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A medida que se acerca el final de su mandato, el presidente Gustavo Petro ha decidido reactivar una estrategia que ya había utilizado en el pasado que pretende garantizar que el llamado proyecto progresista tenga continuidad en el futuro. En este contexto, les dio la orden a los miembros de su recién nombrado gabinete y a sus seguidores para impulsar “la política en la calle” mediante la convocatoria de masivas manifestaciones para que los ciudadanos defiendan sus derechos, los proyectos que cursan en el Congreso y “combatir las ollas de la corrupción”. También es consecuente con los perfiles de varios de sus nuevos ministros y de otros funcionarios. La mayoría son más activistas que expertos con conocimientos en los temas de sus carteras. Es decir, darle prelación a la ideología sobre este. Esto repercute en la eficiencia y efectividad del Gobierno y fue una de las razones que motivó el último remezón ministerial. Recordemos que fue el propio presidente quien le reclamó a varios de sus colaboradores por la pobreza de resultados en su gestión.
Con relación a la lucha contra la corrupción, esta ha sido uno de los mayores obstáculos para el cumplimiento de las propuestas electorales del entonces candidato y de su gestión. En parte esto se debe a que algunos de los efectos se evidencian de manera inmediata, como por ejemplo la evidente pérdida de recursos y el retraso en la ejecución de obras en las regiones históricamente olvidadas. Otros, posiblemente la mayoría, van apareciendo después de varios años, cuando los estragos generan o incrementan condiciones como la pobreza, la desigualdad, el deterioro de la prestación de servicios públicos de calidad, entre otros. Pero también tiene efectos intangibles como la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la democracia, y abrir compuertas a opciones políticas extremas.
Aunque muchos de estos hechos vienen sucediendo hace mucho tiempo y en otros gobiernos, no pueden pasar desapercibidos y mucho menos ser una excusa para minimizar su gravedad. El Gobierno del cambio se comprometió a luchar frontalmente contra la corrupción. No obstante, los resultados han sido muy pobres. Esta se ha dado en las propias entrañas del Gobierno y se ha manifestado en temas como presuntas actuaciones corruptas de miembros de la familia presidencial, de amigos cercanos al presidente, de financiadores de su campaña, de copartidarios y de miembros de la coalición de Gobierno. Así mismo, con el nombramiento en altos cargos del Estado de personas con investigaciones en curso por estos delitos, el ofrecimiento de contratos multimillonarios y puestos a cambio de votaciones favorables a los proyectos del Gobierno y cuestionamientos sobre la financiación de la campaña y violencia de género, entre otros. También es muy preocupante la variedad de entidades y actores señalados de participar en estos hechos: miembros del Ejército, la Policía, la DIAN, el Invías, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Congreso, entidades de salud, miembros y dirigentes de los partidos políticos y de organizaciones gremiales, para mencionar unos pocos.
Presidente Petro, la corrupción se está convirtiendo en uno de los principales enemigos de su Gobierno y de su proyecto político. Esta no se resuelve con ideología, con manifestaciones en la calle, sino con acciones contundentes, caiga quien caiga. Incluyendo a sus más cercanos operadores políticos.
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