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Con 61 votos a favor y cero en contra, la nueva ley, que busca establecer controles a las universidades de garaje, quedó pendiente de sanción presidencial.
Esta norma le otorga al Ministerio de Educación las facultades necesarias para imponer medidas a corto plazo, preventivas y sancionatorias a las instituciones de educación superior que presenten irregularidades de carácter financiero y administrativo.
Según la senadora Claudia López, estas funciones le permiten al Estado tener el control sobre la educación que se necesita para evitar que más estudiantes colombianos sigan siendo estafados. “La ley no irrumpe con la autonomía universitaria, en tanto que garantiza los fines de la educación y evita que ésta se convierta en un lucro para unos pocos”, recalcó.
La ley también establece, en un plazo de un año, la creación de una superintendencia de educación como un ente regulatorio independiente del Ministerio capaz de tomar medidas drásticas de control con las universidades.
Por su parte, senadores del Polo y algunos del Centro Democrático, junto con grupos estudiantiles como la MANE y organizaciones como la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), han manifestado su desacuerdo con el proyecto de ley aprobado.
Por su parte, el senador Juan Manuel Corzo fue enfático en señalar que con esta ley “el Congreso está siendo irresponsable al ceder funciones que no le corresponden al Ministerio, sino a una superintendencia, a la Contraloría y a la Procuraduría.
No obstante, Gina Parody, ministra de Educación, dejó claro que esta herramienta será aplicada con severidad a las instituciones de las que se tengan indicios de que están utilizando los recursos no para la educación, sino para un negocio. Recalcó, además, que “si no fuera por este proyecto quedaría violado el derecho a la educación”.
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