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El Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno y la última palabra en justicia administrativa del país, dio un paso enorme este año para subsanar esa “deuda” —como lo denomina la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, su presidenta— con los indígenas y afrodescendientes. Por eso surgió en esta entidad el proyecto Lenguas Nativas, la primera iniciativa de una alta corte para traducir su página web principal a ocho lenguas indígenas y dos afro. La traducción viene acompañada de un registro sonoro del texto, para aquellos que no pueden leer, y un video subtitulado, en los cuales se ofrece información sobre el quehacer del Consejo de Estado, su servicio al país y su estructura y funcionamiento.
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Los magistrados reconocen que todas las altas cortes deben su existencia al pueblo que sirven y que su principio rector es abogar por el cumplimiento de las leyes y los derechos que protegen a los ciudadanos. A todos: sin distinción de edad, identidad de género ni lengua, lo cual representa una seria dificultad en un país multicultural y pluriétnico como este. Los redactores de la Constitución de 1991 se regaron en prosa para reconocer a las comunidades históricamente marginadas del sistema político y social: los indígenas y los afrodescendientes. Sin embargo, esto “no ha ocurrido en la realidad, porque la dificultad comunicativa no permite que integremos a esta ciudadanía al Estado de Derecho”, afirma la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez. Y no reconocer es desconocer.
Lenguas Nativas se desarrolló a lo largo de 2019 y sobrevivió por su grandeza misma, pues los recursos fueron escasos. El Consejo de Estado no cuenta con un presupuesto autónomo, por lo tanto, los consejeros, de sus propios bolsillos, crearon un fondo que sostuvo económicamente el proceso de traducción. Priorizaron las lenguas indígenas ikun (del pueblo arhuaco) y kamëntsá, kogui, nasa yuwe, tatuyo, uitoto, wiwa y wayuunaiki (del pueblo wayuu). Y el palenquero y el creol, de las comunidades afro. La elección de este reducido número de lenguas, frente a las 69 que aún persisten en Colombia, se hizo para representar la mayor cantidad del territorio nacional (la Sierra Nevada, el Cauca, el Vaupés, el Putumayo, el Caquetá, el Amazonas y La Guajira), en consonancia también con las limitaciones presupuestales.
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El objetivo del proyecto, a largo plazo, es “entregar en lenguaje sencillo, claro y propio de todos los colombianos las decisiones que impactan sus territorios, así como información sobre cuáles son sus derechos y ante quién exigirlos”, le dijo a este diario la magistrada Bermúdez. Lograrlo es un desafío enorme, pues es asumir las complejidades del lenguaje y el rol que tiene en la cosmovisión de las culturas ancestrales. El ejercicio de traducción no era un simple reemplazo de palabras, sino la construcción de sentido. Por eso, el equipo de traductores lo conformaron personas que no solo saben español y su respectiva lengua, sino que son reconocidos por su comunidad y sus autoridades y tienen la capacidad de concertar con los mayores el texto final, para ser aprobado como verdaderamente representativo de cada cultura.
El responsable de la traducción al nasa yuwe es Yaid Ferney Bolaños, indígena nasa que habita en Bogotá, quien reconoce que este fue un ejercicio beneficioso tanto para la democracia como para su pueblo. “Se tradujeron los pasos de cómo se puede poner una acción de tutela. En muchos casos, los integrantes de los pueblos indígenas desconocemos el proceso a seguir para poner demandas”. Adicionalmente, durante el proceso de traducción, hubo encuentros y talleres con jóvenes en Bogotá que permitieron retomar el contacto con los mayores en sus regiones, pues los llamaban para consultarles sobre el sentido de las palabras. Así, se aportó a la reconstrucción de los canales de comunicación políticos y espirituales entre la comunidad y quienes, por distintos motivos, han debido emigrar.
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El principal desafío de la traducción al nasa yuwe, que se replicó al hacer el mismo ejercicio en algunas otras lenguas, es que esta es oral —es decir, no tenía expresión escrita— y su escritura se da en el tejido de las mochilas, por parte de las mujeres, y de los sombreros, por parte de los hombres. Por tanto, transcribir los testimonios que están en sus mochilas y sombreros al castellano resultó muy complejo, rozando con lo imposible. “Lo importante es que estamos compartiendo los conocimientos a través de las plantas medicinales y un trabajo espiritual que nos permitió definir (en su lengua) la tutela, el territorio y el mismo Estado”, asegura Bolaños, pues esos conceptos no existían para ellos.
En palenquero el trabajo estaba mucho más adelantado, pues desde su reconocimiento, en la Constitución de 1991, las investigaciones académicas que se interesaron por escudriñar su sentido se multiplicaron. Existe un diccionario web gratuito llamado kribí e, incluso, la carta magna del país está disponible en esa lengua. De esta manera, se facilitó la traducción de ciertas palabras que en principio no tenían equivalente. Aun así, la traductora Cristina de la Hoz concertó el texto con el Consejo Comunitario de San Basilio de Palenque. Según ella, este ejercicio “abre una puerta a la inclusión, muestra que el Estado valora la multiculturalidad y facilita que la gente joven se sienta atraída por practicar el palenquero”, el cual se enseña en las etnoescuelas de San Basilio y de los palenques en Cartagena y Barranquilla.
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Este es un paso hacia el reconocimiento de la pluriculturalidad colombiana hecho por la justicia. El proyecto Lenguas Nativas es un primer paso para resarcir la violencia cultural a la que han sido sometidos los pueblos originarios desde la llegada de los españoles. Si será útil o no para los pueblos indígenas es algo que ellos mismos deberán evaluar.
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