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La lucha por sacar las mansiones ilegales que se hicieron en zona de protección y reserva de los cerros orientales no ha sido fácil. A través de diferentes acciones, los dueños de estas no solo han dilatado los procesos, sino que han logrado terminar las construcciones. El tire y afloje parece estar teniendo una salida, pues el año pasado se logró el desmonte de la estructura Bambú, donde se pretendía construir un centro social, mientras que esta semana, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ratificó la decisión de demoler la mansión Monterodro, una de las más grande de la zona.
Todo comenzó con el fallo del Consejo de Estado que, en 2013, ordenó proteger la reserva forestal Bosque Oriental, con lo que se prohibió cualquier tipo de construcción dentro de los cerros de Bogotá. Pero como previamente ya había viviendas, un nuevo pronunciamiento del alto tribunal, en 2015, estipuló que se debían respetar los derechos adquiridos de quienes habían construido antes del primer fallo y por ello podrían permanecer en la zona. En ese momento el llamado fue a la Alcaldía y a los entes ambientales para abstenerse de entregar las licencias urbanísticas y ambientales necesarias para comenzar nuevas obras.
Las alertas no tardaron en sonar, pues tras el fallo, los habitantes cercanos a la avenida Circunvalar con calle 70 y de aquellos que tradicionalmente caminaban por el sendero de La Vieja hicieron un llamado al notar el sonido de motosierras entre los cerros, así como el descargue de material, que cada vez era más frecuente.
La confirmación vino de la Secretaría de Hábitat, que finalmente terminó solicitando a la CAR la revisión de la zona, donde encontraron en proceso de construcción varias mansiones, entre ellas Monterodro, sobre la que pusieron medidas cautelares. Pese a ello, las obras continuaron, por lo menos en esta mansión, a la que ingresaban los materiales por un predio aledaño. Tal fue la situación que lograron terminar la vivienda de 6.500 m² que, además de contar con fachadas en mármol, fue amoblada y tiene a su lado una casa de muñecas de alrededor de 45 m².
Ante esto se iniciaron acciones penales y ambientales contra los dueños del predio, que en un principio fueron identificados como Fernando Arturo Soler, rector de la Universidad ECCI, e Inversiones Team Sol S.A.S. (cuyas representantes legales son Luz Lastenia López de Soler y Aura Rocío Naranjo, ambas integrantes de la junta directiva de la misma institución).
La CAR adelantó el proceso ambiental por la captación ilegal del agua de una quebrada, aprovechamiento forestal y la construcción del predio, pese a estar prohibido. En enero de 2019 ordenó, en primera instancia, la demolición del predio, el pago de una sanción por $477 millones y la recuperación ambiental de la zona. Pero los propietarios no se dieron por vencidos y presentaron sus alegatos a las conclusiones del ente ambiental.
La defensa
Bajo la representación del abogado Juan Sebastián Lombana, los propietarios del predio radicaron un recurso de reposición en el que presentaron documentos para demostrar que no se había cometido ninguna falta ambiental. Primero, señalaron que contaban con documentos que certifican que la vivienda fue construida, en 2002, antes de proferido el fallo. Entre estos se encuentra una resolución de Catastro, una copia del Estudio de Multitemporal del predio el Bagazal y un análisis petrográfico de concreto endurecido y de evaluación de la edad. Pese a ello, el ente ambiental indicó que no son suficientes, pues la única prueba que piden son la licencia de construcción y las licencias de urbanismo, que nunca fueron entregadas. Además, indican que hay pruebas para determinar que las obras se realizaron desde 2014.
Con respecto al aprovechamiento del agua de la quebrada Los Rosales, los propietarios alegan que por el predio no cruza dicho afluente y en cambio se surten de una concesión de aguas superficiales, entregada a un predio aledaño. La respuesta del ente ambiental fue que ellos no se pueden aprovechar de concesiones cercanas, sino que deben tramitar ante las autoridades sus propios permisos.
Junto al proceso se negó la revisión de otros estudios y la consulta de nuevos expertos que la CAR consideró innecesarios e inoportunos en medio del proceso. Asimismo, no se entregaron los certificados solicitados, que creyó inconducentes e impertinentes. Ante esto, se ratificó el fallo en primera instancia y les dio el plazo de un mes a los propietarios para definir el cronograma para la demolición de la estructura.
“Para realizar el proceso tienen doce meses. Después de eso tendrán otros cuatro para comenzar la compensación de árboles. De no hacerlo, la CAR hará el proceso, como se hizo con el Bambú, del que ya expedimos la cuenta de cobro a la constructora”, señaló Juan Camilo Ferrer, director jurídico de la CAR Cundinamarca.
Al respecto, el abogado Lombana asegura que aún no han sido notificados de la decisión y no se pronunciarán hasta que analicen la información. Mientras tanto, ya se entregaron a la Alcaldía los oficios de notificación, dado que el predio se encontraría habitado y esto ameritaría otro trámite para hacer el desalojo.
Asimismo, la Fiscalía adelanta el proceso penal por el delito de construcción ilegal en área de especial importancia ecológica, en el que la empresa se acogió a un principio de oportunidad, por lo que se espera que la primera semana de marzo sean presentados ante un juez los términos del preacuerdo, del que por ahora se sabe se acogerían al pago de $906 millones, que es lo que, según la CAR, supuestamente costaría el daño ambiental, debido a que la mansión se encuentra en un 62 % en la franja de conservación y el 38 % restante, en franja de rehabilitación ecológica.
Por ahora, solo resta esperar que el proceso de demolición se cumpla en las condiciones y tiempos previstos por la CAR, y que avancen los otros procesos, tanto ambientales como penales de los que construyeron en los cerros, pues en la lista siguen las mansiones Arrayán, Tuno y El Pauche, en las cuales se destacan acciones como la construcción de una cancha de tenis y el desvío de la quebrada para la construcción de una piscina natural, entre otras que afectaron la zona.
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