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El complicado panorama que recibió en materia de seguridad la nueva gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, es uno de los temas urgentes por enfrentar de la mano de los nuevos alcaldes de los municipios, entre ellos, el propio mandatario de Cali, Jorge Iván Ospina. La predecesora en la gobernación y padrina política de Roldán, Dilian Francisca Toro, en sus cuatro años de gestión lidió con el reacomodo de los grupos sucesores del paramilitarismo (que están asociados con bandas criminales), algunos reductos de grupos narcotraficantes, las disidencias de las Farc y las incursiones del Eln y los Pelusos, todos en disputa y búsqueda de alianzas por el negocio de la droga, principalmente.
El Espectador habló con fiscales especializados en la lucha del crimen organizado, que llevan varios años en el departamento siguiéndoles la pista a los grandes jefes de los grupos al margen de la ley y que son conscientes de los callos que pisan en muchos poderes locales, que han sido permeados durante décadas por las mafias del narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal. Dos de ellos, quienes fueron compañeros de Alcibíades Libreros (fiscal especializado contra el crimen organizado, asesinado el 29 de diciembre de 2019 en la capital del Valle), no dudan en afirmar que el homicidio de su colega está ligado a su labor judicial y no creen en la versión preliminar de la Fiscalía, la cual apunta a que se trató de un simple robo.
Al comenzar 2020, el primer gran desafío de la Fiscalía y las autoridades locales se presentó en Jamundí. A solo dos semanas de su posesión, la gobernadora Roldán tuvo que presidir su primer consejo extraordinario de seguridad a raíz de la masacre de cinco personas en zona rural de ese municipio. Ubicado al sur del departamento, colindando con la convulsa zona del norte del Cauca, Jamundí ha sido escenario de tres masacres entre enero de 2019 y lo poco que ha corrido de este año. En la más reciente, el homicidio múltiple fue atribuido a la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, liderada por alias “Mayimbú”, también autor de otras masacres. Una de las peores fue en la que murió la candidato a la alcaldía de Suárez, Karina García.
En diálogo con este diario uno de los fiscales aseguró que Jamundí es una de las zonas que más preocupa, porque también ha sido territorio de disputa entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (denominadas Clan del Golfo por el Ejército), el Eln y los Pelusos, este ultimo un reducto de la guerrilla del Epl al que se le atribuye la autoría de la masacre de cuatro personas en enero de 2019. Un funcionario, quien pidió anonimato por su seguridad, señala que se indaga sobre la presencia de ciudadanos mexicanos, que llegan a la zona como enlaces de los carteles de ese país, para coordinar los envíos de cocaína. Según la alcaldía del municipio, allí hay cerca de 3.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito.
Otro de los casos históricos, que también hoy vuelve a ser prioridad en cuanto a seguridad, es Buenaventura, ubicado sobre la costa Pacífica. Al ser un puerto marítimo, Buenaventura es considerada por la criminalidad como la “joya de la corona”, pues es clave para el tráfico de cocaína, armas, combustibles y contrabando de mercancías, entre otros delitos. Actualmente dos grupos criminales de origen paramilitar se disputan las rentas criminales del casco urbano y las comunas. Se trata de la Banda Local y La Empresa, que es ya conocida. Igualmente, las pesquisas dan cuenta de algunas incursiones en zona rural del municipio de disidencias de las Farc y el Eln desde 2018.
Tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc se presentó una reconfiguración en las estructuras armadas ilegales en Buenaventura. “Los grupos posdesmovilización (tanto paramilitares como guerrilleros), asentados en el casco urbano y sus acciones de violencia y control territorial, ponen en riesgo a la población civil. También se generó un incremento en los niveles de violencia, con mucha sevicia”, señaló un investigador de la Fiscalía que conoce de cerca la situación. Y añadió que, entre 2015 y 2017, fue cuando se presentaron las casas de pique, como parte de la dinámica de las bandas criminales para infundir terror en el municipio. En cuanto a Cali, capital del departamento y tercera ciudad más importante del país, presuntos integrantes del Eln y las disidencias de las Farc, que se autodenominan Guerrillas Unidas del Pacífico, están interesados en el control del territorio urbano, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad social de los habitantes de algunas comunas de la ciudad. Un porcentaje importante de los habitantes en las comunas 14, 15 y 21 de Cali se caracterizan por tener la condición de víctimas del conflicto armado y exmiembros de la guerrilla que volvieron a delinquir para organizaciones de distintos pelambres con el fin controlar el negocio del microtráfico, tráfico de armas y el contrabando.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, denominadas Clan del Golfo por el Gobierno, han sido reportadas en algunos sectores de la ciudad; sin embargo, la Policía sostiene que no tienen un gran poder. Aun así, las investigaciones judiciales señalan que a través de bandas criminales locales se disputan y controlan zonas relacionadas al microtráfico. A su vez, los líderes de las comunas 12, 14 y 15 reciben panfletos amenazantes, generando desplazamientos intraurbanos. En el suroccidente también se investiga la llegada de las bandas de Buenaventura para construir nuevas edificaciones y el control de mercancías y cargamentos de droga desde y hacia el puerto.
Desde 2015, en el centro y norte del departamento se vienen reconfigurando las estructuras del narcotráfico que hicieron parte del cartel del norte del Valle. En los municipios de Tuluá, Trujillo, El Dovio y Bugalagrande, antiguos miembros de ese clan mafioso terminaron teniendo nexos con miembros de la comisión Ernesto Che Guevara del Eln, que delinque en el sur del Chocó y saca la droga por medio de puertos ilegales en el Pacífico. En los casos de Trujillo y El Dovio, desde 2018, la Fiscalía sabe que antiguos hombres de Carlos Enrique Salazar, alias Negro Guerrero, desaparecido jefe de los Rastrojos, hacen presencia en el Cañón de Garrapatas, corredor clave e histórico en el negocio de la droga en Colombia.
En Tuluá, antiguos miembros de los Rastrojos controlan bandas locales; entre ellas, La Inmaculada, la cual controla gran parte del microtráfico, las extorsiones y los préstamos “gota a gota”. La Fiscalía también indaga si esta banda u otra hacen parte de una inusual mafia en la comercialización de cebolla y cilantro. “Hay un control monopolístico para su distribución y comercialización, una estructura ilegal a la cual se trabaja para identificar a sus líderes. Usan sicarios para amenazar o asesinar a quienes trabajan con estos productos agrícolas, o intentan negociar y cultivar estas hierbas por fuera de las reglas impuestas”, señaló un investigador de la Fiscalía.
Un posible reencauche del cartel del norte del Valle se puede dar en Bugalagrande. En los últimos tres años, en el municipio se han proferido 57 sentencias de restitución de tierras a campesinos que fueron víctimas del conflicto que habían sido despojados por el clan de Iván Urdinola y sus hombres. Las autoridades tienen puestos los ojos en esta región, ya que la población puede ser revictimizada por miembros del cartel que salgan de prisión en Colombia o Estados Unidos. “Esta zona es sensible a una reactivación de la violencia para intentar frustrar dichos procesos de restitución, revictimizando a los campesinos beneficiados”, señaló un curtido fiscal que hizo parte de la desarticulación de dicho cartel.
Así de complejo es hoy el panorama en el Valle del Cauca, tal como lo ha sido en las últimas tres décadas.
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