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La organización Red Papaz —plataforma que reúne a padres y madres de toda Colombia— acudió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca con una acción popular buscando implementar, por vía judicial, algo que para esta entidad ha sido una cruzada: el etiquetado frontal de advertencia en alimentos procesados. Este sistema, que ya existe en Chile, consiste en poner un aviso en caso de que un producto sea alto en grasas, azúcares o sodio. Sin embargo, a la fecha, no han prosperado las intenciones del Ministerio de Salud para adoptar este etiquetado y el Gobierno, por el contrario, ya le prometió a la industria de alimentos procesados que no lo va a reglamentar.
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La demanda fue admitida en el Tribunal y, con ella, Red Papaz quiere también que se restrinja la difusión de publicidad potencialmente engañosa de alimentos procesados dirigidos a niños, como los refrescos Fruper (de Alpina) y Hit (de Postobón), casos que ya han denunciado sin mayor éxito ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y el Invima. Y, por último, precisamente a raíz de la experiencia con estos entes, piden que se defienda la prevalencia de los derechos de los niños para que todas las autoridades tengan que darles celeridad a los procesos sancionatorios que involucren a menores.
En otras palabras, ellos aspiran, según reza la demanda, a “obtener información clara, veraz, comprensible y suficiente sobre qué productos comestibles son altos en alguno de los ingredientes críticos, como el azúcar, el sodio y las grasas saturadas; no recibir publicidad engañosa de productos comestibles, o que induzcan a engaño o error acerca de las calidades, y lograr que los procedimientos administrativos que buscan la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes se adelanten de forma prevalente”. Pero para llegar hasta allí, explican en 121 páginas todos los otros frentes que Red Papaz ha agotado para intentar defender estos derechos.
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La acción popular asegura que, aunque la obesidad es un problema de salud pública que afecta al 56 % de los adultos en el país y está directamente relacionado con los hábitos de alimentación, las acciones del Estado, en cabeza del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), así como del Ministerio de Salud, la SIC, el Invima, la Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRC), Alpina y Postobón, en lugar de mitigar la situación, la han agravado. Por eso, piden acciones concretas para cesar la “violación actual y sistemática de la salubridad pública, de los derechos colectivos de los consumidores a la información y de la moralidad administrativa”.
Para demostrar todas las violaciones que señalan, Red Papaz describe detalladamente cómo desde hace varios años vienen promoviendo hábitos más sanos de alimentación a través de diferentes líneas. Entre ellas, hay kits de recomendaciones para una alimentación saludable que han estructurado de la mano del ICBF, así como las quejas que les pusieron en 2017 a los gigantes de la comida por asegurar en comerciales de televisión que Hit y Fruper eran “jugos”, cuando el contenido de fruta en esos productos es mínimo. Sin embargo, en la acción popular, también reprochan la reacción de las entidades a la labor de la organización social.
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Entre lo que denuncian, por ejemplo, está que la SIC y el Invima no tienen protocolos para darles prevalencia a las investigaciones administrativas que involucren a niños y niñas, como es el caso de los productos de los que se quejó Red Papaz. Este tema, en específico, fue un punto de discusión el año pasado por cuenta de una tutela que llegó hasta la Corte Constitucional, pues la organización aseguraba que la Superintendencia les violó el derecho al debido proceso. No obstante, al entrar a decidir sobre el tema, el alto tribunal encontró que la vulneración de derechos fundamentales ya había sido superada.
Asimismo, en la acción popular expresan que, a pesar de que le han solicitado formalmente al Ministerio de Salud que reglamente el etiquetado frontal de advertencia, esta cartera no ha hecho los esfuerzos suficientes. Este punto es uno de los que más energía le ha costado a Red Papaz, pues para ellos la ecuación es simple: “La procura de una nutrición adecuada es una tarea compleja en Colombia, en la medida en que las normas no obligan a los fabricantes de los productos a ofrecer información en algunos casos, y además esta no es comprensible para los consumidores”.
Es decir: la gente no entiende las tablas nutricionales, por lo que no sabe cuándo un alimento procesado es alto en azúcar, grasas o sodio y, por ende, no piensa dos veces antes de consumirlo. Lo más crítico del asunto, continúa la demanda, es que el Ministerio es consciente de este “déficit”. Según la acción popular, esta cartera ha reconocido en documentos oficiales que es “indispensable” adoptar formas más comprensibles de plasmar el contenido nutricional y, de hecho, en 2019, la entidad alcanzó a hacer estudios previos para implementar el etiquetado frontal, pero como a la fecha no se ha hecho, ahora Red Papaz lo exige por vía judicial.
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A pesar de que este tipo de etiquetado es recomendado por la Organización Mundial de la Salud, al Gobierno no le termina de convencer. Prueba de ello, dice la demanda, es que en agosto del año pasado la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, suscribió el Pacto por el Crecimiento del Sector de Alimentos Procesados. Allí, el Ejecutivo prometió una serie de prebendas para crear empleo en este sector y aseguró, además, que los proyectos de ley que buscaban implementar el etiquetado frontal para obligar a los gigantes de la comida a dar información más clara son un “cuello de botella” para el crecimiento de este renglón de la economía.
Desde que Red Papaz supo de la firma de este pacto, le pidió al Dapre que suspendiera sus efectos, pero la entidad se ha resistido, escudándose en tecnicismos jurídicos (por ejemplo, que no es un acto administrativo y no se puede suspender). Sin embargo, para la plataforma de padres de familia, la mera firma de la segunda al mando del Gobierno Nacional, en un documento que se niega abiertamente a implementar una medida de salud pública, recomendada por la máxima instancia internacional en la materia, es una falta a la moralidad administrativa.
Luego de presentar todo este panorama, la demanda cierra con quince peticiones, como decretar que todas las entidades demandadas han violado derechos fundamentales; ordenarle al Ministerio de Salud reglamentar de inmediato el etiquetado frontal, y a la CRC, Invima y SIC que den prevalencia a los procesos sancionatorios que involucren a menores, entre otros. Por ahora, todas las partes demandas están siendo notificadas y se les pidió que se pronuncien sobre las medidas cautelares que solicitó Red Papaz, incluyendo que el Ministerio explique las “razones técnicas” por las que es necesario un etiquetado frontal que le advierta a la gente qué es lo que está por comerse.
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