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Para reseñar la tarea de Alejandro Ordóñez habría un camino fácil: acudir a la descalificación, suponer que todos sus actos obedecen a una agenda religiosa y callar cualquier acierto en su desempeño. Pero sucede que el personaje es mucho más complejo. La mezcla variada de ángulos y aristas exige un trabajo más cuidadoso.
Lo más llamativo se relaciona con el tratamiento de temas morales. Para quienes profesamos una visión libertaria y huimos del dogmatismo, es imposible estar de acuerdo con él. El procurador está en su derecho de afincar sus ideas en lo más conservador de la Iglesia Católica. Puede, por tanto, proclamar que toda forma de aborto es un pecado y también que el homosexualismo es una desviación y las parejas del mismo sexo una violación de la ley natural. Sería su mensaje personal, totalmente lícito en una sociedad abierta. Pero el problema se centra en definir si estas convicciones han determinado su gestión como funcionario, violando el carácter aconfesional del Estado colombiano.
El doctor Ordóñez no se ha limitado a opinar. En ejercicio de su cargo ha pretendido echar atrás algunas de las libertades reconocidas, por ejemplo, por la Corte Constitucional en materia de aborto. Ha entendido su condición de procurador como una especie de cruzada moral que es incompatible con la inspiración de la Constitución. No obstante, hay que reconocer que sus enemigos han rozado también la intolerancia. Cuando en alguna ocasión defendió la objeción de conciencia, no faltaron quienes reaccionaron en contra, sin darse cuenta de que utilizaban en su diatriba la misma vara del procurador: no se puede responder al dogmatismo con el arma de la intolerancia. Quienes propugnamos por la libertad de la mujer en ciertos casos de aborto, no podemos negar la opción individual basada en la conciencia de médicos que se niegan a practicarlo. La defensa de la libertad no puede hacerse mediante el sacrificio de la libertad misma. Hablo, eso sí, de opciones individuales. La llamada objeción de conciencia institucional (por ejemplo, de conocidas clínicas) es otra forma de atropello.
Pero si pasamos al campo de la lucha contra la ilegalidad, aunque inició su gestión con algunas absoluciones que causaron extrañeza, lo cierto es que su balance es altamente positivo. Ha actuado de manera drástica contra tirios y troyanos. Ni las ideas de derecha de Andrés Felipe Arias le sirvieron de escudo, ni la pertenencia al Polo de Iván y Samuel Moreno lo ha llevado a cometer arbitrariedades. En los casos de Bernardo Moreno y Sabas Pretelt, tampoco la pretendida cercanía suya con el gobierno anterior le impidió actuar. Queda la duda de Diego Palacio. Pero no porque Ordóñez hubiese incurrido en algo irregular al tomar materiales del proyecto de fallo de su antecesor para llegar a una conclusión distinta, algo que ya pertenecía a su competencia exclusiva, sino porque ha dejado en el ambiente la hipótesis de un cohecho unilateral, enigma que sólo resolverá la Rama Judicial cuando adopte decisiones finales.
Otro tema en el que ha sido bastante duro es el relacionado con el orden público. Tanto en la defensa de militares implicados en investigaciones, los cuales han recibido su apoyo porque cree que hay una guerra jurídica contra las instituciones, como en la promoción de investigaciones contra supuestos auxiliadores de la guerrilla.
Y si algo faltara en este cuadro complicado, es el mismo funcionario que publica avisos televisivos apoyando los derechos sindicales. Curioso para un miembro importante de la derecha. Toda evaluación exige matices de diverso signo. Lo que es claro es que, en este caso, los contrastes son extremadamente abruptos. Al final hay algo totalmente claro: Ordóñez no es una persona que permita la indiferencia de sus conciudadanos.