más complejas estas discusiones, pues se acercan las elecciones legislativas en las que varios congresistas buscan reelegirse y prefieren evitar la luz de los reflectores frente a temas polémicos.
El proyecto que busca salvar al Ministerio de la Igualdad:
Después de que la Corte Constitucional determinara que había vicios de trámite frente al Ministerio de la Igualdad de Juan Carlos Florián y que las Comisiones Primeras conjuntas aprobaran que se iniciara el debate de la ponencia positiva que salvó al proyecto de ser archivado en 2025, la cartera tiene hasta el próximo 20 de junio para obtener la aprobación del Congreso.
Este ministerio ha recibido críticas por su baja ejecución y ha sido foco de escándalos debido a denuncias internas y polémicos intentos de nombramientos como el de Juliana Guerrero, que fue descartado luego de que se probara que Guerrero no había presentado el Saber Pro para obtener su título universitario. El desenlace de la discusión se definirá en los próximos seis meses tras su paso por las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes, entonces sabremos si el ministerio logra sobrevivir.
Ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria:
A eso se suma otro proyecto clave, que pasó hace más de un año por las plenarias del Senado y de la Cámara, ubicándose en el centro de un acuerdo entre el Gobierno y las bancadas: la ley ordinaria de la jurisdicción agraria. Sin embargo, desde ese momento no se ha logrado una votación en ninguna de las cámaras lo que ha generado que desde varios sectores se pida que este tema vuelva a ponerse en la agenda.
Ley de sometimiento:
Por otro lado, el pasado 20 de julio de 2025 llegó a la Comisión Primera de la Cámara una ley de sometimiento que no tuvo mucha resonancia, pues recibió duras críticas por los beneficios que daría a los líderes de estructuras criminales. Esta ponencia, radicada a finales de octubre, nunca fue discutida en la comisión.
Si bien el texto ya pasó a segundo plano, ha sido importante dentro del debate electoral, pues en él se incluía una rebaja de penas de hasta el 60 % a los integrantes de grupos armados al margen de la ley que se sometieran a procesos de paz, además de la posibilidad de retener hasta el 12 % de los bienes obtenidos mediante la actividad ilegal, siempre y cuando se haya hecho un reporte completo de las posesiones y que estas sean auditadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Las críticas a la política de paz total también han enredado esta iniciativa.
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En materia de reformas, a pesar de la coyuntura electoral, parece que la intención sigue siendo moverlas dentro de la Cámara y el Senado, donde seguramente el Ejecutivo no tendrá mucho éxito. Sin embargo, todo se definirá en el último periodo legislativo del actual Congreso y se podrá determinar si los proyectos se sostienen o no.
Año electoral: aval de candidaturas por firmas, consultas interpartidistas y elecciones
La contienda electoral comienza temprano. A más tardar el 21 de enero de 2026, la Registraduría Nacional deberá revelar cuáles serán los candidatos que logren el aval para sus candidaturas a través del mecanismo de recolección de firmas. En total son 22 los precandidatos que buscan sumarse a la contienda presidencial y un total de 28 millones de firmas que tendrán que ser revisadas por la Registraduría. A corte del 30 de diciembre ya se había descartado la candidatura de siete precandidatos que no cumplieron con los requisitos, según el registrador Hernán Penagos.
Luego de esta fecha, se vienen dos paradas clave: las consultas del 8 de marzo junto con las elecciones a Congreso y la primera vuelta de elecciones presidenciales el 31 de mayo.
8 de marzo: consultas interpartidistas y elecciones legislativas
En esta fecha se llevan a cabo las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas. Estas últimas ya tendrían un camino claro para determinar quienes serán los integrantes.
Por ahora son dos grupos: La Gran Consulta de la derecha y centroderecha en la que participarán: Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Daniel Palacios, Mauricio Cárdenas y Vicky Dávila, y se espera que figuras como Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa también se integren. Y el Pacto Amplio en el que manifestaron su intención de participar: Iván Cepeda, Roy Barreras, Daniel Quintero y Camilo Romero. Las y los precandidatos tienen hasta el 22 de febrero para anunciar su intención de participar en esas votaciones ante la Registraduría.
En cuanto a las elecciones para el Congreso, 24 horas después de que se suspenda la posibilidad de hacer campaña —el primero de marzo— se inician las votaciones en el exterior. Siete días más tarde, se llevarán a cabo las elecciones nacionales para el Legislativo con más de 3.200 candidatos que buscan renovar un periodo más en el Congreso y/o estrenarse en el Capitolio entre 2026 y 2030.
31 de mayo: primera vuelta de las elecciones presidenciales
Dos meses y 23 días después de las elecciones al Congreso inician las elecciones para definir quién será el/la nueva presidenta de Colombia. Según la más reciente encuesta Invamer, publicada el 25 de noviembre —antes de que se anunciara a Paloma Valencia como la candidata del Centro Democrático— los datos arrojaron que el candidato del oficialismo que ha recibido de lleno el apoyo del presidente Petro, Iván Cepeda, ganaría con un 31,9 % de los votos en primera vuelta, derrotando a Abelardo de la Espriella que figuraba en segundo lugar con un 18,2 % de los votos. En una eventual segunda vuelta, Cepeda arrasaría con un total de 59,1 % de los votos, frente a De la Espriella que perdería con el 36,2 % de los votos. Este panorama sería ideal para los objetivos del presidente Gustavo Petro, quién manifiesta constantemente su intención de lograr una reelección de su proyecto político.
Sin embargo, el panorama político se mueve constantemente y nuevos anuncios podrían generar que la intención de voto se modifique. Hasta este 31 de diciembre no existe certeza sobre quién podría ganar la contienda. De no lograr la definición durante estas elecciones con el 51 % de los votos, se implementaría una segunda vuelta el 21 de junio en la que figurarían las o los dos candidatos que más votos obtuvieron en primera vuelta.
Pulso con la Corte Constitucional por la declaratoria de emergencia económica
Por último, dentro de lo más relevante en la agenda política nacional para 2026, estarán las tensiones entre la Corte Constitucional y el Gobierno Petro, debido a la declaración de emergencia económica que decretó el mandatario colombiano durante diciembre de 2025.
Aquí es importante aclarar que el Gobierno decidió emitir este decreto en el periodo de descanso de la Corte Constitucional, por lo que esta se reunió de manera extratemporal para definir si se revisaría el decreto antes de que terminara el periodo de vacancia o no.
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Al respecto, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que empezaría a estudiar las medidas gubernamentales a mediados de enero de 2026 cuando vuelvan del periodo de descanso. Los magistrados consideraron que, aunque el decreto debe pasar automáticamente a revisión de la Corte Constitucional, no pueden hacer nada hasta que termine la vacancia.
Para tomar esta decisión acudieron a los decretos con los que se declararon estados de emergencia expedidos por otros gobiernos cuando no estaban en funcionamiento los despachos, evidenciando que, en estas ocasiones, los decretos se revisaron después de volver de vacaciones.
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El objetivo de este decreto es imponer nuevos impuestos para recaudar COP 11 billones que faltan para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026. Dentro de las modificaciones tributarias que acompañan el decreto está el cambio en el impuesto al patrimonio, aumento de la sobretasa, cambios en el IVA e impuesto al consumo de licores y tabaco.
Tras conocerse el decreto, desde distintos sectores políticos se le hizo un llamado a la Corte Constitucional para que revisara de manera extraordinaria el documento. Entre ellas, se manifestaron las senadoras Paloma Valencia (candidata presidencial) y María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, pidiendo a la Corte que le dieran prioridad a la discusión de este decreto, pues consideran que no tiene sustento jurídico.
Por su parte, el presidente Petro dijo que si la Corte Constitucional vuelve a tumbar una emergencia económica como esta, se generaría una crisis. “Si la Corte Constitucional decide derribar el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave. […] El decreto de emergencia en materia tributaria se basará en los mismos criterios que las comisiones económicas del Congreso rechazan. Los nuevos recursos solo deben salir de los megarricos que han sido los beneficiarios de la política económica”, sostuvo el presidente.
Los enfrentamientos entre la Corte y el oficialismo no son nuevos: tras la denuncia de la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) que generó una devolución del proyecto de la Reforma Pensional a la plenaria de la Cámara de Representantes para subsanar vicios de trámite, la Cámara volvió a aprobar la Reforma a mediados del 2025 y el proyecto quedó en manos de la Corte Constitucional. Sin embargo, al hacer la votación para determinar su destino, la pensional quedó en un empate que frena su aprobación. Ahora esta en manos del abogado Carlos Pablo Márquez, pero aún no hay una decisión definitiva.
Al respecto, el presidente Gustavo Petro aseguró que parte de la Corte Constitucional “se mueve para hundir la reforma pensional” y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que “el empate y la necesidad de un conjuez se suman a una larga cadena de dilaciones que mantienen en vilo a 26 millones de trabajadores y a 3,1 millones de personas mayores que esperan su bono pensional”.
La situación promete movimiento en diferentes sectores y a diferentes velocidades. A mediados de año puede que el panorama esté más claro y se tendrá certeza sobre los proyectos que se hundieron o no en el Congreso, los resultados de las elecciones y el paso a seguir después de que la Corte constitucional discuta el decreto de emergencia económica firmado por el presidente Petro. Además, la seguridad y las tensiones con Estados Unidos también influenciarán el inestable panorama político.
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Por Luna Mejía Farías
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