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Las dos últimas semanas de actividades en el Congreso con el archivo -parcial- de la reforma a la salud y el hundimiento a una nueva reforma tributaria dieron cuenta de una pérdida de mayorías por parte del Gobierno en el Legislativo y que en medio de la campaña presidencial se podrían repetir una vez retornen los debates al Capitolio en marzo del 2026. Por lo menos 8 proyectos están en juego para la Casa de Nariño.
De arranque, el presidente Gustavo Petro espera poder culminar su mandato manteniendo con vida el ministerio de la Igualdad, una de las propuestas consignadas en su plan de gobierno – que vio la luz en 2023 – pero que por una sentencia de la Corte Constitucional tiene vida hasta junio del próximo año. Sin embargo, su trámite apenas inició en diciembre, con el Congreso ya centrado en el arranque de las campañas y con los partidos moviendo fichas internas para la conformación de listas que llevarán a las urnas.
Otro proyecto en trámite con una situación similar es el de la jurisdicción agraria, que reglamenta la competencias para la implementación de la reforma ya aprobada en ese sector, pero que como sucede con el Minigualdad, apenas cuenta con tres meses para surtir sus debates en el Congreso. Y es precisamente el factor tiempo el que juega en contra del Ejecutivo, pues tendrá solo hasta junio para lograr la aprobación de estas iniciativas, mientras las fuerzas de los congresistas estarán enfocadas en las urnas.
Pero no solo son estas dos. A la lista también se suman la prohibición del fracking y la regulación de tarifas de energía (comisiones quintas); la ley de sometimiento, la penalización del fentanilo, la jurisdicción indígena, la reglamentación de las curules de paz y ley de competencias (comisiones primeras); además, sigue pendiente el trámite de la apelación de la reforma a la salud, que tendrá espacio en la plenaria del Senado.
Sin embargo, las vocerías de los partidos ven poco factible el trámite de estas iniciativas en tan poco tiempo. Además, muchas de ellas tan siquiera cuentan con los respaldos de las mayorías en las comisiones, a pesar de que en la Cámara el gobierno sigue manteniendo el poder. Eso sí, esa fuerza no se traslada a los elípticos en donde, como suele pasar en cada cierre de mandato, los intereses no estarán alineados con los del gobierno de turno.
Por ejemplo, para el caso del Ministerio de la Igualdad, su salvación se logró con los votos justos -y esperados- de quienes respaldan la cartera. 20 congresistas de la Cámara (de 41) y 12 del Senado (de 21) salvaron inicialmente a la entidad en cabeza del ministro, Juan Carlos Florián. No obstante, ese debate desarrollado a mediados de diciembre no contó con los principales sectores de oposición, quienes se ausentaron de la sesión de las primeras conjuntas. Nombres como Paloma Valencia o María Fernanda Cabal, ambas del Centro Democrático, se encontraban en eventos y reuniones de su partido, razón por la que no votaron por el archivo de la iniciativa.
Para el caso de jurisdicción agraria, la dificultad se ha presentado en la plenaria de Cámara, donde por más de dos meses de citaciones, nunca se pudo conformar el quórum. Es de hecho en esa corporación donde la Casa de Nariño habla de una fortaleza, pero que no ha sido representada en estas votaciones.
Otro punto clave es que en los pasillos del Capitolio se asegura que no es rentable, políticamente hablando, ligarse a un gobierno en la antesala de las votaciones al Congreso. Y es que ocho días antes al reinicio de las actividades en esta rama ya se habrán conocido quiénes continuarán ocupando su credencial como legisladores, así como también se sabrán cuáles son los nombres que no seguirán tras una derrota en las urnas. Ese factor suele jugar en contra del mandatario de turno y, por lo general, aquellos proyectos pendientes por aprobación terminan en el naufragio.
Y si bien las labores del Congreso se extenderán hasta el mes de julio, el ausentismo de esas fechas decanta la balanza contra el Ejecutivo, pues la campaña presidencial mantiene su curso y muchos de los legisladores seguirán con el fervor electoral en las regiones.
En lo que compete a las cifras, más del 70 % de legisladores en activo están concentrados en la reelección. Para el caso de la bancada del Pacto Histórico, su campaña tiene, además, el condicionante de que será de forma conjunta para el Senado, por lo que se la ausencia de un grueso número de legisladores aumentará pues estarán de gira en el país en búsqueda de esas mayorías en una lista que es cerrada y en cremallera. Además, estos también tratarán de impulsar la candidatura de Iván Cepeda para extender el mandato del progresismo en la Presidencia.
Un caso similar sucede con el Centro Democrático, que se las juega por lograr más de 50 curules, mientras en paralelo juega con la ficha de Paloma Valencia para buscar que el uribismo retorne al poder el 2026. Con esas dos bancadas de lleno en el ajedrez presidencial, la debilidad en la asistencia para las sesiones será un calco de lo sucedido durante el último semestre.
Es más, Lidio García (Liberal), presidente del Senado, ha reconocido un déficit en la actividad legislativa, que no sólo ha impactado en los intereses gubernamentales, sino también en los de los propios congresistas. Aún así, el senador ha señalado que en los temas de grueso calado sí han tenido la convocatoria suficiente para surtir sus respectivos debates en los que la Casa de Nariño no ha logrado sus objetivos. Eso sí, no contempla que a partir de marzo esas votaciones puedan incrementar.
En diálogo con El Espectador, el congresista manifestó que “el cierre de periodo fue muy difícil respecto a mi primera Presidencia (2019). Nosotros en ese periodo presentamos un balance muy positivo. Ese fue el segundo año del cuatrienio, pero en este momento que estamos en elecciones es muy complejo mantener el quórum, las votaciones son muy precarias y hay mucha ausencia de debate y los ministros no van. Es muy difícil el debate y espero que cuando pasen las elecciones en marzo podamos ponernos al día en todos los temas que están pendientes”.
Y el panorama también tendría una implicación desde el ministerio del Interior, puesto que la presencia del jefe de esa cartera, Armando Benedetti, disminuyó considerablemente en los pasillos del Congreso, ante los roces que ha sostenido con el presidente del Senado, así como la distancia que se ha marcado en el interior del gabinete.
Fue por ello que, por ejemplo, Benedetti no acudió a ninguna de las sesiones que tenían comprometida la discusión del Minigualdad o la jurisdicción agraria, hecho que incluso se ha hablado propiamente en la bancada del Pacto. Además, la mesas directivas de Cámara y Senado coinciden en que fue determinante la derrota del gobierno en la elección del último magistrado de la Corte Constitucional, que dejó a Carlos Camargo con ese asiento en la sala plena. Esa votación derivó en una pelea entre Lidio García y el presidente Petro, siendo el 4 de septiembre la fecha de su último diálogo.
Desde entonces, a pesar del lento avance de las iniciativas del Ejecutivo en el Capitolio, y pese a estar a uno metros de distancia, Benedetti solamente volvió al Congreso para presentar dos proyectos: la prohibición del fentanilo -que según algunas voces es uno de los pasos para desescalar las tensiones con los Estados Unidos-, y la ley de competencias.
Con ese panorama y un Senado que sigue en división y plantando cara a la Casa de Nariño, muchos de los congresistas de esta corporación señalan que no permitirán el paso de nuevos proyectos del Gobierno, y menos a tres meses que su mandato culmine. Lo mismo sucede en la Cámara, salón en el que muchos se podrían alinear con quien resulte vencedor en las urnas, o a quien se le vean mayores chances de llegar a la Presidencia el 7 de agosto del 2026.
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Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
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