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El gol de Diego Maradona contra Inglaterra en el Mundial de 1986 es una pendejada al lado del zapatazo en el ángulo que nos metió el presidente a los colombianos la semana pasada. Eso sí es arte.
Párenles pues bolas a las gambetas maestras que nuestros dirigentes políticos han hecho en apenas unos días. Con la primera, uno no sabe si reírse o llorar. Me refiero a la elección de los siete magistrados de la nueva Comisión de Disciplina Judicial. Sé que el tema puede sonar aburrido como para dedicarle una columna. Pero ténganme paciencia que la cosa es importante.
Estos nuevos togados se van a encargar, nada más y nada menos, de disciplinar a fiscales, jueces y abogados. Es decir, van a ser los jueces de los jueces. Uno se imaginaría, por la importancia del asunto, que los ojos del Gobierno y del Congreso iban a estar muy encima para garantizar un proceso de elección limpio y libre de toda sospecha. Pero estamos en Colombia y la cosa no fue así. Los ojos de ambos sí estuvieron encima, pero para raparse los pedazos de esa torta burocrática y lograr, con la inclusión de sus cuestionados amigotes, que la cobija de la impunidad alcance para taparlos a todos. Ahora Colombia tiene siete nuevos magistrados, unos con hojas de vida y otros con prontuario, cuya designación fue pactada a manteles en un almuerzo que dejó satisfechos a los líderes políticos. Entraron con las manos vacías y cada uno salió con un magistrado en el bolsillo y una botella de aguardiente Tapa Roja debajo del hombro.
Todo lo que pasó es muy grave. Pero la lupa debe ponerse sobre lo más indignante: la elección del excontralor Juan Carlos Granados, nada menos que el candidato del presidente, como miembro de la Comisión. Eso, simplemente, no tiene presentación. Este nuevo superpoderoso de la justicia está acusado de lo divino y de lo humano. En su hoja de vida, además de unos logros académicos importantes, figuran acusaciones por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias como servidor público. La palabra Odebrecht se asoma con bastante frecuencia en sus enredos.
Como era de esperarse, eso de poner al ratón a cuidar el queso levantó una polvareda en la opinión. ¿Qué respondió la Presidencia ante los cuestionamientos? Que “no existían impedimentos legales para ternar al doctor Granados”. El argumento fue el de siempre: la presunción de inocencia. Sé que se trata de un principio importante en cualquier Estado de derecho. ¿Pero la cosa no tiene un límite, presidente Duque?
¿Usted mandaría a sus hijas a un colegio en el que el rector esté sindicado de violación de menores, pero no haya sido vencido en juicio? Creo que no. Hay cosas que van más allá de los formalismos de ley. Entonces, presidente, ¿por qué tenemos los colombianos que aguantar que usted nos ponga de magistrado a un señor que a las pocas horas de ser elegido tendrá que presentarse ante la Corte Suprema para enfrentar una acusación por hechos de corrupción? La respuesta solo puede ser una: lo ocurrido es producto de un pacto político para lograr que el proceso de Granados termine en la Comisión de Acusación. Y aquí, como siempre, no pasó nada.
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