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Durante los últimos días de julio, el Ministerio de Minas y Energía anunció que Cumaribo, Vichada, el municipio más grande del país, se convertía en el primero de una estrategia llamada “Municipios y Territorios Energéticos”. El anuncio se debía a la inauguración de una planta con más de 3.000 paneles solares, 160 baterías de litio y tres plantas diésel de respaldo de generación de energía, que le darían a ese territorio, por primera vez, energía las 24 horas del día.
Una semana después, en el lanzamiento oficial de la estrategia, la entidad dio a conocer que se han postulado más de 400 municipios (aunque en su página web se habla de 645) que quieren instalar algún tipo de generación de energía a partir de fuentes renovables, como la solar, y hacer parte de la iniciativa. Para financiarlos, el Banco de Desarrollo Territorial (Findeter) dispuso de una línea de crédito con tasas de interés especiales a la que pueden acceder las entidades territoriales que quieran construir canchas energéticas o sistemas agrovoltaicos, dos de los tipos de soluciones que ha estado inaugurando el Minminas en los últimos meses.
“Los municipios y territorios energéticos representan un paso significativo hacia la independencia energética y la sostenibilidad ambiental de nuestras comunidades. Esta línea de financiación ayudará a promover el acceso a la energía a bajo costo y posicionará a Colombia como un líder en energías renovables en la región”, aseguró el ministro de Minas, Andrés Camacho, durante la presentación de la estrategia.
Esta se suma a otras acciones que ha adelantado el Gobierno para impulsar la transición energética y disminuir los precios de la energía eléctrica. Sin embargo, algunos expertos consideran que, más allá de los anuncios, el Gobierno no ha sido claro en la forma en la que van a operar estas iniciativas y que las apuestas podrían ser más ambiciosas. Parte de las dudas tienen que ver con la operación y mantenimiento de los sistemas energéticos que se instalen y el rol que podrían tener las universidades en su implementación.
Financiar proyectos energéticos
La estrategia de municipios y territorios energéticos busca que las alcaldías o gobernaciones destinen menos recursos en el pago de energía de la infraestructura pública, como hospitales, colegios y alumbrado público. “Hay muchas alcaldías en el país que destinan parte importante de su presupuesto a pagar este tipo de facturas. Lo que queremos es liberar parte de esos recursos”, explica Javier Campillo, viceministro de Energía del Minminas.
Los proyectos serían, según el comunicado del Minminas, granjas agrovoltaicas de un megavatio (MW), suficiente para dar energía a unas 80 viviendas, o canchas energéticas de 130 kilovatios (kW), que darían energía alrededor de 10 viviendas. De acuerdo con Campillo, son “proyectos tipo”, que ya están diseñados y se han instalado en otras partes del país. Findeter prestaría la asesoría a los municipios para elaborar los contratos y ejecutar el proyecto, que las alcaldías podrían pagar hasta en 10 años.
De acuerdo con Nicanor Quijano, profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes, la intención de la estrategia es “democratizar la energía haciendo partícipes a los usuarios, en este caso los municipios, y aumentar la cobertura del servicio en aquellas zonas a las que históricamente no ha llegado”.
Eso abriría la puerta a que las alcaldías tengan un rol “más activo en la generación de energía eléctrica, que siempre ha estado en manos de empresas privadas”, asegura Giovanni Pabón, magíster en energías renovables y director de Energía del Centro de Pensamiento Transforma. Sin embargo, en el lanzamiento de la estrategia se habló de la generación de energía para la infraestructura pública, y no para el consumo de los hogares del municipio, como le confirmó a este diario el viceministro Campillo.
En total, según el portal que el Minminas habilitó para la inscripción, 645 municipios quieren hacer parte de la estrategia. La meta de esa cartera es que para final de 2024 haya al menos 15 en los que se estén construyendo proyectos. “Este tipo de estrategias generan una gran expectativa de que el Gobierno llegue efectivamente a implementarla, pero sin una financiación clara, será muy difícil que lo logren”, apunta Pabón.
Aunque cuentan con el respaldo de Findeter, el panorama financiero de la mayoría del país no es bueno. Según ese banco, en 2023, apenas 104 de los más de 1.100 municipios tenían un puntaje aceptable (superior a 65 sobre 100) en el indicador de medición desempeño municipal. Este índice lo calcula el Departamento Nacional de Planeación con base en varios indicadores de desempeño fiscal, como la capacidad de endeudamiento, y es uno de los criterios que se tienen en cuenta a la hora de estudiar la aprobación de un crédito. Teniendo en cuenta eso, “es posible que el Estado llegue a algunos de los municipios que se postularon, pero no llegará a todos”, explica Pabón.
Para los expertos, en este tipo de estrategias deberían plantearse mecanismos claros de participación para los privados, de manera que se garantice que haya financiación suficiente para cumplir con las expectativas de los más de 600 municipios que quieren participar. Pero, más allá de la línea de crédito especial en alianza con Findeter, el Minminas no contempla otros mecanismos de financiación.
A esto, Quijano agrega que, como en otras iniciativas de transición energética del actual Gobierno, “no se está teniendo en cuenta que a largo plazo se deben contemplar gastos de mantenimiento y reparación de esos sistemas renovables, que no son para nada baratos y van a requerir de una fuente de ingresos”.
Transición energética centrada en la electricidad
El otro aspecto que discuten los expertos sobre esta estrategia tiene que ver con su ambición, algo en lo que se estaría quedando corto el Gobierno en materia de transición energética. “Si se va a pensar en una estrategia a implementar a nivel de municipios, ¿por qué no pensar en sistemas sostenibles que vayan más allá de la energía eléctrica?”, se pregunta Quijano.
La transición energética tiene dos componentes claves: la matriz eléctrica y la matriz energética. La primera incluye las fuentes de generación de electricidad que se consumen en hogares, empresas y centros industriales. Los esfuerzos del Ministerio de Minas y Energía se han centrado en la posibilidad de tener el mayor porcentaje de esa matriz producido por fuentes renovables, como el sol o el viento. La segunda, la matriz energética, incluye otras formas de consumo de energía, como el calor que se requiere para la producción de cemento o acero, los combustibles que se necesitan para el transporte y el tipo de insumos que se necesitan para la producción de alimentos.
“Integrar otros vectores energéticos”, explica Pabón, implicaría instalar soluciones de energías renovables para la matriz energética y no solo a la eléctrica. “No centrarnos en la energía solar o eólica que va a generar energía eléctrica para el municipio tenga energía eléctrica. Hay que pensar en cómo reducir el uso de otros energéticos que también son costosos para los municipios, como el carbón, el gas o el diésel”, añade el investigador de Transforma.
Por ejemplo, una solución de electricidad podría estar vinculada a procesos más sostenibles de producción agrícola o a servicios de refrigeración para restaurantes en un municipio, si se produce energía con biomasa, a partir de residuos de alimentos, o con geotermia, en zonas cercanas a los volcanes.
Para pensar en ese tipo de soluciones “es necesario involucrar a la academia, y eso es algo que yo no veo en las estrategias de transición energética”, apunta Quijano. Desde las universidades, añade, podrían elaborarse pilotos más ambiciosos y sostenibles en el tiempo.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
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