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Cinco cuadernos con más de 300 folios cada uno. Así de voluminosa es la investigación que un fiscal especializado en delitos ambientales adelanta desde hace dos años contra una comunidad religiosa que se asentó desde 2016 en Puerto Gaitán (Meta). Se trata de una colonia de menonitas, rama del cristianismo de origen alemán, que compró cerca de 30.000 hectáreas en esta región de los Llanos Orientales que en el pasado estuvieron en manos de narcotraficantes. El Espectador tuvo acceso a ese expediente, luego del masivo hackeo que sufrió la Fiscalía, aunque Francisco Barbosa, su director, no ha dado explicaciones del grave hecho.
(Lea más entregas del Hackeo a la Fiscalía aquí)
Lo que han podido establecer las autoridades es que cerca de 300 personas habitan tres megafincas: Liviney, Australia y La Florida, destinadas a labores agroindustriales y que algunos predios serían de origen baldío, es decir, propiedad del Estado y solo pueden ser adjudicadas a campesinos que no tienen acceso a tierra. Otros predios les fueron comprados a dos viejos conocidos de expedientes judiciales: Édgar Augusto Gutiérrez y Wilson Rodrigo Jiménez, ganaderos y narcotraficantes que fueron condenados en 2007 por la justicia francesa por intentar ingresar dos toneladas de cocaína en un avión del príncipe saudí Nayef Bin Fawaz Al-Shaalan.
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Aunque los menonitas -representados legalmente por los hermanos Abraham y Peter Wiebe Martens- y los narcos han defendido que ese millonario negocio fue con dineros lícitos, lo que la Fiscalía les reprocha es un delito distinto: aprovechamiento ilícito de los recursos naturales no renovables, es decir, graves delitos ambientales en las extensas tierras que ocupan. Los correos filtrados, conocidos por este diario, indican que esta investigación es una prioridad de la Dirección Especializada contra los Derechos Humanos y que la Agencia Nacional de Tierras pidió información sobre este delicado caso, en enero de 2022.
La investigación
Además de las denuncias que varios medios de comunicación hicieron sobre la llegada de los menonitas a estas tierras, pues ya tenían antecedentes de ser responsables de deforestación en otros países, la génesis de esta investigación comenzó en abril de 2020, pocas semanas después de que el Gobierno decretara cuarentena nacional para evitar el aumento de casos de covid-19. En ese momento, miembros de la comunidad de Puerto Gaitán le informaron a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) sobre las afectaciones ambientales que estaría cometiendo esta comunidad religiosa, que ha causado grandes afectaciones en Perú y México.
El 30 de ese mes, funcionarios de Cormacarena llegaron hasta la vereda La Cristalina, en donde encontraron en flagrancia a un hombre realizando, con maquinaria pesada, la tala de árboles nativos y quemas a cielo abierto. Esa inspección, en la finca menonita Liviney, fue el inicio de un proceso sancionatorio por parte de esa autoridad ambiental, la cual prohibió desde 2017 este tipo de actividades para que no se expandiera la frontera agropecuaria en el departamento de Meta. Sin embargo, este llamado de atención de las autoridades no fue suficiente para que los menonitas dejaran de deforestar.
Un año más tarde, en abril de 2021, Cormacarena volvió a identificar en esta finca quemas a cielo abierto de árboles nativos y la contaminación del río Muco, pues cerca de 17 hectáreas a la vera de esa fuente hídrica estaban siendo quemadas. Un daño que fue catalogado de “crítico” por la autoridad y se abrió otro proceso sancionatorio contra la cuestionada comunidad religiosa. Además, unas semanas antes, la Policía Ambiental de Meta también documentó que los menonitas construyeron con asfalto y aluminio dos puentes por ese mismo río, sin la autorización previa de las autoridades locales y regionales. Asimismo, encontraron nueva evidencia de deforestación a manos de la comunidad religiosa: hallaron más de 40 hectáreas de morichales quemados.
Se trata de una emblemática palma de los Llanos Orientales que cumple una labor fundamental para los ecosistemas de la zona. Además de almacenar y purificar el agua, es el hogar de numerosas especies locales. Cuando el agua subterránea y la lluvia llegan a la región, se forma en el morichal un estuario que sirve de hogar a cientos de especies endémicas o migratorias. El morichal inundado es también un oasis de agua en las partes de la sabana que no tienen acceso a ríos, abasteciendo de agua a las comunidades. Asimismo, es pieza clave de las tradiciones ancestrales de los indígenas que habitan la región.
Las autoridades ambientales de Meta señalan que hay dos factores que representan un peligro para los morichales: la ganadería extensiva en la región, que viene acompañada de la quema de bosques para preparar pasturas para el ganado, y en segundo lugar, la extracción de petróleo y el uso de insumos agroindustriales han contaminado en ciertas zonas las aguas subterráneas cercanas a los morichales. También las comunidades han denunciado que la industria de la palma africana ha sido una amenaza para esa planta en municipios aledaños como Mapiripán, donde se siembra de manera extensiva esta especie que no es parte del ecosistema.
Los hallazgos de Cormacarena fueron ratificados por la Contraloría General en un informe de agosto de 2021, que fue recogido por la Fiscalía. El ente de control fiscal indicó que seguirá haciendo veeduría sobre los procesos sancionatorios abiertos por Cormacarena en contra de los menonitas y que están en fase de indagación preliminar. El ente investigador no solo se ha basado en las investigaciones de otros entes de control. En diciembre pasado, investigadores del CTI fueron a uno de los predios del grupo religioso para confirmar los daños ambientales que las comunidades de Puerto Gaitán venían denunciando ante varias entidades estatales.
El 5 de diciembre pasado llegaron a uno de los predios menonitas acompañados de funcionarios de Cormacarena, la Policía, líderes indígenas de la comunidad sikuani y la abogada Yenny Azucena Díaz Rodríguez, que asesora a los menonitas en varios temas legales en Colombia. Aunque los funcionarios del ente investigador no encontraron rastros de deforestación en los predios comprados por la comunidad religiosa, sí lo hicieron en otros aledaños. La abogada le dijo en ese momento a la Fiscalía que estas últimas tierras estaban en trámite para ser compradas por los menonitas. De esa visita en el terreno surgió un informe que forma parte de la extensa investigación de la Fiscalía.
La Cristalina, Víctor Carranza y el paramilitarismo
La vereda La Cristalina, en donde vive este grupo religioso, durante los años 90 y principios de 2000, fue una zona en donde los paramilitares se movieron a sus anchas. Por ejemplo, el zar esmeraldero Víctor Carranza, quien murió en 2013 con acusaciones de ser parte de ese grupo criminal, compró varias tierras en esta zona de Puerto Gaitán, a más de 25 kilómetros del casco urbano del municipio. Incluso, hoy su familia tiene el control de la empresa ganadera La Cristalina. A su vez, hace pocos años esta sociedad ocupaba El Porvenir, otro extenso terreno solicitado por los indígenas sikuanis, quienes llevan casi una década esperando que les adjudiquen las tierras.
El cuestionado Víctor Carranza también compró en Puerto Gaitán otra megafinca llamada Brasil, la cual fue lugar de paso de las Autodefensas Unidas de Colombia, días previos a cometer la masacre de Mapiripán, en julio de 1997. Varios exparamilitares les dijeron a fiscales de Justicia y Paz que esta finca fue su base y campo de entrenamiento. En esa época se sabía que el dueño de esas 13.000 hectáreas era Carranza; sin embargo, en abril de 2007, el terreno fue dividido entre los hijos y la esposa del esmeraldero. Un mes después los terrenos fueron vendidos a La Fazenda, conocida marca comercial de cárnicos de origen santandereano.
Aunque la Fiscalía tiene en la mira a la comunidad menonita, esta también ha denunciado graves amenazas en su contra y robo de sus propiedades. Incluso, en marzo de 2022, las autoridades capturaron a dos personas señaladas de extorsionar al grupo religioso. “Los procesados aseguraban pertenecer a las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Desde el pasado enero venían exigiendo la suma de $50 millones para dejarlos cultivar maíz, sorgo y soya”, dijo en ese momento Diana Quiñones, directora de la seccional de Meta de la Fiscalía.
Sobre la comunidad menonita se sabe poco, ya que no suelen tener interacción con otras personas, no usan tecnología y visten atuendos similares a los de los amish de Estados Unidos. Parte de sus creencias está en mantener una vida dedicada al campo y al credo cristiano. Con las bases de datos de Migración Colombia, la Fiscalía logró identificar plenamente a varios de los integrantes de la comunidad menonita que podrían estar inmersos en delitos ambientales en Puerto Gaitán. No obstante, por ahora la Fiscalía no ha tomado decisiones de fondo, es decir, determinar si existen las pruebas suficientes para citarlos ante los estrados judiciales para imputarles cargos.
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