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El Bajo Cauca y el sur de Córdoba hacen parte de un corredor estratégico de relevancia para organizaciones relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades de orden ilícito. En medio de los intentos por controlar esta zona, se ha presentado un férreo enfrentamiento a muerte entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc o Clan del Golfo) y los Caparros, también conocido como el Bloque Virgilio Peralta Arenas y antiguo frente de las Agc.
En su última alerta temprana, del 29 enero de 2020, la Defensoría del Pueblo prendió las alarmas frente a los hechos de violencia cometidos por ambas organizaciones en Córdoba, específicamente en los municipios de San Carlos, Montería, Pueblo Nuevo y Planeta Rica. Las confrontaciones en estas zonas habrían comenzado por los intentos de los Caparros de desembarcar en esta zona del país. De acuerdo a la Defensoría, el Virgilio Peralta se estaría moviendo en la zona en búsqueda de control territorial.
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Para lograr este control del sur de Córdoba, los Caparros habría ofrecido dinero a miembros de las Autodefensas Gaitanistas para que se cambiaran de bando. De igual manera, habrían llegado a casas y fincas de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia para ofrecerles retornar a las armas, siendo mandos medios o incluso comandando unidades enteras. Hasta el momento su estrategia se ha enfocado en evitar desplegar acciones violentas directas.
Uno de los casos de intento de reclutamiento que pudo conocer la Defensoría fue el de un exintegrante de las Auc que vivía en Pueblo Regao. Hasta su residencia llegaron dos supuestos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas para decirle: «sabemos que usted perteneció a las Autodefensas, queremos que trabaje con nosotros, le vamos a dar plata ya y luego un sueldo mensual, piénselo, usted puede quedar comandando toda esta zona”. Este sería apenas uno de los múltiples casos de fichaje de exautodefensas realizados por los Caparros, en su intento por ocupar los terrenos que actualmente dominan el Clan del Golfo.
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La respuesta de las Autodefensas Gaitanistas no ha estado enmarcada en la contención: frente a los intentos de reclutamiento, la respuesta ha sido violencia. Una de las primeras acciones ha sido la reconfiguración de sus frentes para dar origen a una nueva subdivisión territorial: el frente Bajo Sinú. Asimismo, han activado un accionar violento en los municipios de Planeta Rica, Montería, San Carlos y Pueblo Nuevo.
La estrategia de la Agc se ha centrado en el empleo de amenazas, secuestro, tortura y homicidios para atemorizar a la población. El fin de estas acciones de terror es impedir deserciones y, bajo el temor, conservar las lealtades de las poblaciones donde los últimos meses han tenido control tanto territorial como social. Asimismo, de acuerdo con el Ministerio Público, han enviado panfletos usando nombres de otras organizaciones criminales para realizar amenazas y desplazamiento forzado.
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La Defensoría del Pueblo destaca por lo menos 13 acciones armadas cometidas por las Autodefensas Gaitanistas en su intento por amedrentar a la población civil frente al avance de los Caparros. Una de estas acciones ocurrió el 17 de noviembre de 2019, cuando tres presuntos miembros de las Agc fueron por varias veredas de la zona exigiendo un pago de un millón de pesos por población. Este dinero tenía que ser recogido por los líderes y pagado a miembros del grupo paramilitar. Esos mismos hombres retornaron el 9 de enero de 2020 para amenazar de muerte a varios líderes que no acataron sus pedidos.
Asimismo, faltando tan solo 13 días para el fin de 2019, hombres que serían del Clan del Golfo llegaron a Pueblo Regao, corregimiento de Pueblo Nuevo, y asesinaron a dos miembros de la comunidad. A uno de ellos frente a su hijo, mientras que a un segundo se lo llevaron amarrado frente a toda la comunidad y días después su cadáver fue encontrado con señas de tortura en una de las vías principales de la zona.
A finales de 2019 también se reportó una especie de caravana de intimidación en la que iban de casa en casa estableciendo horarios de restricción de movilidad, prohibiendo la entrada a extraños y anunciando el cobro de extorsiones.
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Una acción similar ocurrió el 3 de enero de este año, cuando encapuchados de las Agc llegaron al Guacharacal y poblaciones vecinas para entregar panfletos en los que amenazaban a 8 personas con nombre propio por supuestamente ser “expendedores de drogas, consumidores, chismoso, mujeres infieles y sapos”. A estas personas les ordenaron salir de la zona en menos de 24 horas, acción que realizaron acompañados de sus familias y otros habitantes de la región que quedaron atemorizados.
Otro de los casos reportados es el del asesinato de un miembro del Consejo Comunitario de Ana Fabricia Córdoba, al que le dispararon en una vía pública y su cuerpo dejaron tirado. Luego, le prohibieron a sus familiares y vecinos levantar el cuerpo. La intención era usar el cuerpo como señuelo para emboscar a la Policía. Incluso a empleados de una funeraria que fueron contratados para levantar el cuerpo fueron amenazados y retenidos, e incluso intentaron incendiar el carro fúnebre.
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