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Todo apuntaba a que el pasado 5 de febrero iba a ser el capítulo final del proceso penal en contra de Otto Bula por su participación en el entramado de Odebrecht. A cambio de aceptar su responsabilidad por los delitos de enriquecimiento ilícito de particular y cohecho y colaborar con la justicia para esclarecer el pago de coimas por parte de la multinacional brasileña, el exsenador iba a ser condenado a 5 años y 5 meses de prisión.
El escenario ya estaba planteado, el juez había avalado el preacuerdo en una audiencia anterior y las víctimas -la Contraloría y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)- dieron su visto bueno a lo negociado entre el procesado y la Fiscalía. El elemento inesperado lo dictó la Procuraduría, que se opuso a la sentencia.
(También: «Le pido a la Procuraduría que deje conocer toda la verdad del caso Odebrecht»: Otto Bula)
Bula se fue lanza en ristre en contra del Ministerio Público: “Le pido que le permita a Colombia conocer toda la verdad sobre el caso Odebrecht. Están obstaculizando un preacuerdo desde el primer día. Quiero decirle al señor procurador general que quien ha colaborado con información en este caso he sido yo. Los procesos que el Ministerio Público adelanta contra miembros de Odebrecht en Colombia han sido gracias a mí colaboración ante ese organismo”.
Las razones de esta acción no estaban muy claras, puesto que la Procuraduría señaló que presentaría por escrito la apelación de la condena. Así fue y El Espectador pudo conocer el documento en el que el Ministerio Público expuso sus puntos para rechazar los 66 meses de prisión a los que fue condenado Otto Nicolás Bula, uno de los lobistas de Odebrecht.
Desde el comienzo, la Procuraduría hace la salvedad de que no se opuso en ningún momento a los “términos del preacuerdo, pues los argumentos anunciados por las partes para llegar al consenso en punto a la degradación de la imputación delictiva resultaban razonables. La inconformidad del Ministerio Público residía en la forma en la que se estableció los 66 meses de prisión.
(Vea: Los líos de Otto Bula para reparar a las víctimas de Odebrecht)
Para el ente de control, la forma en que se determinó la pena fue caprichosa y desconoció el sistema de dosificación e individualización de la pena. Se habría violado el derecho al debido proceso ya que se desconoció los principios de la legalidad de las penas y se usurpó la decisión del juez para fijar la penalidad.
En las razones expuestas, la Procuraduría de igual manera señala que es entendible que en un preacuerdo no se acuda al mismo método que se usa en un juicio para definir la pena, pues así lo contempla la ley. No obstante, señala la entidad, no pueden desconocerse la gravedad de la conducta, el daño real, la intensidad del dolo, la necesidad de la pena y su función. Y en este caso, para el Ministerio Público, se desconocieron estos elementos para establecer una pena arbitraria.
“Toda sentencia deberá una fundamentación deberá contener una fundamentación explicita sobre los motivos de la determinación cualitativa de la pena”, recordó la Procuraduría, que aseguró que el juez se limitó a acoger el monto pactado por la Fiscalía y el procesado y no realizó ninguna definición sobre la razón de esta condena.
(Vea: Caso Odebrecht: luz verde a preacuerdo de Otto Bula, antiguo lobista de la constructora
Asimismo, el ente de control señaló que en el preacuerdo no hay ninguna justificación sobre la fijación de la pena y de los agravantes que la aumentaron en 6 meses más de los planteados en un inicio. “Ninguna justificación sobre este particular se encuentra en la sentencia y ello, sin lugar a duda, afecta el principio de motivación y de legalidad del fallo, ya que no explicitó criterio alguno, distinto al estrecho argumento de sujetarse a los términos del acuerdo”, añadió la entidad.
Por otro lado, en el documento se señaló que las condenas deben servir como una comunicación a la sociedad como forma de prevención “al enviar el mensaje de que unos hechos constituyen un delito y que el Estado, a través de los jueces, impone la sanción a quien es declarado culpable. Y no se trata simplemente de poner una pena cuantificada de manera caprichosa”.
“Flaco favor se hace a ese cometido con la imposición de penas que no da cuenta, debidamente, de la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza y entidad del daño ocasionado”, concluyó la Procuraduría. Enunciando sus argumentos, el Ministerio Público pidió que el juez sea el que determine si la pena cumple con los requisitos de legalidad y sea este el que la asuma y la imponga.
(Más: Los Mendoza Fortich, a juicio por tratar de extorsionar (supuestamente) a Otto Bula
Ahora está en las manos del juez avalar o no la sentencia que fue acordada entre la Fiscalía y Bula. De no ser así, podría correr riesgo el acuerdo al que llegaron ambas partes, al igual que la colaboración que ha adelantado el exsenador con el ente acusador.
Según el fiscal del caso, Daniel Hernández, Bula ha sido fundamental para encontrar más líneas de investigación, logrando determinar que fueron $65.000 millones los que repartió Odebrecht en Colombia. Además, se pondría en peligro la colaboración de Bula en casos como la Ruta del Sol II y la adición del tramo Ocaña-Gamarra.
Además de su colaboración, Bula se comprometió a entregar una casa finca que está ubicado en Chía, Cundinamarca, como parte de los $6.600 millones que tendrá que devolver al Estado por los delitos que cometió a favor de la multinacional brasileña. Sin embargo, con la acción de la Fiscalía, las acciones del preacuerdo se encuentran suspendidas.
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