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Estado fuerte o caudillo

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En los años sesenta Mario Laserna escribió un libro con este título, planteando que ese era el dilema colombiano.

Es el título que más recuerdo de la biblioteca de mi padre, porque además de elocuente, es sonoro. Cuarenta años después, ese mismo dilema resume las alternativas políticas actuales.

Es difícil señalar un problema que sea la causa principal de la problemática compleja de un país en el siglo XXI. Empezando porque aun los problemas más estructurales son a la vez causa y consecuencia. Pero la falta de fortaleza del Estado ha sido por siglos el gran trauma nacional.

No sólo la falta de fortaleza para garantizarles a los ciudadanos los servicios públicos esenciales, sino para enfrentar a los grupos de poder legales e ilegales. Porque la falta de paz y seguridad es sólo uno de los resultados de la debilidad del Estado para contrarrestar grupos de poder. También lo son los problemas de desigualdad, de salud, de infraestructura, de tierras, de justicia, de educación, de pensiones, de comercio exterior y especialmente de corrupción, que es transversal. El caso más evidente quizás sea el de la justicia. Las soluciones a los graves problemas de impunidad requieren de una reforma de fondo, que no permiten quienes controlan la justicia desde sectores de la Rama Judicial y del Congreso.

Un Estado débil carece de la legitimidad suficiente para cortar su dependencia del sistema político clientelista, hecho para comprar unas minorías que aparenten legitimidad electoral. En Bogotá, Antanas Mockus pudo gobernar con gran efectividad sin sostenerse en el clientelismo, porque el Estado local había alcanzado un nivel de fortaleza suficiente. Es un hecho aceptado que se requieren profundas reformas —agraria, tributaria estructural, a la justicia, pensional, a la educación, etc.—, pero también es aceptado como un hecho que, o no son viables, o es arriesgado intentarlas porque pueden terminar convertidas en remedios peores que la enfermedad. El principal factor de fortaleza estatal en Colombia es la Constitución del 91, razón por la cual los jueces terminan interviniendo en asuntos que no parecen de su competencia, para defender a ciudadanos desatendidos. Por eso es tan importante proteger a la Corte Constitucional —la última instancia ciudadana— de la captura de grupos de poder.

Eso en el terreno institucional. En el de la ejecución, el problema es similar. Porque el Estado carece del tamaño, de la presencia territorial, de la capacitación, de la estabilidad laboral, del soporte político y ciudadano que se requieren para sobreponerse a la influencia de los grupos de poder.

Por esa razón, el colombiano tiene la sensación de que está sometido a la ley de la selva, y la opinión pública sólo reconoce una cualidad en los gobernantes: la firmeza. Y por eso el título del libro de Laserna captura el problema esencial de la política colombiana actual, tan evidente por la oposición uribista. Durante el gobierno Uribe se tuvo la sensación de que el caudillo proveía la fortaleza de que carecía el Estado. Pero en realidad Uribe sólo fortaleció temporalmente al Estado frente a un grupo de poder ilegal, y lo debilitó frente a los legales. Nada puede hacer más por fortalecer el Estado colombiano que la paz, que cambiaría el énfasis político hacia lo social.

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