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La diferencia del actual proceso de paz es el peso que tienen el los derechos de las víctimas. Los anteriores, incluido el de los paramilitares, fueron negociaciones centradas en los victimarios.
“Estamos ante un momento de decisiones como solo se presenta una vez en una generación” afirmó Sergio Jaramillo, la voz del Presidente Santos en La Habana, refiriéndose a las negociaciones. Esa afirmación en boca de un flemático como Jaramillo, es para tomarla en serio.
Jaramillo, como Comisionado de Paz rompió su silencio en El Externado y dio claves para entender la estrategia gubernamental en las negociaciones de La Habana. De entrada diferenció entre la terminación del conflicto armado, “el silenciamiento de las armas”, que calificó como el centro de gravedad del proceso, y de otra parte la construcción de una paz estable y duradera, que se iniciaría solo cuando se firme el Acuerdo Final que sellaría la transformación de los grupos armados, Jaramillo habla de FARC y ELN, en movimientos políticos. Transformación que exige un sólido y efectivo sistema de garantías, tanto para los guerrilleros que abandonan las armas como para la Sociedad que los habrá de acoger. El Alto comisionado para la paz no habla de postconflicto sino de transición hacia la paz, como un proceso limitado en el tiempo, sugiere 10 años, y extraordinario en términos de normas, recursos e institucionalidad. Una tarea a realizarse no desde Bogotá, sino desde los territorios del conflicto armado, para transformarlos en territorios de paz y reconstruirles a sus comunidades su pacto social. El vigor con el que éstas participen marcará la pauta. Jaramillo habla específicamente de la reconstrucción del campo. Y entiende la materialización de la paz como fruto de un proceso de participación ciudadana que convoque y movilice a todos, víctimas y victimarios incluidos. De esa brega colectiva brotará la reconciliación, sin la cual la convivencia permanecería como una simple quimera.
Será igualmente una etapa temporal de transición en el ámbito normativo, de la ley y la justicia. En este asunto crucial y sensible como pocos, Jaramillo resalta una característica fundamental del actual proceso de paz, que lo diferencia radicalmente de los anteriores, y es fundamentarse en la garantía de los derechos de las víctimas. Para lograrlo incorporará mecanismos de justicia transicional para reivindicar a las víctimas y restituirles su dignidad y sus derechos a la verdad y a la reparación material: Los anteriores procesos, según él, incluido el adelantado con los paramilitares, eran negociaciones centradas en los victimarios. El orden jurídico de la transición tiene una primera concreción legal con la ley de víctimas y restitución de tierras.
Los punitivistas de última hora, como los caracteriza Jaramillo, consideran que la impunidad es de tipo penal, de falta de cárcel para los victimarios. En la perspectiva de la transición y su régimen de excepción, la impunidad depende del grado de satisfacción dado a los derechos que tienen las víctimas a la verdad a partir del reconocimiento y su esclarecimiento; para poder cerrar sus viejas heridas y acceder a la justicia y la reparación. La transición será la fase final de un proceso que busca enterrar la era del conflicto, de la paraestatalidad y de la ilegitimidad de la justicia. La aplicación de los principios de la justicia transicional exige como punto de arranque que tanto el Estado como las organizaciones guerrilleras admitan sus responsabilidades concretas con sus víctimas, a las que deben empezar por reconocer.
Vivimos la oportunidad única para superar una era de violencia, odios y mucho miedo. Como dice Jaramillo, ésta se le da una vez a nuestra generación.