Del dicho al hecho

Las partes se comprometieron a cambiar dos cosas: combatir la inequidad del campo, ampliándoles al 32 por ciento de los colombianos que allí habitan el acceso a la tierra, al crédito y a servicios y bienes públicos; y ordenar la propiedad de la tierra sobre bases legales y transparentes. Propone así crear un Fondo de Tierras que se alimentará de parcelas obtenidas con dineros sucios, o mediante tretas violatorias de la ley o con violencia, para distribuir tierra a los campesinos que no la tienen.

Esto, que suena razonable —que nadie que haya conseguido concentrar enormes extensiones de tierra violando la ley pueda quedarse con ellas—, representa en la práctica un mayúsculo desafío político. La ley vigente, la 160 de 1994, prohíbe a un mismo propietario comprar varios predios que originalmente fueron baldíos adjudicados a campesinos y limita la extensión por propietario, según las condiciones del terreno. Esta ley, que ha buscado privilegiar al campesino en la repartición de tierra pública, asume que esto es deseable no sólo por razones de equidad, sino también porque el pequeño y mediano productor de alimentos colombiano ha demostrado ser tan o más productivo que el latifundista.

Sin embargo, la lógica económica reciente que ha hecho de la producción de biocombustibles y de alimentos a gran escala un apetecido negocio internacional, ha llevado a muchos a ver esta norma de la ley 160 como un incómodo freno al desarrollo agrario. Por eso, en los últimos años muchos compradores de fincas se han pasado la norma por la galleta y el propio Gobierno ha intentado en varias ocasiones desmontarla. Hoy mismo —en abierta contradicción con el espíritu de lo que ha acordado en La Habana— el Gobierno está impulsando un proyecto de ley que levanta esta prohibición para tierras baldías adjudicadas a campesinos antes de 1994.

Si se aprueba este proyecto del Gobierno, significa que quien haya comprado, en cualquier momento, varios predios a campesinos adjudicatarios de parcelas estatales antes de 1994, para luego englobarlos en una hacienda, ya será un propietario legal. Así quedarían fuera de discusión las compras que hicieron de tierras originariamente destinadas para reforma agraria en los Llanos Orientales los conglomerados empresariales Riopaila y la Organización Sarmiento Angulo, aunque, según lo denunció el congresista Wilson Arias esta semana, para ello montarán un tinglado de 28 empresas, el primero, y de seis, el segundo.

Hay casos más álgidos. El portal Verdad Abierta documentó cómo empleados y amigos del fallecido Víctor Carranza que aparecían como campesinos adjudicatarios de baldíos, también antes de 1994, englobaron sus predios y, aun con la firma de una persona ya fallecida, fueron a configurar una hacienda que luego vendieron a los productivos y prestigiosos empresarios de La Fazenda.

Así que cuando en La Habana acuerdan la formalización de la tierra sobre la base de la legalidad y la transparencia para poder construir un campo moderno y equitativo, y crear un Fondo de Tierras con las fincas mal habidas, es de casos como estos, complejos y que involucran a actores poderosos, de los que estamos hablando. Y una vez se firme la paz, será más difícil pasar del dicho al hecho, si Santos no defiende desde ya un mismo discurso de equidad para el campo, sea en Bogotá o en La Habana.