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Venezuela ha estado íntimamente relacionada con varios procesos de paz del Estado colombiano con grupos insurgentes. Ha sido garante en algunos de ellos, como el de las Farc y Eln en el gobierno Santos, y en varias ocasiones ha servido como sede de las conversaciones. En esta ocasión ha ido más allá, puesto que no solo sirvió como lugar para dar comienzo a unos diálogos entre el gobierno de Gustavo Petro y el Eln, sino que será una de las sedes principales de la mesa de negociaciones. Sin embargo, no es la primera vez que el vecino país cumple este papel, pues hace 31 años había recibido los diálogos de paz entre el entonces gobierno de César Gaviria y el mismo Eln.
Fue el 4 de junio de 1991 que comenzaron en Caracas las conversaciones con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (conformada en ese momento por Eln, Farc y un reducto del Epl liderado por Francisco Caraballo). El camino para llegar a esta nueva mesa de negociación fue complejo. El proceso de consolidación de dicha Coordinadora Guerrillera no fue fácil e incluso, a mediados de la década de los 80, se llegó a formar una coalición de grupos insurgentes, entre los que estaban, además del Eln, el Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (Prt), en rechazo a los acercamientos que venían adelantando las Farc y el M-19 con el gobierno de Belisario Betancur.
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No obstante, hacia finales de la década se volvió a articular una coordinadora, la Simón Bolívar, que agrupó a las Farc, el Eln, el M-19, el Epl, el Prt, el Quintín Lame, entre otros. El gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) intentó llevar a cabo negociaciones de paz, pero ante la falta de voluntad y ausencia de coordinación tuvieron éxito esfuerzos independientes que llevaron a que el M-19, el Epl, Prt y Quintín Lame dejaran las armas y saltaran a la Asamblea Constituyente del 91. De esta manera, la nueva Carta Magna surgió como la reformulación del contrato social para un país en paz.
Esto hizo que hubiese un nuevo interés por parte de los que se quedaron por fuera para tratar de dialogar. En un primer momento no hubo respuesta por parte del gobierno Gaviria (1990-1994), por lo que a finales de abril de 1991, tres delegados de la Coordinadora (Lucía González, del Eln; Daniel Aldana, de las Farc, y Miguel Suárez Piragua, del Epl) llegaron, sin usar armas, hasta la Embajada de Venezuela. “En ningún momento se trató de una toma guerrillera, sino de un acercamiento a las dependencias de una nación amiga y hermana de Colombia, a la que ingresamos totalmente desarmados”, reza un comunicado de los grupos guerrilleros, cuestionando la actitud del Gobierno de no querer negociar.
Parte del afán por dialogar venía de que la Constituyente seguía en su tarea y le quedaba pocos meses de vida. Sin embargo, la toma sirvió para que el gobierno Gaviria decidiera sentarse a conversar. Entre el 15 y 19 de mayo, una delegación del Gobierno se reunió con miembros de la Coordinadora Simón Bolívar en el colegio José Antonio Galán de Cravo Norte, Arauca. Después de algunas horas se acordó que el diálogo comenzaría en Caracas y luego se vería si se seguía allí o en Colombia. “Sentimos gran aprecio por lo que, hasta el momento, ha hecho Venezuela por la paz colombiana. Sería significativo que el diálogo se realizara en la cuna del Libertador, en la cuna de las ideas bolivarianas”, expresó Lucía González, vocera del Eln en ese momento. En ese mismo encuentro se pidió la desmilitarización de Casa Verde, la antigua zona de operaciones de las Farc, pero el Gobierno no atendió dicha petición.
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El 3 de junio de 1991 comenzaron los acercamientos. Desde el día uno se vieron los líos y nunca hubo total convencimiento sobre el proceso. Incluso, el presidente Gaviria dijo en días antes a la instalación de la mesa que había un optimismo “moderado”. Por el lado del Ejecutivo participaron el ministro de Gobierno, Humberto de la Calle; el constituyente Álvaro Leyva, hoy canciller, y Jesús Antonio Bejarano, consejero de Paz y a quien las Farc asesinaron años después, entre otros. Por la Coordinadora Guerrillera hubo altos perfiles como Alfonso Cano -quien luego sería máximo líder de las Farc-, Andrés París y Francisco Galán.
Como el diálogo inició en los meses finales de la Constituyente, desde el primer día hubo insistencia por parte de los grupos guerrilleros por tener delegados en la Asamblea y hasta se pidió un diálogo con Manuel Marulanda, en ese entonces máximo comandante de las Farc. El gobierno Gaviria siempre le quitó intensidad a este pedido. “Si el proceso avanza satisfactoriamente, el Gobierno podrá, como lo dice el mismo reglamento de la Asamblea, solicitar la participación de voceros de la Coordinadora”, declaró en ese entonces el hoy senador De la Calle. Pero más allá de ese deseo de estar en la Constituyente, nunca se pasó de ahí, al menos mientras se negoció en Venezuela.
La Coordinadora propuso un cese al fuego bilateral tanto de los alzados en armas como del Ejército, sobre todo los bombardeos que supuestamente afectaban a los civiles. También pidieron garantías para lo que denominaron “presos políticos”, investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública y supervisión internacional y ratificación de los protocolos de Ginebra. Por el lado del Gobierno se pidió un cese de hostilidades a los grupos guerrilleros, lo que incluía finalizar ataques a torres de energía, secuestros, extorsiones y similares. También se discutió la forma en la que estos se iban a concentrar. Ambas partes coincidieron en que no se podía hacer como con el M-19, que lo hizo en un solo campamento, pero disentían en cómo se desarrollaría este tema. Mientras que las guerrillas buscaban la desmilitarización de sus zonas de operación, el Gobierno planteaba que debían crearse zonas de distención delimitadas en las que debían concentrarse.
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La primera ronda de negociaciones en Caracas duró del 3 al 15 de junio y fue poco en lo que hubo acuerdo. Se llegó a una agenda preliminar de 10 puntos, en la que se estableció que se discutirían los mecanismos para llegar al cese de hostilidades, la vinculación con la Constituyente y otros procesos políticos, acciones contra grupos paramilitares, defensa de derechos humanos, favorabilidad política -condiciones que permitieron al M-19 tener candidatos-, construcción de soberanía nacional, democratización de la política, superación definitiva del conflicto, veeduría internacional y metodología para la negociación. En esos primeros días se contó con la visita de Antonio Navarro Wolff, exguerrilero y copresidente de la Constituyente. Pero el encuentro terminó con esta declaración de Alfonso Cano: “Entre Antonio Navarro y yo lo único que queda claro es que tenemos un pensamiento bastante alejado, mucho más de lo que había pensado”.
La postura radical del Gobierno y las guerrillas terminó con el final de la primera ronda de negociaciones. La reanudación se dio entre el 20 y 25 de junio. En esos cinco días no hubo consenso en los temas álgidos, incluso la prensa lo registró como “empantanamientos”, por lo que se pasó a aspectos menos importantes de la agenda, como la verificación y veeduría. Y aunque se intentó nuevamente que los guerrilleros participaran de la Constituyente, la falta de acuerdos políticos puntuales frenó esta opción. Tampoco ayudó que los grupos subversivos siguieron con sus acciones en contra de la infraestructura. La respuesta de los negociadores fue la siguiente: “Los atentados continuarán debido a que aún no se ha logrado un acuerdo definitivo sobre el cese al fuego”.
El fin de la Asamblea Constituyente les quitó ritmo a las negociaciones, así como la andanada terrorista de las guerrillas. A pesar de la violencia, se convocó a una nueva ronda de diálogos, la tercera, para el 4 de septiembre, poco más de un mes después. Se creó entonces una comisión asesora de orden público que estuvo conformada por Horacio Serpa -entonces expresidente de la Constituyente-, Saulo Arboleda, Juan Gabriel Uribe, Carlos Rodado, exconstituyente, Otty Patiño, exconstituyente por el M-19 y actual jefe negociador de los diálogos con el Eln, y el exsecretario del Partido Comunista Gilberto Vieira. Este diálogo comenzó con la advertencia, por parte del Gobierno, de que una sola acción terrorista contra la población civil terminaría con el proceso.
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El tercer encuentro, que finalizó el 25 de septiembre de 1991, se gastó entre el tire y afloje por la zona en que se ubicarían las guerrillas. La Coordinadora quería que se les dejaran sin Fuerza Pública alrededor de 200 municipios, mientras que el Gobierno buscaba que fuera en 90 puntos que no implicaran municipios enteros. Tampoco hubo acuerdos. La cuarta ronda se dio entre el 30 de octubre al 10 de noviembre. Sin mayores acercamientos entre las partes, sirvió para sacar dos documentos de rendición de cuentas y de compromisos para las futuras convocatorias. El final de 1991 estuvo repleto de acciones guerrilleras, por lo que se pospuso la quinta ronda varios meses, hasta que se fijó el 10 de febrero de 1992 como la fecha para reanudar los diálogos.
Seis días antes, el 4 de febrero de 1992, se dio en Venezuela el intento golpista de Hugo Chávez en contra del gobierno de Carlos Andrés Pérez. La situación política del vecino país obligó a posponer la mesa de nuevo. Aunque Pérez trató de garantizar la seguridad de las conversaciones de paz, el gobierno Gaviria solo reanudó en la capital venezolana los encuentros por una semana, como una forma de agradecerle por su apoyo al proceso de paz. Con Venezuela descartado, se buscó una nueva sede. Alcanzó a sonar Costa Rica, pero al final el Gobierno se la jugó por Tlaxcala, en México. El cambio revolcó en un principio los diálogos, pero estos volvieron a caer en el letargo y se acabaron del todo en 1993, prolongando así el conflicto con el Eln y las Farc por unas cuantas décadas más.
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