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El Partido Conservador se sumó también este martes a las decenas de voces desde el Congreso que le han pedido al Gobierno Nacional que se declare el estado de emergencia económica y social para que el Ejecutivo tenga mayor capacidad de maniobra para contrarrestar los efectos que pueda tener el aislamiento frente al contagio del coronavirus (SARS Cov-2) en el país.
“Atendiendo las consecuencias que se vienen evidenciando a causa de la pandemia, donde el empleo y sectores empresariales salen víctimas, siendo el 48% de la población los más afectados por el estado de informalidad y de vulnerabilidad en que se encuentran por no poder generar ingresos en estos momentos, se deben implementar políticas públicas que los ayuden a superar este difícil momento”, señalaron los voceros de la bancada azul, senador Efraín Cepeda y representante Juan Carlos Wills.
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En ese sentido, pidieron alivios al sector empresarial, en especial a los micros, pequeños y medianos empresarios y sugirieron que, a través de Bancoldex, Banco Agrario o Findeter, se crearan líneas de crédito con cero intereses para pagos de nóminas y evitar la pérdida de empleos. “Igualmente reducciones tributarias, congelamiento de las obligaciones crediticias, bajas en los intereses de los créditos empresariales vigentes, flexibilizar la regla fiscal, congelamiento de servicios públicos y para los estratos 1 y 2, el pago anticipado de la devolución del IVA que se aprobó en la pasada reforma tributaria, entre otros”, expresaron los conservadores.
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Por otra parte, celebraron que el Gobierno haya optado por impulsar el teletrabajo e insistieron en la necesidad de fortalecer las medidas de prohibición de ingreso al país, con el cierre de todas las fronteras, incluida la aérea, “con excepción de connacionales y residentes en el país”.
En cuanto a esas medidas económicas, el congresista de ese partido, Yamil Arana, propuso “aplazar el calendario tributario sin excluir actividades comerciales”. También sugirió prorrogar las obligaciones financieras, bajar las tasas de interés y suspender el cobro de servicios públicos a los sectores más vulnerables.
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