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Ataques con drones a hospitales. Civiles heridos en medio de los enfrentamientos. Cientos de personas desplazadas forzosamente. Despliegue militar en toda la región. Ese es el panorama con el que inicia el año 2026 en Catatumbo (Norte de Santander). Una zona azotada por la guerra entre el frente 33 de las disidencias de las Farc, que hace parte del Estado Mayor de los Bloques y Frente, y el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln). La fuerte escalada violenta, que inició tras una masacre en Tibú el 15 de enero de 2025 y causó en un año el desplazamiento de más de 78.000 personas, según cifras de la Defensoría del Pueblo, se reactivó hace solo dos semanas y tiene a la población en medio del fuego cruzado.
El hecho violento más reciente, que causó el desplazamiento de al menos 56 familias en solo 48 horas, según reportes de organizaciones sociales de la región, ocurrió en el corregimiento de Filo Gringo, jurisdicción del municipio de El Tarra. Las autoridades informaron que uno de los grupos armados que sostienen enfrentamientos en el Catatumbo, el cual aún no ha sido determinado con certeza, perpetró un ataque con drones cerca al hospital de esa población. El hecho dejó a cinco civiles heridos, entre ellos dos menores de edad. Juan Bitar, director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, dijo que también hubo ráfagas de disparos y que se vieron en la obligación de suspender todos los servicios distintos a urgencias.
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“Se ha tratado de hacer todo el proceso, pero ha sido difícil por la situación de que un grupo armado está haciendo el ingreso a este corregimiento; eso ha afectado todos los traslados, la atención, la misión médica en ese sector”, le dijo el funcionario a Caracol Radio. Agregó: “Se logró hacer una evacuación ayer con algunos menores y la enfermera no ha podido regresar. Solamente actividades de urgencia se podrían atender, pero no se está prestando un servicio a la comunidad como debería ser”. Señaló también que parte de los profesionales de la salud que cursan su año rural en el Catatumbo pidieron ser trasladados: “Están solicitando el retiro de la zona y la exoneración del servicio social obligatorio por situaciones de orden público”.
Además de las afectaciones a la prestación de servicios de salud, los ataques y enfrentamientos entre Eln y disidencias de las Farc han acelerado las cifras de desplazamiento. A los cálculos de la Defensoría del Pueblo se suman los de organizaciones como la Asociación Madres del Catatumbo, que señalan que al menos 500 personas han tenido que salir huyendo de la guerra, especialmente desde las zonas rurales de los municipios de Tibú y El Tarra. “Hasta anoche sabíamos que había heridos, que no se habían podido sacar de algunas veredas, con algunos muertos que hacen parte de estos grupos, de otras poblaciones, de personas civiles”, dijo Carmen García, presidenta de esa organización.
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La situación de estar en medio del fuego cruzado de estos grupos armados, que se disputan el control territorial y el dominio del corredor de economías ilegales como el tráfico de drogas y de gasolina hacia la frontera con Venezuela, es de “zozobra y miedo”, en palabras de Carmen García. “Estamos muy preocupadas por esta situación, porque se están matando entre hermanos, entre tíos, y quienes quedamos en medio es la población civil”, le dijo la líder social a medios de comunicación. La preocupación se agrava, además, en los casos de personas con discapacidad y adultos mayores que, según detalló, “han quedado en medio de las confrontaciones. Esto ha sido muy difícil”.
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, también se refirió a la escalada violenta que ha vivido la región durante la última semana. El alto funcionario dijo que ya se dieron tres órdenes iniciales para atender la situación. Primero, la instalación de un Puesto de Mando Unificado en el municipio de Tibú, en pleno corazón del Catatumbo. También ordenó adelantar una misión de acompañamiento a una caravana humanitaria por el desplazamiento de familias desde el corregimiento de Filo Gringo. Finalmente, anunció el despliegue de unidades de la Policía en los cascos urbanos de Tibú y El Tarra y un refuerzo de hombres del Ejército en las zonas rurales de ambos municipios.
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También el general Hugo Alejandro López Barreto, quien el pasado lunes asumió el mando como comandante de las Fuerzas Militares, viajó en la tarde del 31 de diciembre hasta Cúcuta, donde sostuvo una reunión con la cúpula militar en la que delimitaron la estrategia de intervención de las fuerzas armadas. Confirmó el refuerzo de capacidades militares, con el objetivo de repeler los ataques de los grupos ilegales y proteger a la población civil. “Ya hay tropas en desplazamiento. Tenemos el apoyo de nuestra Policía, de la Fuerza Aeroespacial y de nuestro Ejército, para estabilizar la situación y garantizar que estos bandidos que se encuentran en confrontaciones armadas, afectando a la población civil, poderlos sacar del sector”, dijo.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha sido insistente en hacer un llamado a la Gobernación de Norte de Santander, al Ministerio del Interior y demás entidades públicas responsables de atender sus alertas tempranas, para que retomen las 20 recomendaciones que les hicieron en octubre pasado. En ese momento, la entidad evidenció una “intensificación de la confrontación armada”. Su advertencia se cumplió y desde el 14 de diciembre pasado la Defensoría ha registrado, en total, cinco eventos de desplazamiento masivo de la población, por cuenta de los enfrentamientos. La entidad exige, además, que se atienda la crisis humanitaria que advirtió hace dos meses, cuando dijo que la guerra en el Catatumbo, una vez más, era inminente.
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Por Gustavo Montes Arias
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