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Su editorial de la fecha (mayo 27) defiende, con pleno derecho, el titular y la publicación de la fotografía del exconcejal Hipólito Moreno en su edición del miércoles pasado, aseverando que “Muchos creímos que no la veríamos jamás; suele suceder que los grandes escándalos de corrupción de este país se queden en los titulares de prensa, un par de chivos expiatorios y muchos responsables gozando de sus ganancias millonarias”.
Coinciden sus percepciones de esperanza en que, con el viraje que el fiscal Montealegre les ha dado a las investigaciones criminales, se frene la impunidad y, por consiguiente, la voracidad de la corrupción en el país, con la crónica escrita por el exzar anticorrupción Carlos Fernando Galán, en su edición del domingo, quien sobre el particular afirma: “…se requirió una tenaza tan nauseabunda como efectiva: el manejo de la cabeza del Ejecutivo y la complicidad de los órganos de control político, fiscal y disciplinario. Todo esto lo estructuraron abogados y contratistas expertos en torcer procesos licitatorios”. Aseverando más adelante, “Pero, ahora que tanto se habla de que no debe haber impunidad, no podemos permitir que la haya tampoco desde el punto de vista político”.
Sin pretender convertirme en abogado del diablo, pero conocedor de primera mano de la contratación estatal, como jefe de compras que fui de la Secretaría de Educación del Distrito durante 15 meses, a mediados de los 80, puedo asegurar que la infección de la corrupción nació y prevalece exclusivamente en los vicios de la politiquería, enquistado en el Legislativo que hace las leyes de contratación y sus reglamentos. La engendró el Frente Nacional que derrocó al general Rojas Pinilla, a cuyos nietos quieren eliminar hoy. El capitalismo salvaje, que no tiene ni respeta principios (cacaos, multinacionales, contrabandistas, traficantes, etc.), financia las curules de los legisladores (los concejales son apenas cargaladrillos de los congresistas), encarecidas por autoelevación de dietas, privilegios y carruseles, convirtiendo en empresa de delincuentes lo que debiera ser recinto sagrado de la democracia en representación del pueblo. En contubernio con un régimen presidencialista omnipotente, eligen los entes de control a su conveniencia: contralor, procurador y magistrados de las altas cortes.
Mientras el capitalismo salvaje y la gran prensa (su principal herramienta) no hagan un análisis profundo de su misión, respetando los principios morales del pueblo y la ética profesional y que la política como un servicio a la comunidad, antes que un medio de enriquecimiento, o un patrimonio de familia heredable, no podemos esperar más que lamentaciones y vergonzosas frustraciones.
Leovigildo Micán Morales. Bogotá.
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