Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El pasado 7 de enero, la Procuraduría General llamó a juicio disciplinario a Guillermo Enrique Grosso, por presunta desatención de instrucciones y directrices expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social durante su designación como agente interventor de la EPS Saludcoop. El Espectador tuvo acceso al pliego de cargos en el cual el Ministerio Público sustenta este llamado y en el que da detalles de las supuestas actuaciones irregulares en las que participó Grosso.
Vea: Llaman a juicio disciplinario a Guillermo Grosso, antiguo interventor de Saludcoop
El origen de este juicio es una queja presentada ante la Superintendencia de Salud en febrero de 2014 por el trabajador de la entidad William Arturo Vinazco quien pidió que se investigara «la deficiente gestión de la interventoría de Guillermo Grosso, que ocaciona riesgosas condiciones de prestación de servicios a los de usuarios de la EPS». Además, también denunció un posible desacato por parte de Grosso a una orden de una sentencia de la Corte Constitucional de 2008, proferida como respuesta a la violación generalizada del derecho fundamental a la salud en Colombia.
Grosso llegó a ese cargo en mayo de 2013, luego de que Mauricio Castro renunciara y por orden del gobierno de Juan Manuel Santos. Grosso, quien fue vicepresidente de la EPS del Seguro Social durante ocho años, llegaba a un polémico cargo de la institución que contaba con más de 4 millones de afiliados y en ese momento estaba en el ojo del huracán por los extravagantes gastos que tuvo bajo la presidencia de Carlos Palacino.
Volviendo a la denuncia contra Grosso, esta señala que durante su gestión existió «una violación sistemática y masiva al derecho de petición, pues, en 2013, se presentaron cerca de 380.000 quejas, de las cuales 50.000 no fueron atendidas y la baja calidad de la atención». Según los datos aportados por el denunciante en septiembre de 2013, en una semana se recibían cerca de 5.700 quejas de mejoramiento, de las cuales el 60 % correspondían a oportunidad de especialidades como medicina interna, ortopedia y general. Asimismo, se encontraron 375 servicios de especialidades de la EPS sin agenda.
«De los 16.184 casos especiales durante la semana, solo se aprobó el 50 %. También se generaron 8.256 faltantes de medicamentos, 35% de los cuales correspondía a medicinas incluidas en el Plan Obligatorio de Salud y en un muestreo telefónico se determinó que de 247 usuarios a 246 no se les informó de su derecho a la entrega a domicilio de los productos no suministrados. En septiembre de 2013 también había 8.460 Comités Técnicos Científicos pendientes de trámite», enlista, entre otras, la denuncia recogida por la Procuraduría General en su llamado a juicio disciplinario.
Vinazco también se quejó en septiembre de 2014 ante la Sala de Seguimiento de la Sentencia de la Corte y expuso casos «recurrentes de usuarios fallecidos esperando citas médicas u otros servicios; menores de edad con severas patologías cuyos tratamientos se interrumpieron por no entrega de los medicamentos; atención médica varios meses después de haberse solicitado las citas, pacientes no atendidos en urgencias». Además, también puso en conocimiento de la Sala decenas de denuncias que demostrarían » las serias deficiencias en la gestión de Grosso.
Asimismo, el denunciante añadió informes de auditoría que le fueron entregados al propio interventor Grosso. «Esto para señalar que era conocedor de la problemática en la entidad que se encontraba a su cargo». Sobre este punto la Procuraduría dice que hasta el momento no existen documentos en los que Grosso desvirtúe estas informaciones y que «devinieron en la violación del derecho a la salud de los usuarios de Saludcoop, lo cual se desprende de las múltiples solicitudes de mejoramientos, tutelas, incidentes de desacato, entre otros».
El pliego de cargos también da cuenta que otros denunciantes, cuatro de ellos, eran empleados de la EPS y les fueron cancelados sus contratos. Otras 35 personas fueron trasladadas a distintas sedes de la empresa y se separó de las labores de auditoría a la totalidad de los empleados que venían desarrollando esta labor durante muchos años, «lo que constituía no solo una medida retaliatoria, sino la vulneración de sus derechos laborales», aseguro el Vinazco en su denuncia.
Como parte de su defensa, Grosso señaló ante las autoridades, entre ellas la Sala de Seguimiento de la sentencia de la Corte Constitucional de 2008, que la Superintendencia de Salud le había informado sobre las denuncias de su gestión. En esa comunicación al alto tribunal aseguró que los denunciantes no eran empleados de Saludcoop y que los datos aportados en la denuncia no correspondían con la realidad. También dijo que desde mayo de 2011 la entidad tenía problemas económicos y que no contaban con crédito a largo plazo.
A renglón seguido, Grosso aportó otras cifras, como que el costo médico de la EPS ascendió a $239.643 millones mensuales en 2013. El entonces agente interventor manifestó también que desconocía las fuentes de información usadas por los denunciantes para sacar sus conclusiones y que Saludcoop había reportado trimestralmente a la Supersalud los indicadores del funcionamiento de la entidad prestadora del servicio.
La Procuraduría solicitó para este proceso disciplinario a la Supersalud información sobre qué medidas fueron adoptadas entre 2013 y 2015 por Grosso frente a todas estas denuncias. El interventor, según el Ministerio Público, desestimó la necesidad de hacer planes de mejoramiento, porque de acuerdo con sus indicadores no era necesario, «sin embargo, entre la documentación allegada a este despacho no figura respaldo probatorio de esas aseveraciones y la Superintendencia no presentó un diagnóstico de la situación».
El ministerio Público argumentó que «al actuar de esa manera (no cumplir su función de interventor de la EPS) y sin razón que justificara su comportamiento, Guillermo Grosso factiblemente defraudó el principio de responsabilidad que debe caracterizar el actuar oficial de quienes ingresan a la esfera estatal a ejercer funciones públicas, así sea de carácter transitorio, comportamiento con el que se pudo afectar el buen funcionamiento del Estado, particularmente al derecho a la salud, que es de especial protección legal y jurisprudencial».
En el documento la Procuraduría General aclara que Grosso no ha comparecido al proceso para «rendir versión libre y espontánea, ni ha presentado escrito o algún acto procesal similar tendiente a rendir explicaciones sobre los hechos por los que se le investiga en el presente proceso disciplinario».
Conoce más