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En agosto del año pasado, la periodista Vanessa Vallejo publicó en el portal Panam Post una columna en la que cuestionaba que, a pesar de las denuncias por violencia sexual que hay en contra de la cúpula de la extinta guerrilla de las Farc, altos miembros de esta otrora organización armada estén en el Congreso. En el texto, mencionaba a Julián Gallo, conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada y hoy senador por el partido de la rosa. El congresista interpuso una tutela por considerar que había un daño a su buen nombre y, aunque ganó en primera instancia, el fallo fue anulado y ahora el mismo juez deberá fallar una nueva sentencia.
La pelea se remonta a cuando Vallejo publicó el texto “Los violadores que son ‘honorables’ congresistas en Colombia”. En la columna, asegura que “los delincuentes de las Farc están libres y varios hacen ahora las leyes de nuestro país” y recopila las denuncias de la Corporación Rosa Blanca, que reúne a víctimas de violencia sexual de la extinta guerrilla. En un párrafo, asegura que, según la directora de la fundación, Lorena Murcia, a Gallo lo llamaban Tornillo, “porque violaba a los niños que llegaban a su campamento”.
El senador, que se encuentra compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) consideraba que su derecho fundamental al buen nombre estaba siendo vulnerado e interpuso una tutela en contra de la periodista. El expediente le correspondió al juzgado sexto penal de conocimiento de Bogotá que en noviembre del año pasado falló en contra de la periodista Vallejo. Entre las órdenes de la decisión, le exigen que, en un lapso no mayor a quince días, allegue “los elementos fácticos y jurídicos que sustentan las acusaciones”. De no aportar las pruebas que pidió el juez, la mujer, y el medio para el que trabaja debían retractarse.
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En su momento, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advirtió que Vallejo no había sido notificada del proceso y no había tenido la oportunidad de contestar la tutela. “Siendo así, en el marco de la tutela no se presentaron argumentos claves a favor de su libertad de expresión, como aquellos que exigen que los funcionarios públicos, en especial aquellos que ejercen cargos de representatividad, a ser tolerantes a la crítica”, anotó la organización a través de sus redes sociales.
Días después, fue precisamente ese el argumento que utilizaron Vallejo y sus abogados para pedir la nulidad de la sentencia. El juez sexto reconoció que había un error procesal insubsanable y anuló todo el fallo, pero el senador Gallo apeló a esa nulidad y el caso escaló hasta el Tribunal Superior de Bogotá. Allí, la Sala Penal se abstuvo de tomar una decisión porque encontraron que el recurso al que acudió el congresista no era el idóneo.
En una decisión que salió hace unos días, el Tribunal señaló: “Advierte la sala que la apelación interpuesta por el ciudadano Julián Gallo dentro de la acción de tutela por él promovida es improcedente, pues tal determinación no es un fallo ni tampoco una decisión de sanción por desacato”. Es decir, con la precisión que hiciera el Tribunal, se aclara que el expediente debe regresar a manos del juez de primera instancia, pues su decisión fue anulada.
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En diálogo con El Espectador, la periodista Vallejo explicó: “Mi indignación es que me digan que no le crea a una asociación de víctimas y, en su lugar, sí le tengo que creer a un señor que era un líder guerrillero”. Además señaló el reparo fundamental que tiene contra la sentencia: “En el fondo, lo que me están diciendo a mí es que le pregunte a Lozada cómo quiere que me refiera a él: hasta donde él diga, hasta donde a él le disguste”.
Vallejo contó, además, que en los últimos días le llegó un correo citándola a una supuesta imputación de cargos por este tema, lo cual no tendría sentido porque una tutela es algo procesal mente diferente a un proceso penal. El remitente daba toda la confianza de ser de la Rama Judicial, con lo que ella le remitió el correo a sus abogados que confirmaron con la Fiscalía que se trataba de un correo fraudulento.
Por su parte, el senador Gallo le dijo a este diario que que considera que todo hace parte de una campaña de desprestigio contra el proceso de paz. “Contra todos nosotros, los que venimos del Acuerdo, se han realizado una serie de sindicaciones sin ninguna prueba”, aseguró el congresista, y añadió que, si bien entiende que al ser una persona pública debe ser sujeto de críticas y cuestionamientos, se trata de campañas de desprestigio para restarles legitimidad: “se ha vuelto una estigmatización para tratar de callarnos”.
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Para Gallo, el juez obró correctamente y espera que vuelva a hacerlo porque “cualquier persona que salga y sindique a otro, no lo puede hacer sin ningún fundamento ni prueba”. Y, en su óptica, las estigmatizaciones y deslegitimaciones hacia la FARC en las que se enmarca este episodio no dejan de ser violentas. “Aquí son insultos, pero en las regiones es plomo”, dijo.
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