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El 2026 coge al sector salud haciendo cuentas. Al aumento del salario mínimo y a las proyecciones de cierre del IPC se suma el anuncio —tan esperado como debatido— del incremento de la UPC. Aunque a simple vista puedan parecer variables independientes, en realidad hacen parte de un mismo engranaje financiero del que dependerá la financiación y la sostenibilidad del sistema de salud que responde a cerca de 50 millones de colombianos.
La joya de la corona sigue siendo la UPC. Los recursos que el Estado gira a las EPS por cada afiliado para garantizar el Plan de Beneficios en Salud (PBS) están en el centro de una discusión larga, técnica y que se ha tornado profundamente política.
Mientras el Gobierno ha sostenido durante los últimos dos años que la plata que entrega es suficiente, las EPS, los gremios, algunas organizaciones de pacientes e incluso la misma Corte Constitucional —para años como 2024— han concluido lo contrario: que la UPC no alcanza y que el sistema arrastra una desfinanciación estructural. En ese escenario estaba el debate cuando el Ministerio de Salud tomó una decisión para 2026 que introdujo un par de matices a la discusión.
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Para entender esto, conviene entonces retomar lo decidido por el Minsalud. A diferencia de años anteriores, la cartera de Guillermo Alfonso Jaramillo optó para 2026 por un incremento diferenciado de la UPC para el régimen contributivo y el subsidiado. Para quienes no están tan familiarizados con el funcionamiento del sistema de salud, al régimen contributivo pertenecemos todas las personas que tenemos capacidad de pago y cotizamos a través de nuestro salario o ingresos como independientes; el régimen subsidiado, en cambio, cubre a la población sin capacidad de pago, financiada principalmente con recursos del Estado.
Para el régimen contributivo, entonces, la UPC pasó de COP $1.521.489, a COP $1.658.912, lo que representa un aumento del 9.03%. Para el régimen subsidiado, la UPC pasó de COP $1.323.401, a COP $1.541.706, un aumento del 16,49%.
Dada la diferencia entre ambos incrementos, las implicaciones no son las mismas para cada régimen. En el contributivo, el aumento del 9,03 % es más de lo que algunos esperaban, considerando que en 2024 el Gobierno aumentó la UPC solo con la inflación. Pero quedó lejos de lo que pedían gremios como ACEMI —que agrupa a las EPS de ese régimen—, que insistían en la necesidad de un ajuste superior al 17 %. “El aumento está muy lejos de lo que se esperaba. En este régimen se concentra la mayor proporción del gasto en salud”, reaccionó Ana María Vesga, directora del gremio. Y es aquí donde la discusión se cruza con otras cifras macroeconómicas. Vesga advierte que, si se tiene en cuenta la proyección de cierre del IPC para este año, el incremento real de la UPC sería apenas de entre 4 % y 5 %.
Esa cifra surge de una operación relativamente “sencilla”. El Banco de la República estima que la inflación cerrará 2025 en alrededor del 5 %, o un poco por debajo o por arriba. Si a ese dato se le descuenta del aumento nominal del 9,03 % de la UPC del régimen contributivo, el margen real de crecimiento es al que se refiere Vesga. ¿Y qué tiene ver que la inflación con las finanzas de las EPS y el sistema de salud? Mucho. Cuando los precios suben, también lo hacen los costos de operación de las EPS y de los prestadores: un medicamento importado que, por ejemplo, llega más caro, o una clínica que ajusta sus tarifas porque tiene costos más altos.
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Además, agrega Alejandro Escobar, director de Sectorial, una firma de análisis que estudia las finanzas del sector, el aumento del salario mínimo también tiene un efecto directo sobre la salud. “Las necesidades de recursos no contemplaban un ajuste del salario mínimo del 23 %. En el sector salud, el salario de cerca de una tercera parte de las personas está en ese nivel”, advierte. Vesga lo traduce en la misma línea en otra cifra: más del 40 % del gasto del sistema de salud corresponde a nóminas, y una parte significativa de esos trabajadores gana el salario mínimo o está muy cerca de él. De esta forma, advierten ambos, un aumento del 23 % en el mínimo se convierte en una presión inmediata sobre los costos en salud.
No fueron los únicos que manifestaron su preocupación por el incremento en este régimen. “El ajuste anunciado no responde al crecimiento real del gasto en salud ni a los desafíos que hoy presenta el Sistema: una demanda que aumenta año a año, una población cada vez más envejecida y un portafolio de servicios más complejo que incorpora nuevas tecnologías y tratamientos”, señaló Afidro, el gremio que reúne a las farmaceúticas internacionales que operan en Colombia. Su director, Ignacio Gaitán, agregó que “la sostenibilidad del Sistema y el bienestar de los pacientes dependen de una UPC suficiente, transparente y técnicamente calculada. Desde AFIDRO hemos insistido en que un ajuste del 15 % es necesario para responder a las presiones actuales y fortalecer el Sistema”. La Andi y organizaciones como Pacientes Colombia se pronunciaron en un sentido similar.
En esa línea, y como ha sido usual durante los últimos años, Gobierno y gremios chocan en los cálculos que consideran son los más técnicos para definir la cifra. En el cambo del régimen subsidiado, sin embargo, la situación es muy diferente.
Podría ayudar a cerrar una brecha
Vesga, de Acemi, reconoce que el incremento del 16,49% en la UPC del régimen subsidiado es una noticia que “seguramente será un alivio para más de la mitad de la población y permitirá empezar la estabilización de los servicios”. Se trata, también, de un esfuerzo por cerrar una brecha histórica entre ambos regímenes.
Para entender esto, hay que explicar rápidamente que la UPC del régimen contributivo es diferente a la UPC del régimen subsidiado. Históricamente, la segunda ha sido más baja que la primera, aunque desde hace años existe una política de equiparación entre ambas. La razón de esa diferencia no es que el plan de beneficios sea distinto, pues en teoría todos los colombianos tenemos derecho al mismo plan de beneficios, sino que el cálculo de costos, riesgos y fuentes de financiación ha sido diferente para cada régimen. La Corte Constitucional ha insistido en diversos autos que seguir permitiendo una brecha persistente en la UPC puede terminar vulnerando el derecho a la igualdad en el acceso a la salud, por lo que ha ordenado al Estado avanzar en su equiparación en varias ocasiones.
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De hecho, Jorge Enrique Gutiérrez, presidente de Gestarsalud, el gremio que reúne a las EPS del régimen subsidiado, recuerda que la primera orden de la Corte en ese sentido fue en 2016. “En ese momento estábamos más o menos en un nivel del 91,4 % en comparación con el régimen contributivo; es decir, la igualación que se planteó entonces se habría podido hacer en un plazo más corto. Nos tocó esperar”.
Como agrega entonces Johnattan García-Ruiz, investigador, de la Escuela T.H. Chan de Salud Pública de la Universidad de Harvard, el aumento de la UPC decidida para este 2026 va en el camino de esa equiparación ordenada por el alto tribunal. “De hecho, ese es uno de los argumentos del decreto de emergencia”, recuerda García. En el decreto sobre emergencia económica, el Gobierno señala que necesita COP 3,3 billones adicionales para cumplir con ese objetivo este año.
Con el aumento del 16,49%, la UPC del régimen subsidiado queda equiparada en un 95% a la UPC del régimen contributivo. Pero eso no significa, dice Gutierrez, ”que el régimen subsidiado haya tenido una mayor equiparación histórica. El régimen subsidiado solo había tenido —con este— el segundo año en el que recibe un aumento mayor. Uno fue en 2019 y el otro es el que se está haciendo en 2026, lo cual apunta a un tema de equidad, sobre todo para la población del régimen subsidiado, que es más de la mitad de la población asegurada del país”.
Gutiérrez cree, en todo caso, que el aumento de la UPC no se puede ver de forma aislada frente a otras noticias como el cierre de las mesas de trabajo que se hicieron por orden de la honorable Corte Constitucional. “Tuvimos la última reunión cuando ya sabíamos, por declaraciones de funcionarios, del mismo ministro de Salud y por lo que se veía en redes sociales, que el Gobierno Nacional, dentro de su responsabilidad ante la Corte Constitucional, iba a emitir una opinión. Esa fue una opinión solo del Gobierno, no consensuada, en la que se afirmó que la UPC de 2024 era suficiente y que no requería ajustes para los años 2021, 2022, 2023 y 2024, dadas las características expuestas en el informe final. Ese es un tema que hay que tener presente, porque hace parte de un problema estructural de insuficiencia”.
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