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Colombia no es un país particularmente violento. Ha sido violento, a veces, pero ha prevalecido la estabilidad institucional.
Esta fue, a grandes rasgos, la tesis introducida por Malcolm Deas en los noventa y sostenida, a lo largo de la última década, por otros autores como Posada Carbó. La tesis destaca los períodos de paz y espacios de civilidad de “nuestra” historia y concluye que existe una tradición liberal y democrática: regularidad en el calendario electoral, respeto por las instituciones y separación de poderes.
Estas ideas han sido bien recibidas entre las élites político-periodísticas y una suerte de orgullo patrio por la estabilidad democrática se ha arraigado. Este orgullo brota con entusiasmo en momentos de comparación con los países vecinos. En tiempos de un Bucaram bailarín o de rebelión popular en Ecuador, y (sobre todo) tras la consolidación del chavismo en Venezuela. Desde Chávez y sus excesos, hasta la reciente confrontación electoral, pasando por Maduro y el pajarito, todo lo venezolano suele ser descrito con tremendismo, condescendencia o pesar. Entre nosotros, los televisados golpes en la plenaria de la Asamblea Nacional se comentaron con indulgencia (“pobre gente”) y, claro, complejo de superioridad (“ellos están muy mal”, “qué salvajismo”).
Elecciones ininterrumpidas, pesos y contrapesos. Es cierto que hemos tenido todo esto. Pero también lo es que la violencia contra algunos ha sido sistemática, desbordada y que, cada rato, la institucionalidad preciada (partidos, Iglesia, funcionarios) se sale un poquito de la legalidad, sin salirse del todo. Al mirar con sorna el video de los legisladores venezolanos no pensamos en nuestro propio Congreso reciente, el del 30% de Mancuso, en el que se planeó la masacre de Macayepo. Por ejemplo.
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