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Ese capítulo de la historia contemporánea de Colombia ocurrido hace 40 años representó también un antes y un después en la cronología del conflicto armado, toda vez que las incidencias de lo sucedido se convirtieron en una noticia permanente con repercusiones nacionales e internacionales, al tiempo que se desarrolló una intensa negociación política entre la organización insurgente y el gobierno de Julio César Turbay. Al final, el M-19 no logró su principal objetivo, que era la liberación de un alto número de insurgentes presos en las cárceles, pero consiguió que la crisis de derechos humanos que se vivía en Colombia se ventilara al mundo.
Imágenes: Así se vivió desde adentro la toma de la embajada dominicana por parte del M-19 en 1980
Cuando sucedió la toma de la Embajada de la República Dominicana, el país vivía en un ambiente de confrontación. Diecisiete meses antes, con facultades de Estado de Sitio, el gobierno Turbay expidió el llamado Estatuto de Seguridad, un severo régimen penal para enfrentar los retos del orden público, el cual les otorgó excesivas facultades operativas y judiciales a las Fuerzas Armadas. La respuesta del M-19, que entonces protagonizaba en las ciudades, fue el robo de cerca de 5.000 armas al Ejército en el Cantón Norte en Bogotá a través de un túnel de 80 metros. Ese operativo obró como una provocación directa a los militares.
Por eso, desde las primeras semanas de 1979, en aplicación del Estatuto de Seguridad, el Estado desató una ofensiva sin parangón contra el M-19, que derivó en la captura de sus principales comandantes. La réplica de la guerrilla fue la organización de la toma de la Embajada de la República Dominicana. Una acción que, según exguerrilleros que participaron en ella, se planeó en Melgar, a escasa distancia de la escuela élite de contraguerrilla del Ejército. Desde lo militar, la operación fue diseñada por Luis Otero, y la instrucción básica, con la compartimentación de rigor, fue que había que prepararse como para correr una maratón.
El comando quedó integrado por 16 guerrilleros bajo el mando de Rosemberg Pabón, quien asumió como “Comandante Uno”, a imagen y semejanza de otras tomas de embajadas en diversos países, que se habían convertido en un modus operandi de las organizaciones alzadas en armas. Como se había convenido en el plan, el grupo guerrillero entró a la sede de la Embajada de la República Dominicana y de inmediato le hizo saber a la sociedad y al Gobierno el objetivo de su acción: la libertad de más de 300 insurgentes presos y una gruesa suma de dinero, a cambio de la liberación de 17 diplomáticos de diversas naciones.
En el momento de la ocupación de la sede diplomática murió un guerrillero, y al final fue la única víctima en los dos meses que duró la toma. Fueron también 61 días en los que la prensa nacional e internacional decidió asentarse en una zona próxima a la edificación, a través de un despliegue mediático llamado Villa Chiva, toda vez que periodistas de diversas nacionalidades levantaron carpas para no perderse un solo momento de la toma. Entre tanto, en un vehículo estacionado frente a la edificación, se adelantó la negociación política entre el Gobierno y el M-19, con protagonistas de primer orden.
Los negociadores del Ejecutivo fueron Ramiro Zambrano y Camilo Jiménez, y por el M-19 intervino la guerrillera Carmenza Cardona Londoño, conocida como la Chiqui. El principal mediador en la fase de diálogo fue el embajador de México, Ricardo Galán. Fueron 61 días en los que, además, el grupo de diplomáticos rehenes, encabezado por el embajador de Estados Unidos, Diego Ascencio, y el nuncio apostólico, monseñor Ángelo Acerbi, vivió una circunstancia inusual. Los guerrilleros y sus rehenes tuvieron tiempo para compartir días y noches en una forzada convivencia que tiempo después dio para una película.
En el largometraje, dirigido por Ciro Durán y presentado en Huelva (España) en el año 2000, se recreó lo que en aquellos días de 1980 significó la toma de la Embajada de la República Dominicana por parte del M-19. Del mismo episodio surgieron varios libros testimoniales sobre los pormenores del cautiverio. La fuga protagonizada por el embajador de Uruguay, Fernando Gómez Fynn; el detallado relato del embajador de Guatemala, Aquiles Pinto Flores, convertido después en el libro Yo fui rehén del M-19: 61 días en la Embajada de la República Dominicana, o el testimonio del embajador anfitrión, Diógenes Mallol.
El domingo 27 de abril, exactamente dos meses después de la toma y luego de 25 sesiones de negociación, los guerrilleros, junto con algunos de sus rehenes, partieron hacia La Habana (Cuba). Como garantía de seguridad, los miembros del M-19 se hicieron acompañar por los embajadores de Estados Unidos, México, Suiza, Brasil, Guatemala y Haití, lo mismo que los cónsules de Venezuela y Perú y los encargados de negocios de Paraguay y Bolivia. Con ellos viajaron también el embajador de Cuba en Colombia, Fernando Ravelo, un delegado de la Cruz Roja Internacional y los negociadores José Manuel Rivas y Víctor Sasson.
Ese mismo día, el presidente Julio César Turbay, en una intervención radiotelevisada para todo el país, calificó lo sucedido como “un triunfo de Colombia”, pues, según él, la guerrilla no recibió ningún estímulo y, por tanto, tampoco sufrió menoscabo la paz, ni se negoció la vida de nadie, ni se aceptó una negociación de presos. Una vez en La Habana, los miembros de la guerrilla, en clara réplica al gobierno Turbay, recalcaron una y otra vez que la toma de la embajada había logrado su propósito de demostrarle al mundo que en el país no existía una verdadera democracia, pues quienes mandaban eran los militares.
En adelante, el M-19 incrementó su protagonismo político, al tiempo que el gobierno Turbay le fue bajando el telón al Estatuto de Seguridad, a tal punto que antes de terminar 1981 promovió la creación de una comisión de paz para tratar, tardíamente, de promover una negociación política con el M-19. Esa comisión no llegó a feliz término, pero fue la plataforma de la que integró después el gobierno de Belisario Betancur para firmar un acuerdo de cese al fuego en 1984. También en 1981, el gobierno Turbay decidió romper relaciones diplomáticas con Cuba, tras señalar al gobierno de Fidel Castro como protector del M-19.
Rosemberg Pabón, protagonista del suceso como “Comandante Uno”, fue después capturado, pero recobró su libertad en los tiempos de Betancur. Tras la desmovilización del M-19, en marzo de 1990, proceso en el cual tuvo activa participación, fue constituyente en 1991 y después alcalde de Yumbo (Valle). Durante su trayectoria política, siempre mantuvo la postura de reconocer que el único que triunfó en la toma de la Embajada de la República Dominicana fue el diálogo político, al quedar demostrado que se podía tener suficiente cabeza fría para conversar a pesar de las contradicciones o enemistades.
Cuatro décadas después, alejado de la política pero inmerso en la academia, Pabón, quien incluso llegó a ser funcionario en el gobierno de Álvaro Uribe, lo que para muchos implica una contradicción a lo que representó, cree que todo mundo ganó con la toma. “Ambos ganamos y sobre todo ganó Colombia. Enviamos un mensaje al mundo, a pesar del momento tan sensible y difícil: fuimos capaces de buscar una salida negociada”, sostiene hoy, asegurando que esta fecha sirve para reflexionar.
Paradójicamente, apenas cinco años después de esta toma de rehenes que se prolongó por dos meses, el M-19 volvió a ser protagonista de un episodio similar, y de nuevo fue Luis Otero el estratega militar. Fue la aparatosa toma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, que derivó en la retoma de las Fuerzas Militares y el cruento saldo de 97 personas muertas, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y 12 personas desaparecidas. En otras palabras, la otra cara de una negociación para resolver una crisis de rehenes. Una herida que continúa abierta en la conciencia y la historia del país.
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