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Durante muchos años, el experto en finanzas Hernando Martínez Arias lideró ambiciosos proyectos económicos. Con estudios en la Universidad de Quebec (Canadá) y la Universidad de Essex (Inglaterra), fue jefe de exportaciones de una empresa en Montreal y socio y consultor de la firma Rodrigo Llorente & Asociados. Sin embargo, un día decidió cambiar de orilla y lleva casi tres décadas dedicado a estudiar cómo funcionan las instituciones crediticias y de qué manera controlan a gobiernos y sociedades.
Esa evaluación lo llevó en 2015 a demandar ante la Corte Constitucional el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. La Corte rechazó su demanda tras considerarla basada en “apreciaciones subjetivas”. Dos años después, Martínez presentó un derecho de petición al gobierno Santos con sus inquietudes, y la respuesta fue enviar su escrito a la Fiscalía, que nunca contestó. Ahora, su reclamo llegó al Consejo de Estado como acción popular y está pendiente de saber si el alto tribunal está dispuesto a dar el debate.
¿Por qué cree que ha llegado la hora de dar el debate sobre los límites de la actividad financiera?
Porque hoy la humanidad está encadenada a una deuda de unos US$250 trillones, monto que supera de lejos el del producto bruto mundial, situación que ha llevado a que individuos, empresas y Estados sean en la actualidad “sujetos con limitadísima capacidad de crédito adicional”. Los banqueros ocultan su insolvencia con la complicidad de auditores y agencias calificadoras de riesgo, y la banca central se ve obligada a entrar en escena como prestamista de primera instancia. Es irreversible la bancarrota del sistema financiero global, en cuyo rescate se han invertido, desde 2008, trillones de dólares, euros o yenes, para que los operadores de establecimientos bancarios y especuladores con títulos valores conserven su negocio. Un debate sobre los límites de la actividad financiera permitiría esclarecer si la moneda, como principio rector del orden social global, ya cumplió su cometido.
En su acción popular asegura que hoy los bancos no son intermediarios financieros sino creadores de dinero nuevo a través de cheques o tarjetas de crédito, ¿cómo lo explica?
Los operadores de establecimientos bancarios tienen “licencia para crear medios de pago”, con fundamento en la ley 35 de 1993 y el decreto 663 de 1993, que les asignó la función de “captar recursos en cuenta corriente bancaria”, como atributo adicional al de “captación de otros depósitos a la vista o a término”. Si esa captación de otros depósitos a la vista puede darse tanto en cuentas de ahorro como en cuentas corrientes bancarias, ¿qué ocultan las normas? El banquero crea medios de pago de la nada, mediante asientos contables en el momento de un desembolso. Los fondos prestados cobran vida como asientos contables electrónicos, pero no como recursos reales. Invertidos en la realización de un proyecto, o en la adquisición de bienes y servicios, se convierten en la fuente de depósitos, a la vista o a término.
En otras palabras, los banqueros operan como atípicas casas de empeño. Mientras el comerciante ejecuta sus labores con el 100 % de capital propio, el banquero, contra la firma de un pagaré y demás garantías, crea depósitos en cuenta corriente y autoriza al deudor para librar cheques y efectuar transferencias electrónicas a su cargo. El prestatario se obliga a devolver el monto pactado, más intereses por el arriendo del dinero, y el banquero a endeudarse para cubrir el pasivo creado. Una actividad en la que ni la disponibilidad de recursos captados del público, ni la disponibilidad de reservas en el banco central limitan la generación de préstamos. Y si bien el banco central tiene el mandato de ordenar la fabricación de medios de pago del tipo “moneda legal”, sus billetes y monedas solo entran al mercado a través de beneficiarios del crédito bancario.
Más aún, el banco central trabaja con metas de tasas de interés y provee tantos recursos como exijan los establecimientos bancarios. Un proceso socialmente muy costoso, pues la autoridad que otorga la concesión rescata a los banqueros cuando yerran, socializando las pérdidas. Adicionalmente, la comunidad, a través de la rama Judicial, subsidia los servicios de “agencia de cobro”, pues al menos un 70 % de los pleitos que se ventilan en las cortes están relacionados con negocios del sector financiero. El banquero goza de autonomía para establecer términos y condiciones de ventajosos contratos, y para decidir a quién y para qué prestar; es decir, el factor determinante de la evolución social es coartado por los límites de endeudamiento individual y colectivo.
¿Por qué acompañó su demanda con un texto de Martin Wolf, comentarista del “Financial Times”, y un estudio de los expertos Michael Kumhof y Zoltan Jakab, de la revista “Finanzas y Desarrollo” del FMI?
Porque desde 2014, Wolf planteó lo mismo que expreso en mi demanda. Que Legislativo y Ejecutivo deben revocar las normas que facultan a los bancos para emitir dinero cuando otorgan crédito. Wolf representa a las voces globalistas de la economía a la que todas las instancias estatales veneran. Ahora coincido con él cuando predica que ese privilegio de los banqueros como creadores de medios de pago es un hueco en el corazón de las economías de mercado. Por otro lado, incluí a Kumhof y Jakab por conveniencia didáctica, porque en su texto La verdad sobre los bancos, describen el proceso de creación de nuevos medios de pago por parte de los bancos. Además, apalanqué mi acción popular con una prueba empírica del profesor Richard Werner en 2014, que valida la tesis de los bancos como creadores de dinero.
Usted ya había intentado llevar este debate a la Corte Constitucional y le contestaron que sus argumentos eran subjetivos.
La Corte Constitucional dijo que, más que una controversia constitucional, el privilegio-concesión otorgado a los bancos se deriva de la ley 35 de 1993. No hay duda de que, tras el concepto de “captar recursos en cuenta corriente bancaria, además de otros depósitos a la vista o a término” existe un insaciable apetito económico que requiere un cambio de rumbo.
Los expertos sostienen que la crisis financiera mundial de 2008 se solucionó con remiendos, ¿comparte esa apreciación?
Desde el pasado 17 de septiembre, la Reserva Federal es, de nuevo, prestamista de primera instancia de los bancos. La teoría y la reglamentación predican que un banco central solo desempeña esa función en última instancia, siempre y cuando las instituciones crediticias sean solventes.
¿Por qué cree que la manera como opera hoy el sistema financiero afecta la moralidad administrativa y desconoce la libre competencia económica?
Ejecutivo y Legislativo desbordaron sus atribuciones y se desviaron del cumplimiento del interés general al conceder a los bancos la facultad de ser creadores-proveedores de medios de pago. El único derecho del ser humano es el derecho a una vida plena. Y el acceso al medio de pago es factor determinante de la vida económica. Si a un individuo se le priva de la posibilidad de obtener medios para vivir dignamente, por no tener cómo acudir a un banco, se le priva también de la posibilidad de contribuir al enriquecimiento de la canasta social. Los bancos condenan a vivir en condiciones de pobreza obligatoria. Consolidar la emisión de medios de pago en manos soberanas, para destinarla exclusivamente a la producción de bienes y servicios, sería una oportunidad creativa.
¿Y cómo explica su tesis de que el círculo de los préstamos, las hipotecas y los intereses desconoce los derechos de los usuarios de servicios financieros?
Como individuos, empresarios, o nación, todos somos usuarios de los servicios financieros. Al privatizar la concesión para crear los medios de pago, Legislativo y Ejecutivo consagraron a los bancos como poder dominante. Además de emitir dinero-deuda, controlan la red de pagos y manejan el grueso de los activos financieros. Así, los objetivos del desarrollo político, económico y social están sometidos a sus intereses. Sus políticas crediticias y elevados márgenes de utilidad obran en detrimento del bienestar social.
Por muchos años usted se dedicó a las finanzas, ¿por qué ahora está del otro lado?
Un sinnúmero de experiencias me sirvieron de suficiente ilustración para ver que el mundo se dirige al borde de un abismo, y me dispuse a encontrar un sentido a la vida personal y colectiva. Desde esa perspectiva, la crisis es la quiebra de un orden social egoísta. Para progresar se requieren estructuras que propicien el desarrollo de la solidaridad. Un orden que enriquezca la libertad individual que hemos conquistado. Y un punto de apoyo óptimo para alcanzar este ideal es la moneda como verdadero servidor público.
Si el Consejo de Estado tampoco admite su demanda, ¿qué piensa hacer?
Las crisis son oportunidades, y lo que planteo es tomar conciencia de lo que significa estar atados a la voluntad de los bancos, con la complicidad del Estado. El año pasado emprendí la acción popular, el Tribunal de Cundinamarca la rechazó por improcedente y apelé ante el Consejo de Estado. Sé bien que las libertades no se otorgan, se conquistan y constitucionalmente el pueblo es el soberano. Si el alto tribunal no admite mi debate, propongo a la comunidad apelar a la vía del referendo plebiscitario para que algún día se abra paso un nuevo orden en el que, insisto, la autoridad monetaria se desempeñe como un verdadero servidor público.
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