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Que se declare una emergencia carcelaria es el llamado que ha hecho la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, al Gobierno Nacional, luego de evidenciar que las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y las estaciones de Policía de la ciudad están desbordadas. Según el ministerio público, la situación es precaria e inhumana para quienes conviven en estos espacios que no fueron pensados ni construidos para este fin.
En Bogotá, como en el resto del país, los niveles de hacinamiento son alarmantes. La situación más grave se presenta en la Estación de Policía de Tunjuelito que tiene un hacinamiento del 483% pues, en un espacio para seis personas, hay 35. Con una sobrepoblación del 410%, la estación de Los Mártires se ubica en el segundo lugar, ya que su capacidad es de 20 y hay 102 personas. El tercer lugar es para la estación San Cristóbal, allí hay espacio para 15 personas y conviven 57 procesados.
En un estado similar se encuentran las Unidades de Reacción Inmediata (URI). De las cinco URI que funcionan en la ciudad, solamente hay tres que están habilitadas en este momento ya que la URI de La Granja está en remodelación y la de Ciudad Bolívar fue cerrada por problemas de salubridad. La que tiene mayor hacinamiento es la URI de Kennedy, donde en un espacio para 60 sindicados, conviven 127. La situación se replica en la URI de Puente Aranda, que tiene una capacidad para 70 personas, pero hay 119.
El único caso diferencial, es el de la URI Usaquén donde, en vez de hacinamiento, hay espacio. Allí, seis procesados comparten un espacio que es para 12.
Para empezar, hay que aclarar que ni las URI, ni las estaciones de Policía, fueron pensadas para acoger de manera permanente a personas que delinquen o infringen la ley. Por el contrario, se trata de lugares transitorios donde un sindicado puede permanecer máximo 48 horas, mientras se surte la legalización de captura. Si al aprehendido se le impone medida de aseguramiento intramural, al presentarlo ante el juez de control de garantías, debe ser trasladado de inmediato a un centro carcelario y su custodia pasa a manos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Sin embargo, la Defensoría ha denunciado que hay sindicados que completan meses dentro de las URI o estaciones de Policía, sin que ni siquiera se les haya iniciado un juicio. “Esto está desbordado, ya no tiene una posible solución, los pañitos de agua tibia que siempre ha puesto el Distrito es dar unos pocos cupos en la Cárcel Distrital de Bogotá. Se han jactado de decir que ha solucionado el problema de hacinamiento en las estaciones de Policía y URI y esto no es cierto”, afirmó la personera.
Agregó que cuando se presentan la crisis, hay motines, fugas, agresiones y hasta un muerto, este año, el Distrito libera 20 cupos en dicho centro penitenciario y eso no alivia un problema que es estructural y que involucra al Gobierno Nacional.
La funcionaria hace referencia a un amotinamiento ocurrido en la Estación de Policía de Los Mártires el pasado 14 de enero, en el que murió un joven de 24 años. La situación inició con una pelea entre dos detenidos y escaló hasta cuando 40 detenidos se unieron para atacar las instalaciones y a los uniformados que los custodiaban. El Esmad tuvo que intervenir en esta situación para impedir que se agravara aún más. Posteriormente, el veedor de Derechos Humanos de la Policía Nacional, Armando Vergara, informó que la persona fallecida llevaba un año detenida en la estación.
Y es que en lo corrido del año se han presentado varios eventos similares. El 22 de enero la estación Usme fue escenario de un motín en el que resultaron 11 personas heridas. Dos días después, en las celdas de paso del CTI de la Fiscalía en Paloquemao, un procesado inició una huelga de hambre a modo de protesta argumentando problemas con la alimentación que reciben.
En la URI de Puente Aranda, este mes, se han presentado dos sucesos. El primero, el 3 de enero cuando los detenidos se volcaron en contra de los uniformados que iniciaron una jornada de requisa para incautar los elementos que no deben portar los privados de la libertad (celulares, armas blancas, estupefacientes). En este evento también tuvo que intervenir el Esmad. Finalmente, el 19 se desencadenó una gresca por un supuesto robo entre los procesados y algunos aprovecharon el desorden para amotinarse.
En días anteriores la Ministra de Justicia, Margarita Cabello se refirió al tema y afirmó que, desde el Gobierno Nacional se hará el mayor esfuerzo por liberar los espacios de aquellos que ya están condenados. “En Bogotá, hay 1.174 personas privadas de la libertad en la URI y estaciones de Policía. De esa cantidad, 118 son condenados, que son responsabilidad de la Nación, el resto son sindicados o procesados que son responsabilidad de los entes territoriales”.
Pero esta situación no solo impacta a los procesados que viven condiciones inhumanas. Según el veedor de Derechos Humanos de la Policía Nacional, Armando Vergara, muchos de los policías que deberían estar en las calles brindando las garantías de seguridad y vigilancia de los ciudadanos del común, deben quedarse en el interior de las estaciones y las URI para custodiar a los privados de la libertad.
“La Policía no es un ente constituido para cuidar personas privadas de la libertad y las estaciones se volvieron prácticamente cárceles. Son hasta ocho policías los que se tienen que dedicar a cuidar a estas personas por cada estación. Por ejemplo, Kennedy tiene 125 cuadrantes para toda la localidad, pero como hay que destinar policías para que vigilen a estas personas, salen a la calle unos 100 cuadrantes”, indicó.
Hasta el momento, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado sobre la posibilidad de declarar la emergencia carcelaria que llevaría a tomar medidas urgentes para enfrentar una situación extraordinaria como, por ejemplo, ordenar la construcción o habilitación de lugares óptimos para una reubicación.
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