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Un documento de 44 páginas, que incluye igual número de artículos y la justificación jurídica de por qué tomar este camino, condensa una primera propuesta de cirugía a fondo a la Ley de Justicia y Paz que en su momento impulsó la administración del expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar a los paramilitares y que ahora, con los ajustes propuestos, se le quiere presentar al Gobierno de Gustavo Petro como el marco jurídico que sirva de base para que las bandas criminales se someten a la justicia bajo el paraguas de la llamada “paz total”.
La Casa de Nariño ya venía analizando esta posibilidad luego de que el proyecto de sujeción que se presentó al Congreso con el mismo propósito, someter a las narcobandas, no pasara ni un solo debate. Sin embargo, en el seno del Ejecutivo no se logró consenso pleno sobre cómo hacerle la cirugía a la Ley 975 de 2005 -e incluso hubo voces en contra-, por lo que la propuesta se había metido al congelador.
Pero el tema, pese al freno que se le puso, no murió. Por eso, un grupo de congresistas del ala oficialista del Capitolio, y con el acompañamiento de delegados del Gobierno, comenzó hace mes y medio a trabajar en un borrador de proyecto de ley que permita materializar la reforma a Justicia y Paz y que bandas como La Oficina, Los Shottas, Los Espartanos y Los Pachelly, entre otras, tengan el piso jurídico que se requiere para que haya sometimiento y dejen su actividad narcotraficante y criminal.
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El Espectador accedió al documento completo que vienen trabajando varios legisladores, entre ellos Antonio José Correa, de la U, y el punto neurálgico de la propuesta está en permitir que haya postulaciones colectivas y no solo individuales, que exista un periodo máximo de 10 años en esta prórroga de su vigencia y que todo sometimiento tenga como base, más allá de unos requisitos específicos, la existencia de un acuerdo con el Gobierno.
En el articulado del borrador que está en los despachos de varios congresistas, y que incluso ya tiene las firmas de varios de ellos, se establece que podrán buscar cobijo jurídico en esta norma, de forma individual o colectiva, “los miembros de los grupos armados ilegales o una organización criminal de alto impacto, y los terceros que hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a estos grupos u organizaciones”. Eso ya es un cambio clave, porque es lo que les abre las puertas del tránsito a la legalidad a las narcobandas y a quienes sean sus colaboradores sin tener una militancia directa.
Eso sí, según se lee en el artículo 8 del documento, se exigen puntos muy claros que, además, deben contar con el visto bueno de la Fiscalía y del Gobierno. Entre ellos, porque son varios, están: “que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados; que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita; que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder; que entregue la ubicación de las fosas en las que se hayan inhumado cuerpos de víctimas, dentro del conflicto armado”.
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Otro apartado clave es que se establece la temporalidad de esta prórroga. En efecto, sin contar que en términos procesales la norma establece ya determinados tiempos, en el artículo 3 del borrador se lee que “el término máximo e improrrogable para adelantar la investigación, imputación y juzgamiento de las conductas que sean atribuidas a los nuevos postulados, por el Gobierno Nacional en virtud de los nuevos procesos de paz y la presente ley, será de diez (10) años”.
Además, establece un tiempo de hasta cinco años para ponerles punto final a los procesos que estén en curso, contados a partir de la expedición de la norma, teniendo en cuenta cierre judicial, sentencias y demás fases jurídicas.
Los autores de este proyecto de ley tenían previsto radicarlo en el Congreso la semana pasada, pero la falta de firmas de quienes lo respaldan, y una seña que hubo desde el Gobierno pidiendo más tiempo para ultimar detalles, frenó todo. Incluso, fuentes del Ejecutivo le confirmaron a El Espectador que “aún no hay nada acordado”, lo que quiere decir que el visto bueno de la administración Petro, que en principio sí lo dio, aún no está finiquitado.
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A esto toca sumarle que los mismos voceros de las narcobandas se opusieron con fuerza a varios apartados de la fracasada ley de sujeción, como el que tenía que ver con los montos que se podían quedar de sus fortunas ilegales y la forma en que deberían pagar condenas por los crímenes cometidos en sus zonas de influencia, pues al no contar con reconocimiento político deberían tener, al menos en lo teórico, algún tipo de sentencia intramural.
Cuando El Espectador les consultó a congresistas de todas las tendencias cómo veían este intento de hacerle una cirugía a Justicia y Paz, algo que en su momento planteó la oficina del Comisionado de Paz, Danilo Rueda, el ambiente no fue el más claro en cuanto a apoyos. Algunos legisladores del oficialismo confirmaron que sí conocían el proyecto, pero que pedían más tiempo para tener una línea clara desde la Casa de Nariño sobre cómo actuar y conocer, además, qué tanta aceptación tiene entre los criminales que terminarían jurídicamente cobijados.
Y, por otro lado, desde la oposición advirtieron que a ellos no se les ha socializado el proyecto, que el Congreso está ahora mismo más atento del debate electoral del 29 de octubre, cuando se reconfigura el poder regional, y que las últimas movidas del Capitolio demuestran que la coalición oficialista es débil.
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Incluso, de acuerdo con el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, “no existe posibilidad ni ambiente de discutir una ley de este tipo porque la criminalidad está desbordada, lo que se ve, entre otras cosas, en que los ceses del fuego solo los cumple el Estado, y, además, no se está viendo interés de las organizaciones criminales por buscar un acuerdo”.
A todo esto se le debe sumar que en un debate de esta naturaleza, así sea legislativo, los conceptos de la Fiscalía y la Procuraduría, entre otras entidades del estamento judicial, son claves y necesarios, pero precisamente Francisco Barbosa y Margarita Cabello han expuesto públicamente sus argumentos en torno a por qué hay asuntos de la llamada paz total que podrían derivar en impunidad y varios de ellos han estado relacionados en las formas usadas hasta ahora para acercarse judicialmente a las bandas criminales.
En todo caso, el proyecto sigue siendo analizado y se espera que la Casa de Nariño dé la señal de si este sí va a ser el camino que se quiere tomar para darles un marco jurídico a las narcobandas, o si, por el contrario, prefiere esperar que pasen las elecciones del 29 de octubre para medir cómo quedan las cargas políticas en el país y con qué tantas fuerzas terminan sus alfiles regionales y congresionales.
(Desaprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro está en el 60%: Invamer)
Además, hecho que no es menor, la Corte Constitucional está pendiente de fallar si le da o no viabilidad a la reforma a la ley de orden público que impulsó la administración Petro y que, según la misma Presidencia, sienta las bases de la paz total. Incluso, en parte de su contenido se habla de forma tácita de cómo abordar el asunto de las bandas criminales. No es aún del todo claro cómo están las cargas en el alto tribunal y, por eso, tanto la Casa de Nariño como el Congreso están a la expectativa.
Este es el borrador completo del proyecto:
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