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Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical, es uno de los congresistas que más se ha metido en la discusión sobre cómo regular el funcionamiento de plataformas digitales como Uber, Didi, Beat y Rappi. Tiene, por supuesto, una mirada diferente a la de Jorge Robledo (Polo Democrático) y Mauricio Toro (Alianza Verde), dos legisladores que también le han metido el diente al tema.
En entrevista con este diario, Lara expuso la propuesta con la que, considera, se resolvería la discusión. Su iniciativa la ha pedaleado en el Congreso desde hace años, pero hasta ahora no ha salido victoriosa. Ahora, con el fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y el anuncio de que Uber sale del país, el debate está nuevamente sobre la mesa y, sin duda, será uno de los temas centrales para los parlamentarios en marzo, cuando se inicien las sesiones ordinarias.
Aunque aún falta tiempo para eso, el senador de Cambio Radical expone que es esencial, en la discusión, que el país entienda que estas plataformas deben pagar impuestos porque se lucran en suelo colombiano.
¿En qué consiste el modelo que usted ha planteado para resolver la disputa en torno a Uber?
Desde hace cuatro años venimos pedaleando en el Congreso la creación de una figura intermedia en el derecho laboral, que esté entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios. De manera, que se adapte la normativa para que se le dé cobertura a quienes trabajan para las plataformas tecnológicas. Esto aplicaría para las personas que prestan su servicio en Uber o a los rappitenderos, por ejemplo. Dicha figura intermedia es la del trabajador autónomo económicamente dependiente. Mi propuesta ha sido que la empresa digital pague la mitad de los aportes de pensión y del sistema de salud de sus trabajadores.
¿Qué pasó con el proyecto que incluía esa figura?
Es un proyecto ideal y justo, pero ha enfrentado una oposición muy grande por parte de varios sectores. El gremio de los taxistas estuvo en desacuerdo con la creación de esa figura porque mejoraría las condiciones para los trabajadores Uber. Y, naturalmente, las aplicaciones también se han atravesado porque el actual sistema es cómodo para ese tipo de empresas.
¿A qué se refiere a que es un sistema cómodo para esas compañías?
Que las empresas digitales de ese tipo están en una zona gris regulatoria que implica que no deben pagarle a los colombianos impuesto de renta, ni prestaciones sociales. Es el mundo ideal para ellas, pero no para el trabajador humilde que las enriquece con su esfuerzo.
¿Cómo hacen los taxistas y las plataformas la oposición en el Congreso?
A través del cabildeo: contratan agencias para hacer un poderoso lobby en el Capitolio. Y cuentan con congresistas amigos que se prestan para presentar proyectos a la medida exacta de las necesidades de esas empresas. Tienen, también, agencias de medios que difunden su discurso y manipulan a la opinión pública.
¿El senador Jorge Robledo se ha opuesto a su idea?
Sí, porque desde su concepción de izquierda tradicional considera que no pueden haber figuras intermedias en el derecho laboral, sino que se debe aplicar enteramente el contrato laboral. Me parece que es un error por su parte, dado que si se aplica ese contrato como existe actualmente, se puede poner en tela de juicio el modelo de negocio de estas plataformas. Pero, eso truncaría su existencia en el país. El contrato laboral implica disponibilidad, atenerse a horarios. Mientras, trabajar para las plataformas implica autonomía en el uso de los horarios. Lo que sí es cierto es que alguien que trabaja para las aplicaciones está subordinado a la plataforma y a sus estándares de calidad para la prestación del servicio.
Entonces, ¿qué debería exigírsele a ese tipo de empresas digitales en aspectos como el pago de impuestos y prestaciones?
Si se trata de plataformas de transporte de pasajeros estamos hablando, claramente, de un servicio público. La diferencia es que lo prestan particulares. Eso no significa que puedan funcionar de cualquier manera. Deben, por ejemplo, regular el número de vehículos que prestan ese servicio porque, de lo contrario, la administración del tráfico de las ciudades se vuelve imposible. En segundo lugar, debe haber un sistema de pólizas y seguros que protejan al trabajador y a los pasajeros. Y como tercera medida, se le debe exigir a esas plataformas que paguen el impuesto de renta. Entonces, en este caso, las plataformas se enriquecen con el esfuerzo de los ciudadanos y utilizan el espacio público para ganar dinero, todo en Colombia…¿Cómo es posible que no tributen?
(“El fallo (sobre Uber) contradice las banderas de Duque”: Mauricio Toro)
¿Por qué no pagan impuestos en Colombia?
Porque la propiedad intelectual dueña de la plataforma está domiciliada en un paraíso fiscal. Cualquier proyecto de ley que se haga, de verdad pensando en Colombia, lo primero que debe hacer es obligar a las plataformas a pagar renta. Una empresa de este tipo opera como un rentista: obtiene el 30 % del trabajo de un ser humano que con su esfuerzo físico produce riqueza. Además, ese mismo ser humano pone el capital de trabajo. Entonces sin pagar impuestos ni prestaciones sociales las plataformas están en un mundo ideal. ¿Hay una forma más salvaje de capitalismo que esta?
Usted dice lo del domicilio en el extranjero que las exime de pagar impuestos. ¿Cómo solucionarlo?
Eso un asunto de voluntad política y de tener claras las prioridades en el Congreso. Nosotros trabajamos en representación del pueblo y sus intereses, y no los de plataformas multimillonarias. Es decirles que, si quieren operar en Colombia, deben pagar renta por la riqueza producida en el país. Preocupa mucho ver proyectos de ley que los eximen de renta y de prestaciones sociales. Uno se pregunta entonces: ¿para quien trabajan esos congresistas?
(Para contexto: Las veces que se intentó regular a Uber en Colombia)
Ese tipo de plataformas argumentan que no son una empresa de transporte sino que simplemente son una compañía que conecta una necesidad de unas personas con el servicio que pueden prestar otras. ¿Qué responde?
Que es una narrativa y una discursiva falaz. Cualquier persona medianamente inteligente entiende que es un servicio de transporte y así lo han declarado los países serios.
Hoy existen proyectos que intentan regular este tipo de plataformas. Hay uno de Mauricio Toro, de la Alianza Verde, que intenta regular las aplicaciones y las tarifas que usan los taxistas para cobrar su servicio. ¿Qué elementos apoyaría y cuáles no?
En ese caso en específico me preocupa que pareciera un proyecto a la medida exclusiva de los intereses de la plataforma porque de ninguna manera le atribuye facultades a las ciudades para administrar la prestación de un servicio de esta naturaleza para definir el número de vehículos que pueden circular y, en segundo lugar, los exime del pago del impuesto de renta, que para mí es lo más escandaloso. Basta con enviar un derecho de petición a la Dian y usted observará que Uber no paga renta porque en actual régimen tributario vigente pagan IVA, pero el IVA no lo pagan ellos, sino que lo recaudan, porque ese IVA realmente lo pagan los usuarios. Es más, es tan injusto el sistema que la mitad del IVA la paga el conductor, no la plataforma.
(Denuncian a directivos de Uber por “artimañas” para evadir sentencia de la SIC)
Toro tiene un segundo proyecto. En él habla de “equilibrar la cancha” para que sean apropiadas y justas las condiciones de sus trabajadores, y que estos no queden a la merced del sistema. ¿Qué opina de ese?
Ese me tiene decepcionado y aterrado. Primero, porque están apropiándose de la idea que concebimos con otros colegas, que es la de crear un régimen intermedio entre el contrato de prestación de servicios y el régimen laboral. Le cambia el nombre y lo llama trabajador digital. Hace exactamente el mismo desarrollo conceptual de mi proyecto, para llegar a la misma conclusión, pero modificando un elemento: en lugar de obligar a la plataforma a un pago solidario de la salud y las pensiones, recarga todo el costo de las prestaciones sociales en el empleado. Es decir, es un Robin Hood al revés, un proyecto hecho a la medida de los intereses económicos de unas plataformas multimillonarias. Esos dos proyectos de ley se los resumo así: eximen a las empresas de pagar renta y las eximen de contribuir con el régimen de seguridad social colombiano. Francamente, no sé para quién trabaja. Lo que propone ese proyecto es legalizar la zona gris en la que se encuentran las plataformas y, de ñapa, obligarlos de pronto a pagar una pequeña póliza, pero no se les olvide que el trabajo de las aseguradoras es no pagar las pólizas.
Hay dos posiciones muy marcadas en este debate: Robledo, que tiene un postura más tradicional, y Toro, que, de alguna manera, exime del pago de renta a esas plataformas ¿Cuál, según usted, es el camino?
El camino es el que tiene que tomar partido por el señor en la calle que, con su esfuerzo, en una bicicleta o su vehículo, está produciendo ingresos para la plataforma y para su familia. Esa es la primera preocupación nuestra. A nosotros nos elijen para ser la voz de ellos, no la voz de los inversionistas que hoy tienen capitalizados con 100.000 millones de dólares a Uber. Nosotros representamos al señor que está en la calle y representamos al consumidor, que ya se acostumbró y que depende en muchos casos de Uber. A mí, mi esposa no me perdonaría que yo sacara a Uber o a Rappi, a nosotros nos sirve y nos gusta. Pero aquí hay que equilibrar cargas y tomar partido por el más débil, no por el más poderoso. Hay que buscar un régimen de seguridad social intermedio, que no implique un contrato laboral, pero que tampoco implique volver al siglo XIX. También, un régimen habilitante de esas plataformas, que les otorgue facultades a las ciudades para regular el tráfico y, por último, una forma de eliminar las asimetrías que hacen más costoso el servicio de taxis.
(En video: Uber Colombia: ¿por qué la aplicación se va del país?)
No se puede dejar de lado el tema de los cupos que pagan los taxis, los precios especulativos de esa figura. ¿Cómo regularlo?
La de los taxistas es una situación muy cruel porque el Estado, en su negligencia histórica, ha permitido que exista este negocio informal, pero no ilegal, de cupos. Esto significa que los taxistas, que generalmente son personas humildes, han invertido su pequeño capital en la adquisición de un cupo que les ha permitido trabajar. Ese cupo valía hace 10 años unos $ 120 millones y hoy está en $ 50 o $ 60 millones. Hace cinco años, yo les decía a unos líderes taxistas que debían entender la realidad que enfrentaban y permitir una legislación moderada que les permitiera adaptarse. En el primero proyecto de ley que presenté en 2016, establecimos la creación de un fondo para la recompra eventual de cupos para quien quiera someterlo a compra por parte del Estado, un fondo que se alimentaría con los ingresos de las plataformas.
¿Qué debe tener un nuevo proyecto?
Debe tener tres partes: regular el servicio público de transporte a través de vehículos privados y plataformas tecnológicas. Dos, que regule, a través de un sistema innovador, como el que proponemos, las prestaciones sociales de quienes trabajan personal y directamente a través de las plataformas, como los rappitenderos. En tercer lugar, intentar resolver los problemas que enfrentan los taxistas para evitar y terminar con el conflicto que hay entre ellos y plataformas.
¿Está en sus planes presentar algún proyecto en esta coyuntura?
Sí. El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez me llamó en diciembre a proponerme que uniéramos esfuerzos. Que, sobre la base del proyecto que yo presenté sobre salud y pensiones para quienes trabajan con plataformas, pudiéramos ampliar el objeto de esa iniciativa, resolver las asimetrías de los taxistas y que taxistas y plataformas puedan vivir armónicamente. Lo vamos a presentar en marzo.
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