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Juan Guillermo Monsalve, confeso exparamilitar, es el testigo estrella contra el senador Álvaro Uribe Vélez en las investigaciones que se le adelantan en la Corte Suprema. El alto tribunal ordenó que Monsalve tuviera medidas especiales de seguridad y por eso está recluido en la casa fiscal de La Picota. En enero de este año, el Inpec le encontró lujos prohibidos en la cárcel, como celulares y computadores, por lo que le pidió al alto tribunal revisar las prebendas que tiene Monsalve y permitir su trasladarlo a una celda normal. En documentos conocidos por este diario, la Corte negó la petición y se mantuvo firme. Aunque el Inpec acatará la orden, expresó su inconformidad de darle privilegios a Monsalve.
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Luego de que Monsalve fuera víctima de dos atentados en menos de un año mientras estaba recluido en un patio con más internos, la Corte Suprema le ordenó al Inpec tomar “medidas de especial seguridad” para garantizar que su vida no corriera peligro. Entre las medidas estaba que Monsalve debía tener las condiciones para cocinar su propia comida pues ya habían intentado envenenarlo. Por eso, fue trasladado a la casa fiscal, un lugar apartado del resto del complejo carcelario, construido y dotado para que viva el director de la cárcel, no para la reclusión de interno alguno. El panorama cambió, sin embargo, cuando el 4 de enero de este año el Inpec allanó el lugar.
En el operativo se encontraron elementos prohibidos en la cárcel. Desde ese momento, el general Norberto Mujica, director del cuerpo que custodia las cárceles del país, ordenó que todas las personas allí recluidas fueran reubicadas en celdas al interior del penal. Al único que no pudo trasladar fue a Monsalve, con lo que el alto oficial le pidió a la Corte reconsiderar sus medidas para poder trasladar a Monsalve a una celda. En la comunicación, el oficial contó que en la casa fiscal fueron hallados “dinero en efectivo, televisor, impresora y computador, lo cual va en contravía del reglamento interno del establecimiento”, y que el propio Monsalve había reconocido que los elementos incautados le pertenecían.
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En su respuesta, la Corte fue tajante: “Es evidente que la situación que se pone de presente por el Inpec hace referencia a falencias en el ejercicio riguroso por parte de las autoridades penitenciarias de sus competencias legales y administrativas para mantener el orden y la disciplina en los establecimientos carcelarios y evitar que se presenten faltas como las que se informa habrían sucedido”. Es decir, si se ingresaron elementos prohibidos a la celda o no, y el por qué o el cómo son cosas que le compete revisar e investigar al Instituto penitenciario, no al alto tribunal.
Para el alto tribunal, tampoco es razón suficiente para trasladarlo el hecho de que Monsalve haya violado el reglamento de la cárcel, pues su sitio de reclusión se decidió basándose en razones de seguridad. Pero el alto tribunal no solo concluyó que no se debe modificar el lugar de reclusión del testigo estrella contra Uribe, sino que se despachó contra el Inpec. Al final del documento, conocido por este diario, el alto tribunal invitó al Instituto penitenciario a que “asuma las responsabilidades que le competen (…), se adelanten los procesos administrativos correspondientes y, a futuro, se eviten hechos tan lamentables como los que conoció la opinión pública”. Y remató: “Lo anterior, como justamente invoca el general, en la necesidad de ejercer un mayor control al reglamento carcelario, mismo que debe aplicarse en todas las dependencias y patios de la penitenciaria”.
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El Inpec ya le respondió a la Corte el 18 de febrero pasado. El documento se titula “cumplimiento a la orden judicial de la Honorable Corte Suprema de Justicia” y, en él, el general Mujica le hace saber al magistrado César Reyes, quien lleva la investigación contra Uribe en la Sala Especial de Instrucción, que el Inpec “continuará dando estricto cumplimiento y acatando la orden judicial”. Pero, a renglón seguido, el oficial advierte que no esta de acuerdo con la decisión del alto tribunal por tres razones concretas.
En primer lugar, porque “la casa fiscal no es el lugar destinado para la permanencia de personas privadas de la libertad”, porque “no es un pabellón de seguridad ni mucho menos hace parte del mismo” y, las condiciones especiales de seguridad “no son privilegio, sino son soluciones para enfrentar los riesgos que corra un detenido”. Es decir, para el general, la orden de la Corte lo estaría obligando a actuar en contravía de la ley que rige el procedimiento del Inpec: el Código Penitenciario y Carcelario.
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En segundo lugar, porque, la casa fiscal tiene como finalidad el alojamiento del director de La Picota y, para el oficial, “destinarle un uso diferente afecta de manera directa y ostensible el bienestar de los funcionarios del Inpec”. Y, por último, porque la casa donde actualmente está Monsalve “se encuentra por fuera del perímetro de seguridad del establecimiento carcelario”, lo cual, para la entidad, “no brinda las garantías de efectiva seguridad, custodia y vigilancia del privado de la libertad”.
La historia de la colaboración de Monsalve con la justicia es extensa. Primero, como reveló el senador Iván Cepeda en 2014, el testigo asegura que en la hacienda Guacharacas, de propiedad de los Uribe, surgió el Bloque Metro de las Autodefensas, que sembró terror en todo Antioquia. Pero también está involucrado en el proceso por el que el expresidente rindió indagatoria en la Corte el año pasado por presunta manipulación de testigos. En ese expediente se investiga, precisamente, si a Monsalve le ofrecieron dinero o algún tipo de beneficios para que modificar en algo su versión sobre los supuestos vínculos de Uribe con paramilitares.
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